El CELS denunció al jefe de la SIDE por habilitar el espionaje interno

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció este jueves al jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y al Director General de Operaciones del organismo, Diego Kravetz, por habilitar el espionaje interno en el Plan de Inteligencia Nacional. La presentación que se realizó en los tribunales federales de Comodoro Py es por “abuso de autoridad” y apunta también “a todos aquellos que hayan participado en la aprobación” del mentado plan que, tal como publicaron La Nación, El Destape y otros medios, establece “directivas y habilitaría a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional a realizar tareas de inteligencia prohibidas”. La acusación se da dos días después de que la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Inteligencia se reuniera con Neiffert en la central de inteligencia justamente por este tema.

Las malas noticias para Neiffert no terminan allí. La denuncia que realizó el CELS coincidió con la noticia, publicada por La Nación, de que la SIDE firmó un contrato con la empresa Tactic Global LLC para que actúe como “enlace” entre el gobierno argentino y el de Estados Unidos, algo que no es para nada habitual en materia de inteligencia. Se trata de una firma cuyo CEO es Leonardo Scatturice, un empresario y ex espía, según confirmaron a El Destape. El contrato, publicó el mismo medio, lleva la firma de Neiffert. El Destape consultó a la bicameral que preside el senador de la UCR Martín Lousteau si intervendrán por esta cuestión y al cierre de esta nota no había confirmado los pasos a seguir. A su vez, el señor 5 también fue denunciado en la comisión parlamentaria por presuntos desmanejos de dinero, en una presentación que realizó la diputada Lourdes Arrieta y a la que accedió este medio.

La denuncia por espionaje interno

El CELS denunció a Neiffert y a Kravetz por dos hechos. Por un lado, por elaborar un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que habilita a la SIDE a realizar “tareas de inteligencia prohibidas”. Y por otro, “por haber dictado, por lo menos, una orden secreta desde la Dirección General de Operaciones que estaría dirigida a ‘identificar y monitorear’ a todos los ‘grupos sociales vulnerables’ de la Argentina y a cualquier ‘actor no estatal’ que pueda capitalizar la ‘creciente polarización política para expandir su influencia’ en el electorado local”.

La presentación se hace eco de dos notas publicadas por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación (una del 25 de mayo y otra de dos días después) y de una de la revista Crisis, difundida el 13 de junio, que dan cuenta del PIN de la SIDE. El Destape también dio cuenta de ese plan el 28 de mayo en la nota titulada “Al servicio del control social: qué dice el plan de inteligencia de Milei”, a partir del acceso que este medio tuvo al documento. Página12 también publicó una nota sobre la misma normativa. El primer artículo en informar sobre la materia fue del colega Pablo Dipierri, quien en noviembre del año pasado publicó fragmentos del plan de la SIDE en La Política Online. Todos los artículos coinciden en la información difundida.

Tal como informó El Destape, el organismo que conduce Neiffert abre la posibilidad para que se realicen tareas de inteligencia contra todo aquel que “erosione la confianza” en el plan económico del Poder Ejecutivo y manipule a la opinión pública “de manera contraria al interés nacional”. Repleto de ambigüedades e imprecisiones, el plan deja abierta la posibilidad de que la SIDE pueda tener como blanco a periodistas, economistas y todo aquel que critique a Milei y su relato de la realidad, lo que viola la Ley de Inteligencia Nacional. También pueden ser objetivo de acciones de inteligencia quienes cuestionan a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o realicen determinadas acciones de protesta. Otro dato central que se desprende del PIN es el encuadramiento explícito con la política de los Estados Unidos e Israel.

En su presentación, el CELS destacó: “Presentamos esta denuncia, como referentes del CELS, un organismo de derechos humanos integrado por personas que pueden ser objeto de vigilancia ilegal según los lineamientos y directivas acá mencionadas, y por la necesidad de que se investigue esta información que pudimos conocer por la prensa para la protección de los derechos de múltiples colectivos y organizaciones potencialmente afectados por estas órdenes y prácticas de inteligencia ilegal”. Y añadió: “Todas estas habilitaciones implican una violación a prohibiciones expresamente previstas en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y también son contrarias a la constitución nacional y los pactos de derechos humanos suscriptos por nuestro país”.

En el escrito que el organismo de DDHH presentó en Comodoro Py se precisa: “Los hechos descritos en esta presentación implicarían el dictado de lineamientos y órdenes dirigidas a funcionarios de distintas dependencias del aparato estatal de inteligencia, que habilitarían la realización de tareas de inteligencia prohibidas por la Ley de Inteligencia Nacional”.

“Repárese en que publicar un artículo académico o periodístico, o cualquier otro tipo de forma de expresión, que represente una crítica o cuestionamiento a las políticas en materia de seguridad o económica podría perfectamente encuadrar en los conceptos referidos. También el dictado de charlas sobre esos temas en tono crítico respecto del Estado y/o del Gobierno podría considerarse comprendido en aquellos”, se añade.

