El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno de Javier Milei prevé una leve recuperación en el financiamiento educativo, pero mantiene la inversión en niveles históricamente bajos. Por tercer año consecutivo, el gasto nacional en educación quedaría por debajo del 1% del Producto Bruto Interno (PBI), una situación inédita en la última década. Asimismo, la administración libertaria avanza con un proyecto que propone derogar el artículo de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 exige destinar al menos el 6% del PBI a educación.
Según el informe “Presupuesto educativo nacional 2026” de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Martín Nistal, se estima que en 2026 se destinará apenas el 0,75% del PBI al sector, la mitad de lo que se invertía en 2015. El presupuesto proyecta un aumento nominal del 23% en los recursos para la función “Educación y Cultura”, que alcanzaría los 6,8 billones de pesos a precios de 2025. En términos reales, el crecimiento sería de entre 4,4% y 8%, dependiendo de si se considera la inflación estimada por el Poder Ejecutivo (13,8%) o por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (17,8%). A pesar de este incremento, la participación de la inversión educativa en el PBI continúa en descenso: pasó de un máximo de 1,59% en 2015 a 0,86% en 2024, y se proyecta en 0,73% para 2025 y 0,75% para 2026.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
Cómo va a ser el presupuesto para Educación 2026
La Secretaría de Educación será una de las cuatro áreas del Estado con mayor incremento presupuestario en 2026, con una variación del 17,9% respecto al año anterior. Sin embargo, el crecimiento real sería de apenas 3,6% si se considera la inflación oficial, y de solo 0,1% si se toma la del REM, según el informe. Dentro de su presupuesto, el programa de “Desarrollo de la Educación Superior” concentrará el 77% de los fondos, seguido por el Plan Nacional de Alfabetización (9,2%) y la gestión de becas estudiantiles (5,8%). En total, los programas destinados a educación obligatoria y superior no universitaria representan apenas el 14,6% del presupuesto de la Secretaría.
El Plan Nacional de Alfabetización orientará el 82,1% de sus recursos a la ampliación de la jornada escolar, lo que marca un cambio en las prioridades del programa. Si bien se mantienen líneas de formación docente y producción de materiales, el foco estará puesto en extender el tiempo escolar como estrategia de alfabetización. Esta reconfiguración preocupa a especialistas como Jorge Lo Cascio, quien advirtió que “la caída muy fuerte de la inversión en infraestructura y equipamiento (-63% en términos nominales) profundiza las desigualdades educativas y limita las posibilidades de lograr una alfabetización digital acorde con los umbrales de ciudadanía del siglo XXI”.
La inversión nacional representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público, mientras que el 75% restante corresponde a las provincias. Aunque no hay datos públicos actualizados, se estima que también los gobiernos provinciales redujeron su inversión en los últimos dos años, especialmente en salarios docentes.
En tanto, el informe señala que la evolución del gasto educativo nacional, medido en pesos constantes de 2025, muestra una etapa de estabilidad entre 2013 y 2017, seguida por una caída sostenida desde 2018 hasta 2020, una recuperación parcial entre 2021 y 2023, y una nueva contracción en 2024 y 2025. La recomposición prevista para 2026 dependerá del cumplimiento de los supuestos macroeconómicos asumidos por el Ejecutivo, y podría configurar el inicio de una reversión frente al ajuste acumulado.
En ese sentido, Javier Curcio afirmó que “es imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos para la educación, con la legitimidad que otorga la aprobación parlamentaria. Reglas claras, previsibilidad y un acuerdo federal que reinstalen el compromiso del país con la educación y la ciencia”. Por su parte, Santiago Bulat destacó que “el foco debe estar en articular Nación con Provincias, porque los problemas educativos empiezan desde las edades más tempranas”.
El proyecto de Milei: derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional
El proyecto oficial también propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 exige destinar al menos el 6% del PBI a educación (sumando Nación y provincias). Esa meta solo se cumplió en 2015. Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, consideró que “eliminar el piso de inversión es positivo, porque distrae la atención de los déficits de gestión”. En cambio, Eduardo Amadeo remarcó que “el Presupuesto 2026 muestra una clara opción política por la educación” y llamó a aprovechar la coyuntura para impulsar cambios estructurales consensuados.
Finalmente, Juan Ignacio Doberti advirtió que “el informe expone la consolidación del desfinanciamiento educativo que se dio en 2024 y 2025. De este modo, el Estado nacional restringe su rol a un magro sustento económico de las universidades nacionales y deserta del sostenimiento de la mayoría de los programas para la educación básica en aspectos tales como la infraestructura, la formación docente, la innovación tecnológica o la provisión de computadoras”.
Cerrar sesión