No hay ajuste que se sostenga sin control del conflicto social. Motosierra y palo. Las rústicas herramientas del gobierno se aplican en simultáneo cada vez con mayor ferocidad. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), unas 1.231 personas resultaron heridas en manifestaciones en solo cinco meses del 2025. La aceleración es notoria: la estadística de 2025 ya supera a las 1216 personas registradas como heridas en todo 2024.
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La escalada de violencia es mensurable en números. "Relevamos durante todo el año pasado 60 manifestaciones en 12 meses. Ahora, en lo que va de este año, relevamos 25 manifestaciones en las que ya hay más heridos que en todo el año anterior, y apenas estamos en mayo", apuntó Roberto Cipriano, secretario de la CPM. "Hay claramente una decisión política de reprimir", concluyó.
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El laboratorio tucumano
En el actual contexto de tensión social, la suelta de policías para satisfacer la demanda de seguridad funciona como gatillo de la violencia institucional. En Tucumán, la política represiva tocó cumbre con los llamados operativos "trencito".
Así denominaron los vecinos al ingreso en manada de tropas de policías que irrumpen en los barrios y producen detenciones masivas. Sin orden judicial ni denuncia levantan a cualquiera que esté en la calle. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la brutalidad del procedimiento. La semana pasada, la localidad de San José se viralizó por la imagen de un policía golpeando a una mujer mientras la detenía. El saldo de ese operativo fue de 131 detenciones y 126 motos retenidas.
Los testimonios son escalofriantes. Durante la jornada de 21 de noviembre, vecinos registraron cómo la policía detenía de manera ilegal e ingresaba a la fuerza a domicilios particulares sin orden judicial que los autorizara. Mujeres embarazadas, niños y niñas golpeadas, incluso se denunciaron robos por parte de los oficiales.
El Consejo Federal de Mecanismos Locales emitió una declaración donde manifiesta su profunda preocupación ante la obstrucción a la labor de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura Local de Tucumán. El documento oficial denuncia el recrudecimiento de prácticas de violencia institucional por parte de la Policía de la Provincia a través de operativos o razzias focalizados particularmente en barrios populares.
Los trencitos gozan de estímulo oficial y, por lo tanto, de impunidad judicial. El 25 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó por inadmisible la acción de Hábeas Corpus Colectivo Preventivo que presentó el colectivo ANDHES para proteger a los vecinos de barrios populares. La Corte argumentó que según lo informado por la Policía de Tucumán, los llamados "Operativos Conjunto de Despliegue Territorial" se encuentran dentro de sus facultades, conforme la Ley Orgánica provincial.
Política de Estado
Tucumán no es un caso aislado. Como en la precuela genocida del programa que repite Milei, la provincia del norte se ofrece como laboratorio donde se experimenta lo que, con distinto volumen, se replica a nivel nacional. "La violencia se ha vuelto una política de estado", advirtió Rodrigo Pomares, coordinador del área de Monitoreo de Violencia Policial de la Comisión Provincial por la Memoria.
Los miércoles en el Congreso constituyen el símbolo de esa política represiva. La postal se repite cada semana cuando los jubilados se reúnen frente al Parlamento para reclamar por sus magros ingresos. Ese pareciera ser el escenario favorito de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para el reparto de palos y gases. El despliegue suele ser desproporcionado y participan todas las fuerzas de seguridad federal -Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, PSA y Policía Federal-, apoyados con camiones hidrantes, armas de gas y pertrechos disuasivos.
Según un informe elaborado por la Posta de Salud y Cuidado y el CEPRODH, que suele brindar asistencia en el lugar, los operativos son coordinados desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y cuentan con la participación de un millar de efectivos frente a manifestaciones que rara vez juntan la mitad. El último miércoles, desde la Posta informaron haber atendido a alrededor de 80 personas afectadas por los gases, que sufrieron quemaduras en la piel.
