Los diputados nacionales de Unión por la Patria Leopoldo Moreau y Blanca Osuna denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el operativo que montó el 18 de junio pasado para intentar hacer fracasar la masiva movilización en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera detenida e inhabilitada a ejercer cargos públicos de por vida en el marco de la causa Vialidad, un armado judicial emblemático del lawfare. Hubo dos presentaciones. Una en los tribunales federales de Comodoro Py y otra similar ante la Comisión Bicameral de Inteligencia.
“La modalidad, amplitud territorial, planificación, sistematicidad y motivación ideológica de los operativos aquí denunciados permiten afirmar que no nos encontramos frente a hechos aislados o anecdóticos, sino ante un esquema organizado de persecución política y vigilancia estatal sobre ciudadanos en razón de su pertenencia o simpatía política, con el consiguiente riesgo institucional que tales prácticas implican para el sistema republicano y democrático de gobierno”, se afirmó en la presentación que quedó radicada en el juzgado federal Nº 8 a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi. La referencia es a las requisas que realizaron diversas fuerzas federales en distintos puntos del país para intentar amedrentar a la militancia que se volcó a las calles para apoyar a CFK, presidenta del principal partido opositor a Javier Milei, detenida el día previo por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2.
La acusación apunta no solo a Bullrich sino también a los jefes de las fuerzas federales de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y del Departamento Federal de Investigaciones así como contra “todos aquellos responsables en la cadena de mando que hayan participado de los hechos motivo de la presente denuncia, en orden a los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, agravados por haberse realizado en el marco de persecución política y partidaria”.
En el escrito, al que accedió El Destape, se habla de “un patrón sistemático de utilización desviada del aparato de seguridad estatal, destinado a desincentivar la participación política legítima, a intimidar a los opositores y a construir registros ideológicos clandestinos, prácticas absolutamente incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, y con los valores republicanos que rigen nuestra vida institucional”.
Moreau y Blanca Osuna resaltaron que el 18 de junio “diversas fuerzas de seguridad han recopilado, sin autorización judicial, motivo razonable o presunción plausible de delito alguno, datos personales e información identificatoria (incluyendo documentación, fotografías y listas de pasajeros) extremadamente sensible de distintas personas, que se dirigían a participar de la manifestación pública que se llevó a cabo en Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Esto implica que incumplieron “severamente con las garantías constitucionales y convencionales previstas para la libre manifestación pacífica y asociación política” y generaron “graves incumplimientos a la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional” y a la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, atento a la finalidad ilícita de la obtención de dichos datos y su tratamiento por agencias de inteligencia”.
En la denuncia se hace referencia a los controles vehiculares en diversos puntos del país que hicieron las fuerzas federales al mando de Bullrich, que incluyeron intercepciones en la autopista Ricchieri, la Ruta 9 y la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, entre otros sitios. En esos contrales, tal como quedó registrado por diversos medios de comunicación y grabaciones que se subieron a redes sociales “se obligó a descender a pasajeros de micros, se tomaron fotografías de documentación sensible, se requirió documentación sin orden judicial y se registraron datos personales bajo condiciones de hostigamiento y sin garantía procesal alguna”, señalaron Moreau y Blanca Osuna.
En la presentación se recopilaron testimonios de personas que fueron víctimas de estos operativos. Por ejemplo, se cita el relato de Gabriela Blanco, quien narró: “En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, al menos cinco micros fueron desviados de la ruta, sin explicación. Por cada lugar que pasamos nos sacan fotos y nos filman. Es una persecución. Es más, cuando salimos de San Luis (capital) subieron gendarmes a pedirnos documentos".
También se agregó la declaración de Luis Moyano, otro de los manifestantes que fue detenido y requisado, quien en diálogo con la radio AM 750 aseguró: "Todos los micros que han salido de Córdoba rigurosamente han sido interceptados y requisados con distintos niveles de maltrato". "Ingresaron a todos los colectivos, en algunos casos revisaban mochilas, pedían identificaciones, tomaban fotos del colectivo, de los militantes, no imaginamos para qué. Y después, en algunos casos, el maltrato era más humillante, les revisaban los bolsillos, les hacían sacar las zapatillas. Esto remite a la película de Costa-Gavras ‘Estado de Sitio’, lo único que los uniformes son de esta época, no de la película", añadió.
