Intentarán frenar este jueves la privatización de Nucleoeléctrica Argentina 

La comunidad científica rechaza de plano la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) que tiene a su cargo las tres centrales nucleares locales, una decisión que anunció el vocero presidencial la semana pasada y que este lunes se publicó en el Boletín Oficial. Para detenerla, el senador José Mayans, del bloque de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley que declara de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino, exceptúa a NA-SA de los alcances de la Ley Bases y deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado con el objeto de modificar la composición accionaria y/o transformar la naturaleza jurídica de la compañía, que espera se debata mañana. La diputada nacional Agustina Propato, de la misma fuerza política, hizo lo propio con un proyecto similar en Diputados. 

En cuanto se conoció la intención del Gobierno Nacional, las voces contrarias a la privatización no tardaron en hacerse escuchar. La Asociación Física Argentina difundió un comunicado en el que manifiesta su “enérgica” oposición. Entre otras cosas, detalla que “NA-SA cuenta con excepcional capacidad técnica; es y ha sido siempre superavitaria; tiene los costos de operación más bajos del sistema; ha operado siempre con los más altos estándares de seguridad bajo un estricto sistema de control que involucra a agencias reguladoras nacionales e internacionales; impulsa el desarrollo industrial y científico del país”. Y enfatiza: “La privatización de NA-SA es totalmente injustificada desde lo económico, riesgosa desde el punto de vista operativo (al perder el estado control sobre procedimientos de manipulación de combustibles nucleares y operación de centrales cuyos aspectos técnicos la compañía conoce mejor que nadie) e implica una pasmosa claudicación, ya que cede el control y conocimientos técnicos exclusivos de una industria de excelencia y fundamental para el desarrollo argentino”.

“Es una encrucijada muy muy grave. Se quiere privatizar una empresa que es propiedad de todo el pueblo argentino, que garantiza con standards internacionales de seguridad entre el 7 y el 9% de la electricidad que consumimos a un precio accesible (…). Sostiene trabajo calificado y capacidades de ingeniería que son únicas en la región y en el mundo. Forma parte de una política de Estado que lleva más de 70 años. Esto es un negocio para amigos que van a hacerse de una empresa en la que el Estado invirtió durante décadas –advirtió Andrés Kreiner, docente e investigador superior del Conicet, en “Al infinito y más allá”, programa emitido por El Destape Ciencia–. Desde la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica nos vamos a oponer con todas las armas legales que nos da la democracia y el estado de derecho”.

También en una reunión realizada este lunes en la sede del Partido Justicialista sobre “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo Nacional”, en la que participaron tres nombres de referencia en el tema, se analizó la medida tomada por el gobierno de Javier Milei y todos coincidieron en considerarla no solo un despropósito, sino parte de una avanzada contra el ecosistema nuclear en su totalidad y que solo beneficiaría negociados e intereses espurios. 

“Ya en los años '90, se intentó privatizar NA-SA y no se pudo. La entrega del 44% no tiene ningún sentido –afirmó el físico e historiador de la ciencia y la tecnología Diego Hurtado de Mendoza, exvicepresidente de CNEA (ad honorem) y ex vicepresidente segundo de la Autoridad Regulatoria Nuclear–. Más allá de que vamos a tener una empresa mixta con mayoría del Estado, hay ahí una cláusula que está pasando por debajo de los radares, para volver a quitarle activos a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ya que debería entregar el 20% de las acciones de NA-SA a la Secretaría de Energía. Esto ya ocurrió durante el macrismo, cuando la CNEA tuvo que desprenderse del 51% de la empresa Dioxitek [de desarrollo y producción de combustibles nucleares] con el mismo destino”. 

“Están demoliendo el plan nuclear en una línea privatizadora que no sabemos para qué es –subrayó la también física Adriana Serquís, expresidenta de la CNEA y actual candidata a diputada nacional de Fuerza Patria por Río Negro–. Lo que nos preocupa es nuestra política de Estado. Por suerte, trabajadoras y trabajadores no se quedaron quietos, y están planteando que CNEA se defiende y NA-SA no se vende”. 

