Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina tiene un sistema científico “raquítico” y está muy lejos de contar con la cantidad de investigadores que necesitaría: aquí, apenas tres de cada 1000 habitantes se dedican a la ciencia y la tecnología, mientras en Alemania, Francia, Irlanda y otros países desarrollados ese número llega hasta 17 por mil.
Solo por poner un ejemplo, la Argentina tiene en proporción casi seis veces menos científicos que Corea del Sur, tres veces menos que Grecia, Canadá y Suiza, casi cuatro menos que Francia y Portugal, y cinco menos que Suecia y Finlandia. Pero a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo, desde que asumió esta gestión, el empleo en el área de ciencia y tecnología va barranca abajo: según el último informe “Evolución de Empleo y Recursos Humanos” que realiza el Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti, creado por las universidades nacionales de La Plata y de San Martín), en menos de dos años se destruyeron 5.143 puestos de trabajo en esta área.
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De acuerdo con este análisis, desde diciembre de 2023, las empresas públicas del sector perdieron 711 puestos, y los organismos de ciencia y tecnología dependientes de la Administración Pública Nacional (APN), 4481. El Conicet es el organismo más golpeado con una pérdida de 1912 trabajadores en el período analizado, seguido por el INTI y el INTA.
Esto en números absolutos. Pero si se los considera en sus valores relativos, son los organismos transversales del sistema (la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y la Agencia I+D+I) los que fueron más devastados: perdieron el 40% de su personal, algo impensable. En el ámbito de las empresas y sociedades públicas, el Grupo EPC encontró caídas notorias y continuas en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea, perdió 220 puestos), en la operadora de las centrales nucleares NA-SA (-221) y en ARSAT (-124), entre otras.
“Todas las fuentes de este informe son oficiales –afirma Nicolás Lavagnino, de EPC–. Lo elaboramos con los datos que da a conocer mensualmente el Indec en su reporte de dotación de personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades. Incluye tanto los organismos centralizados como los descentralizados, y también las empresas que forman parte del sector público nacional. Los datos se siguen mes a mes desde mediados de 2022. Esto muestra que desde que por el “decreto Batakis” se prohibió que se incorporara personal al Estado, la planta de la APN no se movió, pero en lo que va del gobierno de Milei viene cayendo de manera acelerada. Se perdió casi el 7% del empleo del sector, que ya de por sí es bastante pequeño”.
Para comprender la situación del Conicet, el Grupo EPC hizo un análisis “desestacionalizado” y llegó a la conclusión de que, medido en septiembre de 2025 contra septiembre de 2023, se eliminaron 1502 becas y 585 puestos de investigación de carrera. Se trata de un total de 2087 empleos menos en 24 meses.
“El Conicet, por tamaño (representa el 35% del sistema), es por lejos el que más puestos perdió: el 6,9% de su nómina –destaca Lavagnino–. Como se trata de un organismo escalafonario, es un número muy importante, porque además involucra recursos muy formados. Como estos últimos años fueron muy irregulares, lo más parejo es medir mes contra mes. Ahí se ve que se perdieron muchas becas, porque se ofrecen menos y porque, por las razones que todos conocemos, se presenta menos gente. Pero por otro lado, hay 585 personas menos en la carrera del investigador, personal de apoyo y administrativos. Es mucho. Sobre todo, si se tiene en cuenta que es un organismo nodal”.
En términos relativos, también se redujo una parte importante de la dotación del Banco de Datos Genéticos (-29,8%), organismo muy pequeño, pero fundamental para investigar en casos de lesa humanidad y antropología forense, el Instituto Nacional del Agua (27,4%) y el INTI (25,0%). Empresas como Fadea, Dioxitek, VENG y Arsat pierden entre el 24% y el 16% de su planta de personal. “No todos son despidos, como ocurre en el INTA y el INTI, sino que hay un proceso gradual, podría decirse ‘molecular’, de investigadores que deciden irse porque el nivel de salarios y las condiciones de trabajo son insostenibles”, subraya Lavagnino. El especialista anticipa, incluso, que habrá más novedades, porque empezará a tener impacto el cierre de centros e instituciones experimentales. “Esta película no terminó, y menos con el contexto político que se ve venir”, advierte.
Por otro lado, se nota una profunda contradicción entre el “plan de ciencia y tecnología 2026-2027”, que acaba de publicarse en el Boletín Oficial, que prioriza la biotecnología, la actividad nuclear y espacial, y otras áreas muy específicas todas las cuales se están achicando. “¿Con quién piensan ponerlo en práctica?”, se pregunta Lavagnino.
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El trabajo también se asoma al panorama universitario, más difícil de analizar porque hay una demora en la información y el éxodo puede producirse aunque los puestos se mantengan nominalmente. “Un docente puede tener más de un cargo; es decir que puede haber menos personas físicas empleadas aunque el puesto persista –destaca Lavagnino–. Una cosa es que los docentes renuncien y otra muy distinta es que deje de existir el cargo”.
En este sentido, Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, indica que las casas de estudio calcularon que las renuncias de docentes del sistema de universidades públicas ronda entre el 4 y 6%. “Es algo que se repite más o menos de forma similar en todas, lo que nos da un 5% de los 200.000 docentes con que contamos; es decir, unos 10.000 en todo el país”, afirma. En general, los que más rápido son tentados desde el ámbito privado, o desde instituciones en otros países de la región y de otros continentes son los de mayor experiencia y nivel académico.
Si se analiza el Presupuesto 2026, que por estos días se discute en el Parlamento, los nubarrones que Lavagnino ve en el horizonte se ciernen tanto sobre el sistema científico como sobre las universidades. En otro trabajo del Grupo EPC, estiman que la “función ciencia” que este año estará rondando el 0,15% del PBI, un mínimo histórico, el año próximo será incluso un 7% menor (0,149%), cuando por la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología debería alcanzar el 0,52%.
“Está implícito en el Presupuesto que los salarios reales seguirán cayendo, porque por una triquiñuela técnica se calcula una inflación ‘punta a punta’ del 10%, pero el promedio del año (que es lo que en realidad debería tomarse) da bastante más: 17% –explica Lavagnino–. Y la mayoría de las partidas suben muy por debajo. El presupuesto para 2026 de la Conae, por ejemplo, se reduce un 86% respecto de 2015. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a pesar de que nominalmente crece, aún suponiendo que ejecute el 100% de su crédito, caería más de 80 puntos respecto de 2023. Sin tomar en cuenta que hay 70.000 millones de pesos que están metidos en la supuesta ‘función ciencia’, que en realidad corresponden a la ‘función administración y gobierno’”.
En el proyecto también se sigue consolidando una caída del presupuesto universitario. “El 0,49% del PBI de este año va a caer al 0,46%. De acuerdo con este análisis, estamos en el peor de los mundos. “El sistema científico argentino tiene un tamaño muy pequeño, un tercio del tamaño relativo que tiene la media OCDE a la que el gobierno aspira a acercarse. Y estamos yendo para abajo. El sector público se achica y el sector privado no crece”, concluye Lavagnino.
El informe completo sobre pérdida de puestos en ciencia y tecnología puede leerse en aquí. Y el análisis presupuestario en aquí.
