La compra por 2,4 millones de dólares de un sistema de vigilancia de personal por parte de Vialidad motivó una denuncia ante la Justicia federal contra el Gobierno. El Sindicato de Trabajadores viales (STV) amplió una presentación por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público contra el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, virtual número dos de Luis Caputo en Economía, en base a una publicación de El Destape que esta semana expuso la licitación llevada a cabo por el organismo en momentos en que las obras viales se redujeron a casi cero.
En mayo, el gremio que conduce Graciela Aleñá había acusado a Guberman por el incumplimiento en el giro de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad de la parte correspondiente del impuesto a los combustibles líquidos para el financiamiento de obras dentro del Sistema Vial Integrado (Sisvial). En esa oportunidad la organización alegó que de una recaudación durante el primer bimestre del año de 600 mil millones de pesos (500 millones de dólares) de ese impuesto a Vialidad deberían haberle correspondido $ 86 mil millones pero sólo se le giraron 18 mil millones de pesos, el 20 por ciento. Y que, en ese contexto, el estado de las rutas permanece crítico en buena parte del país y los trabajadores del organismo tienen sus salarios congelados desde octubre de 2024.
El STV se presentó esta mañana en el juzgado Federal 6, a cargo de Daniel Rafecas, para ampliar su acusación a la luz de la licitación a favor de la firma Elipgo de un sistema de monitoreo y control de trabajadores del organismo: “venimos a agregar un hecho que permite tener por acreditado que la falta de transferencia de los fondos no obedece a una imposibilidad económica o financiera sino que es pura arbitrariedad, lo cual aporta nueva prueba al delito oportunamente denunciado”, señala el texto.
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La denuncia del gremio apunta a la compra por 3000 millones de ésos de un sistema “para vigilar al personal de la agencia en su sede central” lo que permite inferir que “tanto el Estado nacional como Vialidad cuentan con fondos”. “El primero ha decidido de forma arbitraria y contraria a la ley no transferir aquellos que por ley está obligado y la DNV ha decidido gastar los escasos recursos que tienen en vigilar personal de oficina, es decir no aporta a la seguridad del personal, ni de los usuarios de las rutas y caminos, no repara ruta alguna, en suma el gasto no cumple con ninguno de los deberes que la DNV tienen en virtud de su ley orgánica”, añade.
Incluso el sindicato destaca una serie de accidentes relevados en la investigación de este medio en la ruta nacional 12 a la altura de Ceibas, en Entre Ríos, “producto del mal estado” y que obligó a que personal de Bomberos Voluntarios tuviese que tapar un bache con tierra a falta de insumos. “¿Qué pretende esta parte ilustrar con lo hasta aquí expuesto? Que la falta de asignación de fondos a la DNV ya está produciendo un grave daño y puesta en peligro de la sociedad en general, que debе transitar por rutas, autovías y caminos que se encuentran en condiciones no aptas para la circulación vehicular; que la falta de asignación de fondos no obedece a un problema financiero o económico del Estado nacional (crisis, menor recaudación) sino que obedece a una decisión (dolo) de las autoridades encargadas de cumplir.
Hacia el final, la presentación le reclama al magistrado “tomar las medidas necesarias para impedir la continuidad de la maniobra delictiva” de retención de fondos por parte del secretario de Hacienda por entender que “existe un riesgo serio de afectación de la vida y la salud de las personas que deben circular por las rutas nacionales, autovías y caminos cuyo mantenimiento está a cargo de Vialidad”, así como “una afectación grave e inminente de la salud de las y los trabajadores de la DNV que no cuentan con los elementos de seguridad necesarios para realizar su trabajo”.
Esta semana El Destape reveló los detalles de la licitación. La firma adjudicataria instalará un molinete en la entrada del edificio central de Vialidad, en Julio A. Roca 738, a un costo de 51 mil dólares así como 13 pantallas digitales de 46 pulgadas a un valor total de casi 40 mil dólares y un servicio de monitoreo y vigilancia durante dos años por U$S 1.159.872, casi 50 mil dólares por mes. El contrato prevé que se brindará reconocimiento facial, monitoreo satelital y herramientas de inteligencia artificial para el seguimiento y control de cerca de un millar de trabajadores del organismo.
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