En medio del ajuste en Salud, el Gobierno nacional ratificó este miércoles la intervención del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte" por el plazo de un año. Tras los más de 1400 despidos, el Ejecutivo avanza con el vaciamiento bajo la excusa de que hay una "sobredotación" de empleados en el único hospital nacional de su tipo en el AMBA, donde equipos interdisciplinarios acompañan a personas en extrema vulnerabilidad.
La medida fue confirmada hoy, a través del Decreto 130/2025 firmado por el presidente Javier Milei. La determinación convalida la Resolución 360/25 del Ministerio de Salud, que dispuso la intervención del hospital ante la ausencia de sus máximas autoridades asistenciales y en función de la necesidad de garantizar su operatividad. "Ratifícase lo dispuesto en la Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 360 del 22 de enero de 2025 que como Anexo (IF-2025-10187964-APN-SSIYF#MS) forma parte integrante del presente acto", dicta el artículo 1 en relación a la resolución publicada a principios ee año que daban cuenta del proceso de intervención.
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En ese marco, se confirmó la designación del doctor Mariano Bruno Pirozzo como Interventor General del establecimiento, con todas las facultades inherentes a la conducción de los entes descentralizados, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. En el considerando de la resolución, el Gobierno alega que tomó esta decisión para “optimizar la eficacia y eficiencia del hospital, tanto en su funcionamiento institucional como en sus aspectos científico-técnicos, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud mental de la población”.
El Hospital Bonaparte, creado por la Ley 20.332 y modificado por la Ley 27.267, opera actualmente bajo la órbita de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria. La normativa reafirma el rol rector del Ministerio de Salud en la materia y justifica la intervención en "razones de oportunidad, mérito y conveniencia" vinculadas a la situación del organismo.
Convocan a la Marcha Federal por la Salud: “Contra el vaciamiento”
En sintonía, convocaron a la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública y la Vida para el próximo jueves 27 de febrero que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo, donde se elevarán los reclamos al gobierno de Javier Milei por las políticas de vaciamiento. En diversas partes del país se esperan réplicas de la movilización y cacerolazos.
La convocatoria la lleva adelante el Frente en Defensa de la Salud Pública, junto a trabajadores y trabajadores del Ministerio de Salud, los hospitales Bonaparte, Posadas y Garrahan, seccionales de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), organizaciones de pacientes, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Mamá Cultiva.
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También se sumaron: el Movimiento Cannábico Nacional, la Federación Argentina LGBT+, la Asamblea Antifascista y el Frente Nacional por la Salud de Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis. Se adhirieron, además, la Posta de Salud y Cuidados, sociedades científicas, organismos de derechos humanos y diversos sectores que se solidarizan con la causa.
En tanto, los organizadores detallaron en diálogo con El Destape que la movilización tiene como objetivo principal denunciar el vaciamiento del sistema de salud público, los despidos de cientos de trabajadores, la precarización laboral del sector y el desmantelamiento de programas esenciales que "dejaron a miles de personas sin tratamientos poniendo en riesgo su vida, y generando el riesgo de propagación y aumento de enfermedades".
Detalles de la marcha federal por la salud
En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria es para el jueves 27 a las 16 hs en el Ministerio de Salud de la Nación para movilizar hacia Plaza de Mayo, donde se elevarán los reclamos al Poder Ejecutivo del libertario. En tanto, invitaron a los ciudadanos a participar desde las 15 de un ruidazo y radio abierta.
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Entre los principales motivos de la Marcha en Defensa de la Salud Pública figuran "la denuncia el avance de políticas que afectan gravemente el derecho a la salud de la población, tales como: despidos masivos de los trabajadores de la salud. Cierre y el desfinanciamiento de programas esenciales y áreas estratégicas”, apuntaron desde la organización.
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