El panorama para Vicentin es cada vez más crítico. La Justicia resolvió intervenir nuevamente la agroexportadora por 120 días, tras los reclamos gremiales por la falta de pago de salarios y los problemas financieros que enfrenta la empresa.
El juez Fabián Lorenzini dispuso el regreso de la intervención. La resolución dispuso la prevención del daño en curso, la protección efectiva de la empresa económicamente viable, y, ante una eventual quiebra liquidativa, la anticipación de la "protección de las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos mediante actuación tempestiva y suficiente para conminar efectos nocivos que podrían producirse por una parálisis total de la explotación industrial".
De esta manera, se regulará la administración y disposición de todos los bienes y recursos de la empresa, tanto en el país como en el extranjero. Esto incluye dinero en cualquier moneda, inversiones, derechos, acciones, inmuebles, stocks y productos, entre otros. La decisión judicial también establece la suspensión, sin derecho a percepción de haberes, de todos los mandatos, poderes y funciones de los actuales directores de Vicentin SAIC.
Los veedores designados, Guillermo Nudenmberg y Andrés Schocron, ya habían ocupado ese rol hasta agosto pasado, cuando el control de la empresa volvió a sus directivos. De esta manera, los interventores societarios deberán presentar un informe de situación, plan de actuación y conformación de un equipo de colaboradores y auxiliares en un plazo máximo de 10 días. También tendrán la facultad de implementar medidas urgentes de conservación.
En 2020, Patricia Bullrich se opuso firmemente a la intervención y expropiación de la empresa Vicentin por parte del gobierno de Alberto Fernández. “Hoy vienen por una empresa, y algunos empresarios se hacen los boludos. Me da vergüenza que sectores de la UIA estén especulando, no puede ser, busquemos a otros. Hay miles y miles de empresarios que no responden a esas burocracias, que saben que vienen por uno. No podemos permitir que sea tarde”, arremetió la expresidenta del PRO en ese entonces.
Crisis en Vicentin: sueldos pagados en cuotas y nulidad de la homologación
Ante la imposibilidad de obtener contratos de fasón “para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad", la agroexportadora había decidido frenar toda actividad industrial en sus plantas ubicadas en Ricardone y Avellaneda. La paralización de las plantas dejaba en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena de proveedores, transportistas y cooperativas.
Días después, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe abrió una mesa de diálogo donde las autoridades empresariales presentaron una propuesta que fue aceptada por las entidades gremiales: los trabajadores de Avellaneda y Ricardone recibirán el pago del 80% de sus salarios en tres tramos.
La empresa consiguió un adelanto de fasones de parte de la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias, lo que le permitió garantizar el primer desembolso del 40% correspondiente a marzo. El resto del cronograma incluye un 20% adicional el 25 de abril y otro 20% el 30 del mismo mes, mientras que el 20% restante sigue pendiente de nuevas negociaciones.
El conflicto de la compañía se enmarca en la falta de acuerdos con empresas como ACA, Bunge y Viterra, que previamente le proveían materia prima para el procesamiento. Estos contratos de fasón eran clave para la continuidad operativa de la agroexportadora, ya que le permitían generar ingresos sin necesidad de contar con granos propios.
MÁS INFO
El 18 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró la nulidad de la homologación que había obtenido la propuesta concordataria de la sociedad concursada. En aquella oportunidad, dispuso remitir el expediente a otra Cámara, subrogante legal, para que pronuncie una nueva sentencia. Contra la sentencia aludida del 18/2/2025 de nuestra Corte Provincial, VICENTIN SAIC interpuso un recurso extraordinario Federal (conforme ley 48, y doctrina de arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional), el cual se encuentra actualmente en trámite, y sin una resolución de admisión o rechazo.
El tribunal consideró que la estructura de pago establecida por Vicentin favorecía a ciertos acreedores en desmedro de otros, violando el principio de igualdad en los acuerdos concursales. Además, la Corte cuestionó la idea de que la única alternativa viable fuera la homologación o la quiebra, señalando que aún existía la posibilidad de abrir un período de concurrencia (cramdown) para que otros interesados presentaran propuestas de salvataje.
Hace un mes, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más 600 millones de dólares, a partir de una maniobra que incluyó falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa ya estuviera en concurso
Cerrar sesión