La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un amparo contra la Reforma Laboral que fue promulgada en el Boletín Oficial este viernes. La presentación fue realizada ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
La CGT ya había adelantado su intención de judicializar la reforma laboral incluso antes de su sanción final en el Senado. Y había explicado que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en que se ven afectados “el artículo 14 bis” de la Constitución Nacional, así como principios de la OIT y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.
“La mal llamada de ley de 'modernización' significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, expresó el último lunes la central sindical en un comunicado difundido tras la presentación en Tribunales de su pedido de inconstitucionalidad.
Cuáles son los argumentos de la CGT para judicializar la reforma laboral
Para la CGT la nueva ley vulnera “el principio de Progresividad (o No Regresión): que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos”.
Asimismo, viola el “Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, y que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador”.
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Además, sostiene el escrito “se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”.
Asimismo, cuestiona que la nueva normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”. Además elimina “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y trasgredieron la ley”, y dispone “que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social”.
Para la CGT todo esto se suma a que producto de las políticas actuales “en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”. Asimismo, destacan que esto redundo en un “aumento de la desocupación. Cierre incesante de empresas, industrias PyMes y comercios. Pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Caída de la inversión bruta interna. Caída de la actividad, caída del consumo, caída del turismo, y caída de la recaudación”.
