Pese a la sintonía del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con el presidente Javier Milei, los recursos para infraestructura no aparecen y la decisión de la administración libertaria de cerrar Vialidad profundiza la situación crítica en seguridad vial. Con la misma firma que confirmó el desmantelamiento de un organismo histórico, el Gobierno nacional dio de baja el convenio para reparar la ruta 178, que preveía la repavimentación del tramo entre Las Rosas y la intersección con la ruta 33.
La decisión del Presidente quedó reflejada en el Boletín Oficial, a partir de una serie de resoluciones que finalizan los contratos de conservación rutinaria y bacheo, tanto en la ruta nacional 178, muy deteriorada a la altura de Las Rosas, y la ruta 33, que une a la localidad de Sancti Spíritu con Rosario. Las dos obras ya habían sido adjudicadas a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Edeca S.A. y Rava S.A.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la decisión deja a los santafesinos “sin la obra vial más urgente de la región” y adelantaron que pedirán continuar con las obras. La medida de cerrar el organismo responsable de licitar y controlar los trabajos sobre más de 2.700 kilómetros de rutas que atraviesan territorio santafesino es un duro golpe y deja en vilo a más de 214 empleados que realizan tareas de mantenimiento.
Las obras anuladas formaban parte de los escasos convenios que habían sobrevivido a los recortes aplicados desde 2024. La unión transitoria EdecaRava había sido adjudicada para intervenir 71 kilómetros de la 178 y 121 kilómetros de la 33, pero la Casa Rosada apeló a una cláusula de “conveniencia” para anular los pliegos alegando demoras administrativas causadas por el propio Estado.
Desde el Gabinete de Pullaro reaccionaron a ello, lo repudiaron y lo calificaron como un “abandono absoluto” por parte de Nación. “Estamos ante una decisión insensata que desconoce fallos judiciales firmes y deja a la deriva a los vecinos que usan diariamente esas rutas”, afirmó el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico. “Si la Nación no quiere invertir un peso, que nos transfiera la traza: los santafesinos sabemos cómo y con qué recursos repararla”, apuntó.
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Desde la gestión de Milei justificaron la cancelación alegando que los plazos habían vencido, y apelaron a una cláusula de los pliegos para anular los contratos sin enfrentar consecuencias legales, algo que desde la Provincia consideraron un argumento “injustificable”.
El tramo afectado de la Ruta 33 es uno de los más transitados por vecinos y transportistas del departamento General López, y fue escenario de numerosos siniestro viales fatales. Con la anulación del contrato, se perdió la última posibilidad de avanzar en su mejora. En tanto, desde la cartera provincial recordaron que sobre la 178 se registraron 14 víctimas fatales y decenas de siniestros graves en lo que va de 2025. El deterioro del pavimento, la falta de señalización y la ausencia de banquinas seguras agravan el riesgo cada día.
Un diputado de Santa Fe presentó un proyecto para garantizar la continuidad de las obras
Desde diciembre de 2023, la gestión de La Libertad Avanza (LLA) paralizó toda la obra pública nacional en territorio santafesino. Además de las rutas 178 y 33, siguen sin mantenimiento la A012, la 7, 8, 9, 11, 34, A007 y A008, arterias por las que circula el 80 % de la producción exportable del país. Legisladores santafesinos habían obtenido amparos para reactivar los contratos ahora caídos. Con la eliminación de Vialidad Nacional, esos fallos pierden fuerza ejecutoria y las empresas adjudicatarias quedan sin resarcimiento.
En la Casa Gris reiteran la posibilidad de impulsar un proyecto de cesión de rutas nacionales a las provincias que así lo requieran. Mientras que el diputado nacional Eduardo Toniolli presentó una iniciativa en el Congreso para declarar la emergencia vial sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia. La normativa, acompañada por los legisladores de Unión por la Patria, comprende a los tramos de las rutas nacionales 2, 7, 8, 9, 11, 19, 33, 34, 95, 98, 168, 173, 175, 177, 178, A007, A008 y A012 que atraviesan el territorio santafesino, y ordena adoptar “las medidas necesarias para garantizar la continuidad de todas las obras públicas” sobre la red vial nacional santafesina, que se encontraban en estado de ejecución durante el año 2023.
Para el legislador del peronismo, una de la situación más grave se da justamente sobre las rutas nacionales 11, 33 y 34, que según el Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) aumentaron su siniestralidad en el último año. “La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad no es más que el blanqueo de lo que ya viene sucediendo: durante el año pasado Caputo se quedó con 200 millones que por ley debían ser destinados a mantenimiento y obras viales, y ahora pretende seguir haciéndolo con menos vericuetos administrativos”, evaluó el legislador.
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