La novedad del evento -que la política y la sociedad argentina parece haber naturalizado- es la creciente agresividad sobre periodistas y fotógrafos. El caso de Pablo Grillo -el reportero gráfico herido por un disparo de gendarmería en su cabeza, que sigue internado luego de varios meses y cirugías- marcó el inicio de una escalada. Los trabajadores de prensa Pablo Corso, Diego Pérez Mendoza y Lula González fueron agredidos con gas pimienta y golpeados directamente por las fuerzas de seguridad mientras cubrían una protesta de jubilados el miércoles 21 de mayo. Además, los fotorreporteros Javier Iglesias y Tomás Cuesta fueron detenidos con particular hostilidad.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) enmarcó los ataques en una avanzada general contra los derechos laborales: "Después del decreto antihuelga, en la marcha de jubilados y jubiladas, la fuerzas represivas atacaron de nuevo directo a la prensa. La represión sobre la prensa es deliberada y dirigida: no quieren que estemos".
Plan oficial
Esta escalada represiva tiene su marco legal en el protocolo antipiquete implementado por Patricia Bullrich desde el inicio de la gestión Milei. El protocolo establece que las cuatro fuerzas federales - Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) - estarán habilitadas por la nueva disposición para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas.
"La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple", expresó la funcionaria antes de detallar las medidas. Pero su protocolo no es ley. Ese detalle es el que pone en la mira de la justicia a los efectivos que violen las normas que regulan el debido uso de la fuerza pública. Como ocurrió con la gestión de la ministra en tiempos de Mauricio Macri, es probable que los uniformados qué incurran en crímenes por indicación de Bullrich paguen el precio en causas judiciales mientras la funcionaria, como es tradición, se acomode al sentido del viento. Beneficios de operar con total impunidad.
La fragilidad legal del protocolo fue incluso advertida por la ONU, que lo consideró “ilegal”. Desde el organismo sostuvieron que las disposiciones no revisten la compatibilidad con los estándares internacionales, parámetros consagrados en la constitución nacional.
Violencia de rutina
La política represiva no se limita a las manifestaciones. En los barrios más pobres, la violencia policial se ha convertido en rutina. El pasado jueves 22 de mayo, un niño de 10 años fue víctima de uno de los disparos con balas de goma ejecutados por un agente de la Policía Bonaerense en el Barrio IAPI del partido de Quilmes. Seis postas impactaron en su rostro a escasa distancia y le provocaron heridas, una de ellas a milímetros de su ojo derecho.
El hecho ocurrió en el marco de uno de los muchos “operativos de saturación” que, se supone, son dispuestos para la prevención del delito. No fue el caso. Según los testimonios, vecinos del barrio IAPI se encontraban conversando en la vereda de una vivienda donde funciona un comedor de la organización social "Polo Obrero", cuando una camioneta de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Especiales) se detuvo y descendieron varios policías armados hasta los dientes.
En Entre Ríos colectivos de abogados defensores denunciaron “abusos sistemáticos” de la policía provincial. La brutalidad alcanzó un punto crítico cuando una mujer de 50 años murió durante un allanamiento en el barrio San Juan, en Concordia. La familia afirma que el procedimiento se realizó por error en su domicilio. "Ella tenía un problema cardíaco, estaba en reposo y se asustó al ver entrar a la policía. Se descompensó y sufrió un infarto. Su familia quiso llevarla al hospital pero los efectivos no lo permitieron", relató Pablo Palacios, abogado de la familia.
Los relatos recogidos por los organismos de Derechos Humanos cuentan que los métodos son cada vez más violentos: "Entraron a la casa de una familia porque pensaban que escondían a un preso. No estaba ahí. Aun así, los cagaron a palos, rompieron todo, arrastraron a la gente. Una locura", denunció una abogada en el documento. En otro caso, durante un allanamiento en busca de un arma inexistente, "no solo no encontraron nada, sino que destruyeron el quincho, tiraron el freezer a la pileta, revolvieron la ropa con basura".
Los casos se extienden desde el norte a la Patagonia. En Chubut, dos jueces respaldaron la decisión de declarar nula la detención del vecino de Rawson Alberto Canteriño y le sugirieron al Ministerio Público Fiscal que investigue "excesos" en el operativo policial del barrio La Isla, que terminó con el hombre preso sin haber cometido delito. El 15 de marzo, la Policía entró a la casa de Canteriño a buscar un arma. No se resistió ni desobedeció pero igual fue detenido.
