Condenaron a Sabag Montiel a 4 años y 3 meses de prisión por tenencia y distribución de pornografía infantil

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) logró este martes una condena de 4 años y 3 meses de prisión de efectivo cumplimiento para el imputado Fernando Sabag Montiel -el mismo que intentó matar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner-, por los delitos de distribución y tenencia con fines inequívocos de distribución de material de explotación sexual de menores de 13 años de edad.

El fiscal general Juan Bautista Mahiques sostuvo que "en la Ciudad de Buenos Aires, no hay margen para la impunidad en delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes”. Y agregó: “Este fallo demuestra que el sistema de justicia de la Ciudad está preparado para investigar delitos complejos con herramientas modernas y personal altamente capacitado. Estos son los resultados del trabajo riguroso y comprometido de la fiscal Daniela Dupuy y su equipo en la UFEDyCI, que logró reunir pruebas contundentes en un caso de enorme gravedad”.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la investigación de la UFEDyCI, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, pudo establecer que el imputado, al momento de ser detenido en septiembre del 2022, tuvo en su poder su poder una tarjeta de memoria con 17 archivos de imagen y 102 archivos de video con contenido de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Además, la Fiscalía pudo probar que el imputado envió videos con contenido explícito de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes a través de la red social Instagram en tres oportunidades.

Luego de reconocer los hechos, la jueza Julia Correa, titular del Juzgado PCyF 28, dictó la condena, que contempla los hechos investigados por la UFEDyCI, y una condena previa de 1 año de prisión en suspenso que registraba Sabag, por el delito de tenencia ilegítima de documento nacional de identidad ajeno.

Sabag Montiel es el hombre que fue detenido y está siendo juzgado por el atentado contra Cristina Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022 en la puerta del domicilio de la expresidenta en Recoleta. El Tribunal prorrogó su prisión preventiva hasta el 1 de septiembre de 2025, mientras continúa el proceso judicial.

La decisión fue tomada por los jueces del Tribunal Oral Federal 6, Sabrina Namer y Adrián Grunberg, quienes resolvieron "no hacer lugar" al pedido de cese de prisión preventiva solicitado por la defensa del acusado de gatillar contra la entonces vicepresidenta. Desde la cárcel, su expareja Brenda Uliarte envió una carta donde sostuvo que Montiel tenía relación con la organización Revolución Federal y sugirió que también con Gerardo Milman, exdiputado que era la mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Caso Revolución Federal: un peritaje oficial complica a los hermanos Caputo por los pagos millonarios a Jonathan Morel

Un peritaje oficial complica a los hermanos Caputo en la causa en que se investiga las acciones violentas de la organización Revolución Federal. Según el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, que analizó 16 operaciones comerciales, Jonathan Morel le facturó a la firma Caputo Hermanos - acusada de financiar a la agrupación- bienes de carpintería por sumas millonarias que superan entre un 20% y un 10% el valor de mercado y sin tener en cuenta el costo de flete de esos productos desde el Gran Buenos Aires hacia Neuquén.

“Se les complica justificar los pagos a los integrantes de Revolución Federal”, explicó el abogado querellante Rodolfo Yanzón, quien representa al dirigente Juan Grabois, uno de los atacados por la agrupación. “Esperemos termine en una imputación concreta contra los hermanos Caputo”, añadió en diálogo con El Destape, en referencia a Hugo, Flavio y Rossana Caputo, hermanos de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía de Javier Milei, y tíos de Santiago Caputo, mano derecha del presidente. En esta causa, Morel y los integrantes de Revolución Federal Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra fueron procesados por "incitación a la violencia colectiva".

Morel es cofundador de Revolución Federal y dueño de una ignota carpintería en el partido bonaerense de San Isidro a la que supuestamente acudió Rossana Caputo, integrante de Caputo Hermanos, para comprarle muebles por cifras millonarias que habría utilizado para amoblar un proyecto inmobiliario en Neuquén. Los pagos de la empresa constructora, cuyos dueños son los hermanos de Toto Caputo, coincidieron con fechas cercanas a la fundación de la organización y a las acciones violentas que llevaban adelante sus integrantes contra diferentes dirigentes políticos. Por eso, las querellas sostienen que la carpintería fue una coartada para financiar al violento grupo, es decir, que la compra de muebles se usó como "pantalla" para financiar a Revolución Federal. De allí que el resultado de este peritaje podría comprometer a los hermanos Caputo en este expediente que investigan el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita.

“Para nosotros desde el principio quedaba claro que había un ocultamiento de la maniobra por distintos elementos, principalmente porque Morel no tenía una estructura de tal magnitud que permitiera pensar que podía estar detrás de lo que le habían pedido los hermanos Caputo”, explicó Yanzón a este medio. La suma facturada por Morel y allegados suyos a la firma Caputo Hermanos supera los 17 millones de pesos. “La circunstancia de que el espacio para el que se compraban los muebles se encuentre a más de 1000 kilómetros de distancia también dificulta la operación. También es altamente sospechoso el precio que habían dado como valor de cada uno de los bienes muebles que habría confeccionado Morel”, añadió el letrado.