El proceso de apertura de importaciones, impulsado por el presidente Javier Milei, es una de las estrategias clave de la administración libertaria para avanzar contra una industria nacional que se encuentra cada vez más golpeada. En ese contexto, el personal de la Petroquímica Río Tercero (PR3) se declaró en estado de Asamblea Permanente Informativa, tras denunciar que la empresa no efectuó la totalidad del pago del sueldo del mes de julio, lo que agudizó el conflicto en la fábrica cordobesa.
En un clima de tensión creciente, los trabajadores aseguraron que las autoridades empresariales, en representación de sus gerentes, "extorsionaron al sindicato a efectuar el 50 por ciento del salario a cambio" de que se desconociera "la conciliación obligatoria" dictada por el Ministerio de Trabajo provincial, y así entregar "el futuro de los compañeros tanto despedidos como dispensados”. Inmediatamente, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQyPRA), que conduce Omar Barbero, declaró el estado de alerta y manifestó su "apoyo incondicional" al sindicato local.
La situación escaló el pasado 14 de julio, luego que la empresa anunciara el despido de 124 empleados, que incluía operarios de diversos sectores y personal jerárquico. Estas desvinculaciones se sumaron a 140 ceses que se produjeron en octubre de 2024, en lo que fue calificado como "una masacre laboral". Mediante un comunicado oficial, las autoridades empresariales habían justificado la decisión debido a la "situación económico financiera de la compañía" y argumentaron que se debe encarar “una profunda transformación” para garantizar su continuidad.
Esto desató medidas de fuerza por parte de los trabajadores, las cuales incluyeron paro total, huelga y bloqueo del polo químico. Frente a esto, el Ministerio de Trabajo de Córdoba intervino en el conflicto y dictó conciliación obligatoria que venció el pasado 4 de agosto, pero que luego fue prolongada hasta el 18 de este mes.
En diálogo con El Destape, el secretario gremial del Sindicato de Personal Químico y Petroquímico de Río Tercero (SPIQYP), Lucas Felici, dijo que las crueles determinaciones que vienen realizando los empresarios se pueden enmarcar en una posible "venta detrás" o "alguna situación empresarial". Además, afirmó que la compañía "había incumplido" con lo prometido y que el sindicato ya había denunciado un lockout patronal hace menos de un mes por el vaciamiento de tanques y la paralización de la producción.
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Según denunció Felici, “la empresa busca romper el convenio colectivo de trabajo, flexibilizar condiciones y aprovecharse del clima político actual”. Asimismo, señaló que el accionar de las autoridades responde a la posibilidad que tienen los empresarios de "comprar e importar el producto" a un menor costo, en lugar de producirlo localmente. Esta "liberación de las importaciones de manera indiscriminada" les permite a las compañías alcanzar sus objetivos económicos, lo que a su vez impacta en la producción nacional y deja en vilo a muchas familias que sufren las consecuencias de la crisis.
Ahora, el sindicato señaló que "no va a permitir que nuestros salarios, las necesidades de nuestros hijos y el futuro de nuestras familias sean pisoteadas por un par de empresarios que quieren llevar a la quiebra no sólo la fábrica sino nuestras vidas y nuestras convicciones”. Además, advirtieron que “se vivió una situación de tensión con la policía local", que bloqueó el portón e imposibilitó el ingreso de los trabajadores en plena conciliación.
A su vez, los representantes gremiales llamaron a "todo el arco obrero y social de la provincia al portón de la Petroquímica a luchar por los derechos, las conquistas y la dignidad de la clase trabajadora". La consigna es clara: "¡LA INDUSTRIA SE DEFIENDE! ¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES!".
Petroquímica Río Tercero: más de 200 despidos exponen la réplica del modelo de los 90
A comienzos de 2024, la empresa tenía 375 trabajadores directos y aproximadamente 80 indirectos, es decir, empleados de empresas contratistas. El 9 de octubre pasado, las autoridades anunciaron el cierre de una línea de producción por las "complicaciones" que tuvo para hacerle frente a la competencia de elaboración de TDI (diisocianato de tolueno). De esta manera, sostuvieron que se dio comienzo a un proceso de "reconversión" que buscaba "asegurar la continuidad en el resto de sus operaciones, y mejorar la competitividad de sus clientes en el mercado local y regional de TDI".
Después 90 días de acampe, de huelgas y de una lucha importante que hizo el conjunto de trabajadores, lograron restablecer el ingreso de una parte del personal. Pero la decisión fue un golpe rotundo: 250 trabajadores directos y 15 trabajadores contratistas quedaran a la deriva. El impacto económico y social es de carácter nacional, no solo por los despidos, sino también por el desabastecimiento de insumos clave para la industria argentina. El TDI se usa en la fabricación de espumas de poliuretano, elastómeros y revestimientos: el cierre de la planta cordobesa obliga a importar este producto desde Asia, encareciendo los costos y afectando considerablemente a las pymes que dependen de él.
Mientras el gobierno de Milei hace todo lo posible para establecer una brutal reforma laboral que habilite el despido de los empleados públicos de planta permanente, los trabajadores privados también sufren el modelo de ajuste. Felici aseguró que el Presidente "viene a destruir todo", ya que plantea "una política de desguace" y la "entrega de la soberanía o lo que nos quedaba de ella". Sobre la reforma, señaló que "todo lo escrito en ella va en desmedro de los intereses de la clase trabajadora".
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