La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lanzó una dura denuncia tras el fallo judicial que anuló sus elecciones y desplazó a su conducción nacional. Para el histórico sindicato industrial, la medida no es un hecho aislado, sino una "intervención política disfrazada de resolución judicial" que busca "disciplinar" a los trabajadores en favor de las grandes patronales y el modelo económico del gobierno de Javier Milei.
La organización advirtió que no se quedará de brazos cruzados frente a lo que califican como una decisión “arbitraria” y “antidemocrática” que “avasalla” la autonomía gremial.
El sindicato vinculó directamente esta situación con la figura de los jueces de la Cámara del Trabajo, Víctor Pesino y María Dora González, los mismos magistrados que anteriormente avalaron la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Desde la UOM denunciaron también que esta “operación política y judicial” se gestó durante meses con el objetivo de debilitar la capacidad de lucha del gremio en plena negociación paritaria, garantizando así "salarios de hambre" y trabajadores sin capacidad de organización frente al abuso empresarial.
“Defender a la UOM es defender al movimiento obrero argentino frente a un modelo económico que necesita sindicatos débiles para imponer ajuste", subrayó el sindicato al convocar a todo el movimiento trabajador a respaldar la autonomía sindical.
La firme respuesta gremial se produjo luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anulara las elecciones nacionales y seccionales de la UOM tras detectar presuntas irregularidades en el proceso electoral. Como consecuencia, desplazó del cargo al secretario general Abel Furlán, quien había sido reelecto en esos comicios, y ordenó la intervención judicial del sindicato por un plazo de 180 días para organizar una nueva votación.
Es importante recordar que el fallo de Pasino y González desconoció la voluntad de los afiliados de la UOM, quienes ratificaron a Furlán con el 85% de los votos en la seccional Zárate-Campana y con el 80% a nivel nacional. En este escenario, la conducción metalúrgica fue taxativa al señalar que el sector interno derrotado en las urnas eligió transformarse en un instrumento de los grupos económicos y de un gobierno que "hambrea al pueblo".
Solidaridad aceitera: paro nacional por tiempo indeterminado
La embestida contra los metalúrgicos generó una reacción inmediata y contundente en uno de los sectores estratégicos de la economía argentina. La Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) repudió el fallo y denunció una "encarnizada persecución política" desatada por el Gobierno y los principales grupos empresarios.
En un comunicado que eleva la temperatura del conflicto a niveles críticos, la federación que lidera Daniel Yofra llamó a todas las organizaciones sindicales a unirse en un plan de lucha nacional con un paro por tiempo indeterminado.
Para los aceiteros, el desplazamiento de Furlán es parte de una "catástrofe" social y laboral más amplia, que incluye el despido de 300.000 trabajadores registrados, el cierre de 25.000 pymes y el desmantelamiento de organismos científicos como el CONICET e institutos clave como el INTA e INTI.
La federación recordó con suspicacia que el juez Pesino fue "recompensado" por el gobierno de Milei con una extensión de cinco años en su cargo apenas 24 horas después de fallar a favor de la reforma laboral. Bajo la premisa de que el sindicalismo combativo está bajo ataque directo, los aceiteros lanzaron una pregunta dirigida a todo el arco gremial: “Si todo esto no es un motivo para ir a un plan de lucha con paro por tiempo indeterminado, ¿cuáles serían los motivos?”.
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