Y después de aclarar que no desempeña ninguna función pública, el ingeniero Luis Antúnez, doctor Honoris causa por la Universidad Tecnológica Nacional y expresidente de NA-SA en dos oportunidades, explicó que “Nucleoeléctrica no es exclusivamente una operadora de centrales nucleares. Es dueña de los diseños, diseñadora de las centrales, que adquirimos a lo largo de muchos años de trabajo y no pocas discusiones, propietaria del ciclo de uranio natural. Es innecesario privatizarla, no da pérdidas de ninguna manera. Pero además es un atentado al patrimonio nacional”.

Para Hurtado de Mendoza, “está claro que no saben muy bien qué hacer con el sector nuclear, pero saben que se puede hacer negocios. Se presentó un ‘plan nuclear argentino’, que podríamos llamar ‘Plan Reidel’, que de plan nuclear y de argentino no tiene nada; cuando se disipa el humo de lo que vienen diciendo, queda una privatización que pierde sentido cuando llega al 44%. Esto era una privatización del 100%, se encontraron con la resistencia de nuestro sector y tuvieron que bajar”.

Antúnez enfatizó que NA-SA no solo tiene un enorme patrimonio tangible, sino también intangible: “el que está en manos de su personal, de sus científicos, de sus tecnólogos, de sus técnicos y de sus operarios –subrayó–. Hemos hecho verdaderos milagros, el último fue la reparación interna del reactor de Atucha II”, que el diseñador original no pudo resolver.

NA-SA tiene dos centrales funcionando (una de ellas con “extensión de vida” completada hace poco) y una parada desde 2024, Atucha I, en extensión de vida después de haber funcionado de corrido durante 50 años y que podrá seguir entregando energía por 30 años más. “Que una máquina que tenía 25 años de vida proyectada haya corrido 50 es mérito de los predecesores en la dirección de centrales nucleares y de nosotros, los de NA-SA”, afirmó Antúnez. La compañía “se da el lujo” de tener beneficio cero” porque la ley dispone que los generadores estatales trabajen a la tarifa que el gobierno considera justa. “Una empresa rara, pero que da gusto manejar”, agregó. 

De acuerdo con su visión, “todas las privatizaciones se hicieron con el criterio conveniente de quien está dispuesto a cambiar un puñado de dólares hoy por 80 años de flujo monumental más tarde. La construcción [de las centrales] la pagamos todos los argentinos. Al privatizar desaparecen todos los avances tecnológicos (como el ciclo de uranio natural), ya que si el socio es estadounidense no tiene el menor interés en preservarlos. Por eso digo que la privatización es innecesaria, pero además es lesiva para el patrimonio nacional y de todos nosotros”.

Otra decisión que mantiene en alerta a la comunidad nuclear fue la paralización del prototipo de pequeño reactor modular Carem 25, cuya obra alcanzó un 65% de avance, que hasta no hace mucho era el más próximo a finalizarse en el mundo, y con diseño nacional.

Serquís refutó las falacias que se echaron a correr para detener su construcción. El Carem 25 tenía como principal objetivo ser una planta de demostración del primer reactor nuclear de potencia (para producir energía) de diseño nacional, desarrollado sobre la base de la experiencia de Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, a diferencia de los que exporta Invap, que son de investigación o multipropósito, con otro tipo de aplicaciones. No se pensó para reemplazar las grandes centrales, sino para su aplicación en industrias, regiones remotas, para desalinizar agua de mar, producir hidrógeno y también, eventualmente, para alimentar la inteligencia artificial. Entre sus ventajas se cuentan un menor costo inicial, posibilidad de secuenciar la inversión, menor riesgo financiero, fabricación distribuida. Y, desde el punto de vista de la innovación, contar con mecanismos de seguridad pasivos, sin necesidad de que intervengan personas, lo que podría aumentar la licencia social hacia este tipo de tecnología. 

“La razón por la que se lo está desfinanciando y dejando morir no es la que dicen –destacó Serquís–. Se argumentó que no es comercialmente viable, que tenía problemas técnicos, pero todo eso se puede refutar y organismos internacionales como la Nuclear Energy Agency (NEA) lo incluía entre los proyectos más avanzados. Por ejemplo, el Nuscale, de los Estados Unidos, recién tuvo el diseño certificado en 2022, cuando la evaluación del diseño de Rolls-Royce (Reino Unido) estaba en cero. Lo mismo con la obra civil: mientras en el Carem el avance era del 85%, el de los otros dos proyectos era del 0%. Cuando dejé la gestión, llevábamos más o menos 750 millones de dólares invertidos, mientras que el Nuscale ya llevaba 1.400 millones de dólares. Qué bueno para los EE.UU sacarse de encima un competidor ¿no?”. En el tablero elaborado por la NEA, el Carem tenía un grado de construcción comparable con proyectos similares en Corea, Japón, Rusia y China.