A su vez, se señala que “las tareas de vigilancia e inteligencia que podrían derivar de estos lineamientos, órdenes y directivas serían violatorias de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Cajar vs Colombia y Gonzalez Mendez vs México. Así la Corte IDH es clara en la relevancia jurídica de los riesgos concretos para la vigencia de los derechos humanos de este tipo de habilitaciones estatales y por ello reafirma que deben estar basadas en ley formal, perseguir un fin legítimo y ser necesarias, proporcionales y razonables”.

La presentación recayó en el juzgado federal Nº 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capcuhetti, la misma que es muy cuestionada por la forma en que investigó el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner.

En la denuncia, el CELS requiere a la Justicia una serie de medidas de prueba como citar a prestar declaración testimonial a periodistas que escribieron sobre el plan como Alconada Mon e Irina Hauser así como al editor de Crisis, Mario Santucho. Lo mismo solicitaron para las autoridades de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Inteligencia. Por otro lado, piden que la SIDE envíe una copia certificada del mentado Plan de Inteligencia, entre otros documentos.

La interpelación de la Bicameral

Este martes, los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Inteligencia se trasladaron a la SIDE para interpelar a Neiffert por el plan del escándalo. Según pudo reconstruir El Destape en el encuentro solo se habló sobre el PIN y las autoridades del organismo de inteligencia no se mostraron muy firmes en sus respuestas. Desde la comisión informaron que se trató de un primer encuentro y que seguirán otras reuniones para profundizar sobre el tema. Por ejemplo, en este primer cónclave no estuvieron los legisladores de Unión por la Patria ya que fue el mismo día que Cristina Kirchner quedó detenida. “Fue una primera instancia”, aclararon.

Una acusación por malversación de fondos

Un tema que no fue materia de consulta para Neiffert en la reunión de este martes pero que ya llegó a la bicameral de inteligencia es una denuncia por presunta malversación de fondos contra el jefe de la SIDE que realizó la diputada nacional Lourdes Arrieta, quien se abrió del bloque libertario mileísta luego del escándalo de las visitas a los genocidas en la cárcel de Ezeiza.

Según la denuncia a la que accedió El Destape, Arrieta solicitó a la bicameral que investigue “presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y estructuras del Estado por parte del actual director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sr. Sergio Darío Neiffert -o sr. 5-, así como la posible existencia de operadores externos involucrados en actividades incompatibles con la legalidad y la transparencia institucional”.

Arrieta afirmó que “según surge de información de fuente directa, cuya veracidad amerita un análisis urgente, el Sr. Neiffert habría utilizado fondos asignados a la SIDE - incluyendo la tarjeta corporativa del organismo- para financiar viajes al exterior de carácter privado, algunos de ellos a destinos europeos, acompañado por familiares directos, sin que se conozca al día de hoy la finalidad oficial de dichos desplazamientos ni los informes institucionales correspondientes”. La legisladora dijo ignorar “si tales viajes respondieron a misiones estratégicas de inteligencia o si, por el contrario, revistieron carácter meramente turístico o familiar”.

En el escrito también se apunta al hijo de Neiffert: “Se han recibido denuncias sobre la participación de su hijo en diversas comitivas oficiales, incluyendo embajadas extranjeras, siendo incluso retirado de algunas por no ser funcionario acreditado para tales reuniones, lo que agrava el cuadro de presunta discrecionalidad e inobservancia del deber de legalidad y austeridad que deben regir la función pública, más aún en un área reservada”.

Arrieta también apuntó contra una persona “de nacionalidad paraguaya y con trayectoria en inteligencia en su país” que “mantendría vínculos informales y operativos con el entorno del Sr. Neiffert”. Según la legisladora, por esa relación se debieran investigar “operaciones de lavado de activos mediante la canalización de fondos estatales asignados a la inteligencia”. La "vía paraguaya" activa suspicacias ya que en ese país vecino fue detenido el ex senador Eduardo Kueider con más de 200 mil dólares sin declarar. Se trata de un legislador peronista que en contra de la postura de su bloque votó leyes claves para el gobierno libertario y que fue destituido tras ser arrestado en la frontera con la mentada suma de dinero que no pudo explicar.

Por todo esto, la diputada requirió a la comisión que cite a Neiffert “para que brinde explicaciones públicas y bajo juramento ante esta Comisión, sobre la totalidad de los viajes realizados, sus acompañantes, objetivos institucionales y respaldo documental de gastos efectuados con fondos del organismo”.

Esta presentación aún no fue abordada por la comisión. Lo mismo que el mencionado “caso Scatturice”, que promete crecer.