Una negociación por debajo del radar con funcionarios "dialoguistas" del Gobierno mantiene a la expectativa a la CGT por una posible flexibilización del proyecto de reforma laboral. Entre los participantes destacaron haber llegado a un principio de acuerdo para eliminar varios artículos y morigerar otros, sobre todo los relacionados con aspectos de derecho colectivo como la prioridad de los convenios nacionales por sobre los de empresa. También, confiaron en la “mesa chica” de la central, la posible exclusión de la reducción en un punto (de 6 a 5%) de las contribuciones patronales con destino a las obras sociales sindicales.
El Destape pudo confirmar de ambas partes que la conversación se desarrolló durante varios días y se intensificó la semana pasada con participación central del asesor Santiago Caputo, la senadora oficialista Patricia Bullrich y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, como portavoces de Karina Milei. Por la CGT tomaron la posta históricos como Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) junto al triunviro Cristian Jerónimo (empleados de la industria del vidrio, Seivara), entre otros. De esos principios de acuerdo surgió la movilización al Congreso sin paro nacional de este miércoles resuelta por el Consejo Directivo de la organización.
El punto que más festejaron puertas adentro los dirigentes entre las aparentes concesiones del “ala dialoguista” es el que impactaba de manera directa en las cuentas de las obras sociales. La reducción del 6% al 5% en ese aporte representa unos 800 millones de dólares al año destinado a golpear de manera más directa a las prestadoras con mayor número de afiliados como las de Comercio, Uocra, UPCN, Camioneros y peones rurales.
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Se trata de un ítem vital para los gremios: esas prestadoras de salud, que atienden a 17 millones de argentinos, ya venían severamente debilitadas por la caída del empleo registrado y su reemplazo por cuentapropistas; la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por la inflación recrudecida, y el parate en la actividad económica con impacto sobre el consumo. También, por el aumento de los precios en dólares de los medicamentos y la suba incesante del peso de las prestaciones por discapacidad en el total de los gastos del sistema.
La discusión también fue provechosa frente a los reclamos de los gremialistas contra los artículos más lesivos para derechos colectivos como el de la representación y la huelga. El proyecto oficial invierte el orden de prelación de los convenios al darles prioridad a los de menor nivel por sobre los mayores. Es decir que si en la actualidad el convenio de mayor importancia y base del resto es el de orden nacional, la iniciativa libertaria prevé que lo sean los de empresa, provincia o región, según la inspiración del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La eventual eliminación de ese artículo podrá considerarse un triunfo para la CGT, pero también para varias cámaras patronales que intervinieron en la discusión de la reforma laboral para frenarlo. Como adelantó en exclusiva El Destape, entidades de empleadores como las cámaras mercantiles CAC y CAME y la metalúrgica Adimra enviaron notas dirigidas a legisladores y gobernadores para evitar este punto por entender que desnaturaliza el orden histórico de las negociaciones entre empresas y gremios, con posible incidencia en el nivel de conflictividad e inseguridad jurídica.
Otro punto que discutieron sindicalistas y funcionarios fue la eventual flexibilización del listado de actividades esenciales y por lo tanto sujetas a restricciones máximas en el ejercicio del derecho de huelga (forzadas a brindar 75% de cada servicio). El secretario de Trabajo, Julio Cordero, medió en esta conversación con la premisa de transferir algunas actividades consideradas esenciales, según el proyecto, al listado de las de “importancia trascendental”, obligadas a prestar 50% de un servicio y a retirar otras del texto final.
De la negociación entre CGT y Gobierno no surgieron mayores planteos en tópicos del derecho individual como la implementación de bancos de horas (destinados a estirar hasta 12 horas una jornada de trabajo), el fraccionamiento de las vacaciones y el tope a las indemnizaciones.
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