Otra de las objeciones que se le hacen al Carem es su poca viabilidad comercial, pero de acuerdo con evaluaciones mencionadas por Serquís, solamente considerando un escenario de mínima que contemplaba la venta de cuatro centrales a países que se van incorporando al sector nuclear se alcanzaba una cifra de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por cada una.

“¿A quiénes no les interesa que este proyecto siga en marcha en el que desde octubre del año pasado se invirtieron cero pesos y que contaba con más de mil contratos para la provisión de ingeniería, servicios y componentes –se preguntó–? Era un reactor nuclear de innovación a nivel mundial con fecha prevista para su finalización en noviembre del 2028. Por supuesto, con la obra frenada, ya se perdió la ventaja que teníamos en comparación con muchos de los otros proyectos que planean comenzar a funcionar después de 2030”. 

Las inversiones acumuladas en el Carem al 31 de marzo último fueron de 720 millones de dólares, y se estimaba que faltaban unos 260 millones que para finalizarlo. Ya renunció más del 20% del personal. En lugar del Carem, el gobierno promete terminar en cinco años cuatro ACR-300, el modelo patentado por Invap a través de Meitner (una compañía cuyo paquete accionario le pertenece en un 60% a Ansari y en un 40% a Invap, y que está contratando personal que abandona el Carem) en la zona donde supuestamente debería estar Atucha III. “Por lo que nos cuentan –mencionó Serquís–, su sede está en un coworking, y tiene aproximadamente 50 empleados. Y lo peor de todo es que están demoliendo el plan nuclear con una estrategia privatizadora y que no sabemos para qué es”.

Ya en julio, Eduardo Gigante, ingeniero especializado en energía y minería de litio, había publicado un hilo en X (https://x.com/eddiegigante/status/1948537985726906406) en el que opinaba sobre el Carem: “Abandonar un proyecto de esta magnitud y con este grado de avance por dogma y estupideces me parece lo más idiota que existe, por supuesto nuestros competidores súper chochos de la vida, es lo mejor que les podía pasar, uno menos”, escribió.

Por esa fecha, El Cohete a la Luna publicó un artículo de Hurtado de Mendoza titulado “Humo nuclear”, donde detalla las inconsistencias del presunto “plan nuclear” presentado por Demian Reidel y diseñado sin intervención de especialistas de la CNEA: “El amigo del Presidente habla de cuatro módulos ACR-300 en cinco años –escribió el físico–. Para eso hace falta licenciar el proceso en la Argentina. No en Estados Unidos, que era el objetivo de Invap al crear la empresa Meitner Energy. No es un proceso sencillo en ninguno de los dos casos. Acá, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) no licencia diseños –como la Nuclear Regulatory Agency (NRC) en Estados Unidos–, sino instalaciones. Entonces, primero hay que discutir la ingeniería básica con la ARN y luego licenciar el sitio de emplazamiento, que el ‘Plan Reidel’ decidió que será Atucha. Hasta acá tenemos tres o cuatro años. Tramitados los fondos para la obra, si se tienen en cuenta los imponderables que aparecen cuando se avanza en la ingeniería de un diseño nuevo, debemos sumar otros cuatro años. Es decir, que en una Argentina platónica ya estamos en los siete u ocho años y todavía en la mitad del río”.

En la reunión sobre el rol del ecosistema nuclear, Hurtado además hizo notar que, de acuerdo con Infobae, la Argentina se suma como primer país latinoamericano al programa norteamericano First. “Lo que vemos detrás son cuatro órdenes ejecutivas (algo así como DNU de Trump), que se proponen relanzar la industria nuclear de los Estados Unidos, subrayó–. Por eso la paralización del Carem y la promesa de humo de un reactor, el ACR 300, que hoy está en cero. Aplaudimos a Invap por haber desarrollado una patente. La intención original era ir a comercializarlo a los EE.UU. Sería muy virtuoso que la Argentina terminara su prototipo de pequeño reactor modular y una empresa nacional de la Provincia de Río Negro comercializara en Norteamérica un pequeño reactor modular patentado allá”.