Mientras los diferentes frentes políticos discuten la nueva Constitución de Santa Fe, desde la sociedad civil también llegaron propuestas. Colectivos sociales, sindicatos, universidades, colegios profesionales y personas particulares presentaron ante la Convención Constituyente sus propios proyectos de reforma: 707 en total.
Al tratarse de una reforma parcial, la discusión no es abierta ni integral. Solo se pueden modificar los 42 artículos previamente autorizados por la ley que declaró la necesidad de reforma. También está permitido sumar nuevos contenidos, siempre entre los ejes temáticos habilitados. Cada comisión abordará aspectos fundamentales del nuevo diseño institucional que incluye el funcionamiento del Estado, participación ciudadana, derechos y garantías, estructura de los poderes públicos, justicia y otros órganos constitucionales.
Las propuestas de la ciudadanía abarcan una amplia variedad de temas, pero se agrupan en torno a ciertos ejes o preocupaciones recurrentes: derechos humanos, igualdad y no discriminación, acceso a la Justicia, educación, ambiente, laicidad y autonomía municipal. En muchos casos, son demandas surgidas de la experiencia concreta de vulneración o exclusión, y buscan ser incorporadas al texto de la Carta Magna provincial, que es modificada por primera vez en 62 años.
Las iniciativas no compiten con los proyectos de reforma integral impulsados por las fuerzas políticas: funcionan más bien como aportes temáticos que aspiran a ser recogidos por las comisiones de la Convención. Algunos de esos textos provienen de organizaciones históricas; otros, de colectivos recientes; y también hay presentaciones de particulares sin pertenencia institucional, que lograron acercar su voz por fuera de las estructuras tradicionales.
Derechos, igualdad y vida digna
Varias propuestas se centran en el reconocimiento de nuevos derechos y en la ampliación del principio de igualdad. Organizaciones de mujeres, colectivos LGBTIQ+, asociaciones por la diversidad funcional y entidades vinculadas a pueblos originarios plantean cláusulas que aseguren no sólo la igualdad formal ante la ley, sino también la sustantiva, con políticas públicas orientadas a remover obstáculos estructurales.
Según detalló el medio Rosario3, también hay iniciativas para incorporar el derecho a una vida libre de violencias, en todas sus formas, incluyendo la institucional, la de género y la simbólica. Algunas organizaciones sugieren que el nuevo texto incluya la figura de la violencia digital y regule los discursos de odio, tanto en medios tradicionales como en redes sociales.
Participación ciudadana y control social
Uno de los núcleos más potentes del conjunto de iniciativas es el que promueve una mayor participación ciudadana: se propone consagrar mecanismos como la revocatoria de mandatos, la iniciativa popular, el referéndum vinculante y el presupuesto participativo obligatorio, tanto a nivel provincial como municipal.
Además, se busca institucionalizar las audiencias públicas en temas de alto impacto, y para crear instancias de control social sobre el Poder Judicial y el Legislativo. Una de las propuestas más originales, firmada por un grupo de ciudadanos autoconvocados, sugiere la creación de una “auditoría social” permanente, integrada por personas sorteadas por padrón, con atribuciones para evaluar el desempeño institucional.
Educación y laicidad
Varios proyectos abordan el derecho a la educación desde una mirada amplia. Se propone incluir la educación sexual integral (ESI), la perspectiva de género, el respeto a la diversidad cultural y el cuidado ambiental como contenidos obligatorios. Una presentación firmada por el Foro de Adolescentes de Santa Fe y Rosario pide que se reconozca a las infancias y juventudes como sujetos plenos de derecho, con opinión vinculante en las políticas públicas que los afecten.
El principio de laicidad del Estado aparece con fuerza en distintas iniciativas. Se plantea no sólo asegurar la libertad de cultos, sino también garantizar que el Estado no promueva ninguna creencia particular. Un grupo de padres y madres por la educación laica propone eliminar los subsidios estatales a escuelas confesionales y prohíbe la exhibición de símbolos religiosos en instituciones públicas.
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Ambiente y soberanía alimentaria
El derecho a un ambiente sano y equilibrado, ya presente en la Constitución Nacional, es retomado por múltiples organizaciones, que piden una cláusula específica en la Carta Magna provincial. Algunos proyectos proponen reconocer los derechos de la naturaleza como sujeto, siguiendo modelos de otras constituciones latinoamericanas.
Hay además iniciativas para incorporar el principio de soberanía alimentaria: acceso a alimentos saludables, promoción de la agricultura familiar, protección de las semillas nativas y restricciones al uso de agrotóxicos cerca de zonas urbanas y escuelas rurales. En varios textos se vincula la cuestión ambiental con la equidad territorial y la justicia intergeneracional.
También proponen el reconocimiento constitucional de las alergias alimentarias infantiles como derecho a una salud integral. “Las alergias alimentarias no pueden seguir siendo una carga silenciosa para las familias. Es tiempo de que el Estado reconozca esta condición como un asunto constitucional: un derecho, no un privilegio”, señaló el Dr. Fernando J. Gómez, psicólogo, psicoanalista e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, que es el profesional que encabeza este proyecto.
Autonomía municipal y gobiernos locales
Algunas organizaciones —y también colectivos ciudadanos sin filiación partidaria— presentaron proyectos vinculados a la autonomía municipal. En general, apoyan la idea de que los municipios dicten su propia carta orgánica, pero con participación directa de la ciudadanía en el proceso. También piden que se reconozca la existencia de áreas metropolitanas con atribuciones específicas en materia ambiental, de transporte, servicios y planificación urbana.
Una de las propuestas más completas en este punto proviene de un grupo de jóvenes universitarios que plantea un modelo de regionalización con criterios de equidad y sustentabilidad, para evitar que la autonomía sea un privilegio de las grandes ciudades.
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