De acuerdo a los denunciantes el “común denominador” de los procedimientos “es la inexistencia de actas policiales”. “Es decir que luego de operativos realizados a lo largo y ancho del país -en los cuales se detuvieron centenares de transportes y personas- la ciudadanía que padeció esas prácticas no ha sido informada de la finalidad de esas pesquisas, el contenido de las actas en las cuales obran sus datos sensibles y las órdenes judiciales que las fundamentaban”, se precisó en la denuncia.
Por esta razón, Moreau y Osuna denunciaron que existió una “desviación del poder estatal hacia fines represivos de carácter político, absolutamente incompatibles con el régimen republicano de gobierno consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de máxima jerarquía”.
Las nuevas “atribuciones” de la Federal, en la mira
Moreau y Blanca Osuna también apuntaron contra Bullrich porque en la noche de la misma jornada, en A24 “hizo diversas manifestaciones respecto a las nuevas atribuciones de todas las fuerzas en general (a raíz del inconstitucional e inconvencional Decreto 383/2025), así como promocionando a la nueva Policía Federal (DFI), perteneciente al Departamento Federal de Inteligencia, sin dejar claro cuáles son las nuevas funciones según el citado Decreto”. Según los denunciantes el 18 de junio las fuerzas federales realizaron “tareas de inteligencia partidaria y hostigamiento policial”.
En esa línea, destacaron que “la conducta denunciada -sistemática recolección de datos de personas en razón de su adscripción o simpatía política, bajo el pretexto de controles preventivos- no constituye una actividad legítima de seguridad interior, sino una práctica de vigilancia ideológica a todas luces ilegal, propia de regímenes autoritarios, en abierta colisión con el modelo de control democrático de los servicios de inteligencia delineado por el derecho argentino y el sistema interamericano de derechos humanos”.
Los denunciantes advierten a su vez sobre la “creación encubierta de bases de datos” que estarían “al margen de todo control judicial y bajo motivaciones partidarias” lo que “es jurídicamente inadmisible y materializa un nuevo nivel de gravedad institucional”.
Por eso señalan que hubo “selectividad política de los controles efectuados”, que se orientaron “a neutralizar la participación ciudadana en una manifestación pública de naturaleza opositora al actual gobierno nacional” lo que “confiere a las conductas denunciadas un innegable carácter discriminatorio”.
Por considerar que hubo prácticas de inteligencia ilegal, los denunciantes replicaron a denuncia este lunes ante la Comisión Bicameral de Inteligencia que preside el senador por la UCR Martín Lousteau.
Medidas de prueba
En pos de esclarecer lo sucedido, los diputados lo solicitaron a la Justicia en su denuncia penal que requiera diversas medidas. Entre ellas se destacan:
- Todos los artículos periodísticos y registros audiovisuales y de medios de comunicación que dieron cuenta del operativo desmedido de las fuerzas federales.
- Que libre oficio a la cartera que conduce Bullrich para que remita “las resoluciones ministeriales, memorandos, órdenes administrativas, comunicaciones oficiales, protocolos o cualquier otro acto administrativo que haya dispuesto, habilitado o instruido la realización de los operativos de control vehicular y personal” realizadas el 18 de junio.
- Que las autoridades máximas de Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria “identifiquen las autoridades administrativas y operativas que dispusieron, coordinaron y ejecutaron los procedimientos”.
- Ante la sospecha de que exista una base de datos “ilegal” se solicitó que las autoridades de las fuerzas federales “informen sobre la existencia de registros, bases de datos, planillas o cualquier archivo físico o digital generado durante los operativos, incluyendo los listados de pasajeros, fotografías de documentación, registros de vehículos y demás datos personales obtenidos”. En esa línea, se pidió que se indique “el destino actual de la información recolectada, su soporte técnico, lugar de guarda, nivel de acceso y responsables de su administración o tratamiento ulterior”. "En función de la gravedad institucional de los hechos denunciados y a efectos de preservar la integridad de la prueba digital producida, se requiere desde ya se disponga la inmediata custodia judicial de toda base de datos” y “registros” en que “pudiera encontrarse alojada la información personal ilícitamente obtenida en el marco de los procedimientos denunciados”, se agregó.
El pedido se replicó ante la bicameral de Inteligencia. Tras las presentaciones, el interrogante que se abre es cómo reaccionarán la Justicia y el Congreso. ¿Serán cómplices del gobierno de Milei y intervendrán para intentar poner un freno a tanto atropello?
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