En medio de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei, la única empresa fabricante de aisladores eléctricos del país cerró sus puertas y trajo preocupación en el sector, ya que era la que abastecía a gran parte del mercado.
Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), que tenía su planta en Monte Grande, Esteban Echeverría, y que desde 1938 era uno de los pilares del abastecimiento del sistema eléctrico.
Por este motivo, el Gobierno nacional suspendió por seis meses los aranceles antidumping que gravaban la importación de estos productos para que se puedan ingresar desde el exterior estos insumos clave y evitar fallas en la red eléctrica.
Estos tributos aduaneros están vigentes desde el 2015 y, según trascendió, fue la propia industria la que solicitó al Ministerio de Economía el levantamiento de las medidas que limitaban el ingreso de este insumo. Esto es para evitar fugas de electricidad y asegurar el funcionamiento seguro de la red nacional.
El cierre de FAPA sin vuelta atrás
La empresa FAPA procedió a la liquidación total de su planta y el remate de toda su maquinaria, marcando que la decisión no tiene vuelta atrás y que el país se quedó sin capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo.
Los trabajadores se quedaron sin su fuente de ingreso en el contexto de crisis y se suman a la larga lista de personas despedidas por el cierre o achique de fábricas en el país en los últimos dos años.
El desarrollo de la planta estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones. De acuerdo con la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (Cadieel), la firma cubría la totalidad de la producción argentina de aisladores de porcelana.
Además, la firma abastecía aproximadamente el 70 por ciento del consumo aparente, por lo cual el mercado quedó completamente dependiente de la oferta extranjera, especialmente de China, Brasil y Colombia.
En la medida que suspende los aranceles de importación y que lleva la firma del ministro de Economía Luis Caputo, se remarca: "La permanencia de la medida no solo carecería de objeto ante la inexistencia de producción nacional, sino que podría transformarse en un obstáculo para la estabilidad del servicio público eléctrico, afectando en forma notoria e injustificada el funcionamiento de una infraestructura crítica como lo es la red eléctrica".
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