El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, realizó una masiva movilización hacia el edificio de Empleo Público en rechazo a un inminente decreto del gobierno de Javier Milei que, según denuncian, busca desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad. Según supo El Destape desde el entorno gremial, esperan que la medida se oficialice entre mañana y la semana que viene.
Durante la manifestación, Aleñá advirtió que la medida implicaría la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo y la eliminación del convenio colectivo de los trabajadores viales. “Quedamos todos en la calle, Vialidad se convierte en alguna otra cosa que nadie sabe qué es ni para qué va a servir”, afirmó la dirigente.
Asimismo, cuestionó el intento de incluir a los empleados bajo el convenio general de la administración pública, al que calificó como “una vergüenza” por los bajos salarios que contempla.
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Desde el gremio anunciaron que continuarán con medidas de fuerza, aunque garantizarán la atención de emergencias. “Vamos a hacer todo lo que sea necesario, ya sea los cortes, en los pasos fronterizos, donde tengamos que estar para defender a Vialidad”, señaló Aleñá. También alertó sobre el impacto federal de la medida: “Se van a salvar las provincias que tengan plata, las que no tengan no van a poder salir de la esquina”.
Por otra parte, Aleñá cuestionó el destino de los bienes inmuebles de Vialidad Nacional, incluidos campamentos y propiedades ubicadas en zonas turísticas. “¿Quién se va a quedar con todo eso? ¿Qué van a hacer con esa plata?”, se preguntó.
Finalmente, la secretaria general del STVyARA aseguró que el gremio continuará con la lucha en defensa de los puestos de trabajo y del rol estratégico del organismo. “No vamos a dejar a ningún compañero en la calle. Somos Vialidad Nacional, el contacto con todo el pueblo y vamos a seguir asistiendo hasta el último día que nos toque”, concluyó.
Contra el derecho a huelga
El Gobierno se siente envalentonado y emprendió esta semana una nueva avanzada contra los gremios. Con el DNU 34/2025 referido a la actividad de la marina mercante enmascaró una reforma con la que declaró esa actividad y otras tantas como servicios esenciales para limitar al máximo la capacidad de protesta.
En la CGT prendieron todas las alarmas. Como informó El Destape, el equipo legal se abocó al análisis del decreto para explorar la forma de controvertirlo. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, afirmó que "el decreto revive el capítulo laboral del DNU 70/2023, que la CGT ya recurrió a la Justicia y, en Cámara, se declaró la inconstitucionalidad". El expediente ahora está en la Corte para su sentencia definitiva.
Esta mañana, en diálogo con El Destape 1070, el sindicalista advirtió que "son todas medidas intentando coartar la libertad sindical y limitar el ejercicio pleno de lo que debe ser una entidad sindical en función de sus cuerpos directivos".
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