El juez Marcos Nápoli fue contundente: "Fiscalía tiene la obligación de investigar el posible exceso que haya cometido el personal policial", subrayó, quien deslizó la necesidad de una pesquisa "sobre un delito de apremios ilegales si es que hubo un uso excesivo de la fuerza o más allá de la necesaria".
Las estadísticas oficiales confirman lo que los testimonios relatan. Durante 2024, la Comisión Provincial por la memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT), registró 1.539 hechos de violencia policial a través de la recepción de denuncias e inspecciones en dependencias policiales realizadas por los diferentes programas. Además, se contabilizaron 122 casos de uso letal de la fuerza policial y 21 muertes producidas en comisarías bonaerenses. Es decir, 143 personas murieron por la intervención policial directa o bajo custodia.
El poder judicial convalida estas políticas y habitualmente no persigue ni sanciona a las fuerzas de seguridad o de custodia que cometen delitos graves, incluso mayores de los que cometen a quienes atrapa. "El año pasado presentamos 22 denuncias; este año llevamos 15. El problema es que se cometen muchos delitos y no hay poder judicial que enfrente esta situación", denunció Cipriano, de la CPM.
En Tucumán, esta complicidad alcanzó ribetes de escándalo. En abril se difundió el caso de cuatro policías acusados por el abuso de un detenido. El ataque, según la denuncia, ocurrió en la sede de la Brigada de Las Talitas. La víctima afirmó haber sido golpeado por cuatro efectivos que estaban de guardia. Uno de ellos abusó de él utilizando el palo de una escoba.
Represión sin motosierra
Los números del presupuesto 2025 revela las prioridades del gobierno libertario. Mientras recorta brutalmente en salud, educación y ciencia, multiplica los recursos para seguridad e inteligencia: Defensa recibe más del doble de inversión que Ciencia y Tecnología (11% vs 5%).
La transferencia de recursos es obscena. La SIDE recibió $33.000 millones adicionales, equivalente a todo el presupuesto anual del Hospital Garrahan, que se desangra por la motosierra. Las asignaciones adicionales para la represión son sistemáticas. Según las planillas anexas a dicho DNU, el Ministerio de Seguridad recibió varias ampliaciones presupuestarias. Entre ellas, 8860 millones de pesos extras para los programas vinculados a "actividades centrales". De ese total, 3800 millones están bajo la categoría N.E.P, es decir, no especificados precedentemente. Plata con destino opaco.
Los operativos represivos no son baratos. Cada operación cuesta más de $70 millones. El caso del 12 de marzo es emblemático: el día de la represión que casi le costó la vida a Grillo -que sobrevive gracias a la calidad profesional y humana de una salud pública bajo ajuste-, el Ministerio de Seguridad gastó 78.720.989 pesos solo en combustible y equipos de apoyo.
"Desde diciembre de 2023, el estado ha pasado de contener las manifestaciones a directamente intentar impedirlas. Ya no se trata de ordenar la protesta, sino de reprimirla de forma sistemática y con una violencia creciente", advirtió Rodrigo Pomares, coordinador del área de Monitoreo de Violencia Policial de la Comisión Provincial por la Memoria
Esta política se complementa con el uso de inteligencia ilegal: "Nadie explica qué se hace con esas imágenes. Tenemos la sospecha de que se procesan dentro del ministerio de Seguridad como base de datos para controlar a quienes participamos de estas manifestaciones, incluso fuera de cualquier causa judicial", concluyó Pomares.
Asociada al orden y la seguridad, la escalada represiva cuenta con buena prensa de los medios del sistema, que dedicó años a estigmatizar el respeto por los derechos humanos y civiles consagrados por ley. "Los derechos humanos no son un curro, son esenciales” reflexionó el sociólogo Julián Krieger, director de Enlace Institucional del CPAI de la Provincia de Buenos Aires: “Si un pibe cae en cana y hay abuso policial, ahí intervienen los derechos humanos; si a una mujer de los pueblos originarios le practican un aborto sin su permiso en una institución pública, están violando sus derechos humanos".
Años de retórica de odio obliga a explicar lo obvio: el respeto a los derechos humanos, incluso de personas que cometen delitos, es lo que distingue la vida en democracia y al Estado de Derecho de una dictadura.
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