A un día de lo que será una histórica movilización a Comodoro Py en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Javier Milei estableció polémicos cambios en las funciones de la Policía Federal Argentina (PFA). A partir de este martes, los efectivos podrán realizar sin autorización judicial tareas de espionaje en redes sociales, requisas a personas y vehículos durante manifestaciones y detener a quien "hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo". Desde el CELS y Correpi alertaron por las "amplísimas facultades" para detener de modo "discrecional" y que se habilita la "persecución política".
A través del Decreto 383/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo derogó una resolución de 1958 que enmarcaba el estatuto de la PFA y dictaminó uno nuevo, con el objetivo de llevar adelante un "proceso de reforma y modernización" de la fuerza. La medida busca "actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión", "priorizar y reasignar recursos conforme a las nuevas necesidades" y "modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación", entre otros puntos. Sin embargo, también da mayor libertad de acción a los efectivos.
A partir de este decreto, la fuerza podrá detener personas "sin orden de juez competente" en los casos en los que "existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad". Según se detalló, estas detenciones no podrán "exceder" las 10 horas y los demorados "no podrán ser alojados junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones".
Requisas en manifestaciones y espionaje en redes
Por otro lado, la PFA tampoco necesitará autorización judicial para "realizar requisas personales" en las que inspeccionará "los efectivos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves o embarcaciones" en cuatro casos específicos. Uno de estos es para quienes acudan a un lugar público donde esté vigente un "operativo de prevención".
"a) Que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito; b) que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se
intentan incautar; c) que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención; d) y en los demás casos que prevea la legislación vigente", remarca el texto.
Además, esta fuerza federal podrá realizar, sin aval judicial, distintas "tareas de prevención del delito" en espacios públicos digitales como "redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas". "Estas tareas de prevención del delito deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas", se detalló.
Otro de los puntos del nuevo estatuto es que la PFA podrá llevar adelante "acciones necesarias para la prevención del delito y de mantenimiento del orden público, en materias de su competencia, tareas que podrán ser ampliadas a requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional".
En tanto, con el objetivo de "que sea más eficiente, reducida y pueda responder mejor a su principal misión", la fuerza ya no tendrá competencia sobre la seguridad local en la ciudad de Buenos Aires y se buscará reorientar su misión "hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos". "Derogar las funciones y atribuciones relacionadas con la seguridad local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", resalta el texto.
El cuestionamiento de CELS y Correpi
En diálogo con El Destape, la coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou, criticó la medida por tratarse de nuevas "facultades extraordinarias" para detener sin orden judicial con "amplios grados de discrecionalidad policial". "Históricamente esto fue utilizado para perseguir según sesgos racistas, discriminatorios y que pueden ser utilizados con otros sentidos como persecución política", remarcó.
Otro de los puntos "problemáticos" es la posibilidad de hacer requisas sin ordenes judiciales en "operativos de prevención", un concepto que calificó como "vago y amplio". "Puede ser una detención que se justifica en un contexto vinculado a una protesta social, en un operativo de seguridad, y requisan a personas que se dirigen a una protesta", apuntó.
Darraidou también se quejó de que se haya realizado una reforma de "funciones y normas" de la PFA a través de un decreto y que no haya sido discutido en el Congreso. "En ciudad y provincia de Buenos Aires o en Chaco, las policías de esas jurisdicciones se regulan a través de leyes que fueron discutidas. Sería deseable que tengamos una ley orgánica que sea discutida con consensos políticos", agregó.
Por otro lado, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) afirmaron a este medio que se trata de una resolución que otorga "facultades amplísimas" para llevar adelante "detenciones, allanamientos, requisas personales y de vehículos discrecionales y realizar tareas de espionaje". "Venimos señalando con enorme preocupación que las muchas reformas y reestructuraciones normativas que el gobierno de La Libertad Avanza viene implementando en todos los ámbitos, permiten definir la etapa como un verdadero cambio de régimen con la destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino. Este nuevo estatuto orgánico de la PFA avanza brutalmente en el mismo sentido", resaltaron.
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