El gobierno de Javier Milei reconoció que no puede garantizar que los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) violen la Ley de Inteligencia y hagan espionaje en las redes sociales luego de otorgarle mayores libertades al establecer cambios en las funciones de la fuerza policial como avanzar con detenciones y realizar ciberpatrullaje sin autorización judicial. En este marco, la administración libertaria reconoció que la única garantía es que "confía en los efectivos".
En diálogo con El Destape 1070, el director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, admitió que “los policías pueden violar la ley de inteligencia y hacer espionaje en las redes sociales". En este marco, afirmó que "pueden, pero no deben" y la única garantía que supo dar es que “confía” en ellos.
El funcionario hizo referencia a que los efectivos podrán realizar, sin aval judicial, distintas "tareas de prevención del delito" en espacios públicos digitales como "redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas" y en estas tareas “de prevención del delito” podrían violar la Ley de Inteligencia que indica que “deben respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas".
En este marco, justificó que “los agentes no dan vueltas por las redes a ver si encuentran algo" sino que "están investigando un delito" y que “la policía no viola los derechos de nadie” porque “es como si estuvieran patrullando en la calle”.
Las nuevas libertades de la PFA
A través del Decreto 383/2025, publicado hace unas semanas en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dictaminó uno nuevo estatuto de la Policía Federal, con el objetivo de llevar adelante un "proceso de reforma y modernización" de la fuerza. La medida busca "actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión", "priorizar y reasignar recursos conforme a las nuevas necesidades" y "modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación", entre otros puntos. Sin embargo, también da mayor libertad de acción a los efectivos.
A partir de este decreto, la fuerza podrá detener personas "sin orden de juez competente" en los casos en los que "existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad". Según se detalló, estas detenciones no podrán "exceder" las 10 horas y los demorados "no podrán ser alojados junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones".
Por otro lado, la PFA tampoco necesitará autorización judicial para "realizar requisas personales" en las que inspeccionará "los efectivos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves o embarcaciones" en cuatro casos específicos. Uno de estos es para quienes acudan a un lugar público donde esté vigente un "operativo de prevención".
Además, esta fuerza federal podrá realizar, sin aval judicial, distintas "tareas de prevención del delito" en espacios públicos digitales como "redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas". "Estas tareas de prevención del delito deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas", se detalló. Otro de los puntos del nuevo estatuto es que la PFA podrá llevar adelante "acciones necesarias para la prevención del delito y de mantenimiento del orden público, en materias de su competencia, tareas que podrán ser ampliadas a requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional".
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