La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei no discrimina a ningún sector y una fábrica clave para la industria nacional despidió a 41 trabajadores argumentando que necesitaba reducir el personal.
Se trata de Alcalis de la Patagonia (Alpat) que realizó estas desvinculaciones en su planta de San Antonio, Río Negro. La empresa es la única en Sudamérica que produce carbonato de sodio, una sustancia fundamental en la industria del vidrio, la fabricación de detergentes y jabones, y tiene usos en la industria alimentaria como regulador de pH y agente leudante.
Alpat emplea a unos 500 trabajadores y a principios de año presentó un plan de crisis a la secretaría de Trabajo que derivó en una asistencia por parte del Estado provincial, que comprende cinco cuotas mensuales de unos 617 mil dólares.
Sin embargo, siguió adelante con su plan de reducción del plantel y propuso un régimen de retiro voluntario que no logró las expectativas de la empresa y tras esto decidió avanzar con los despidos.
Las partes tuvieron una audiencia, pero los despidos siguieron firmes
Tras esto, el gremio de los químicos (Spiquyp) hizo una presentación y en la cartera de trabajo provincial, sumado a una protesta y movilización. En el escrito, desde el sindicato sostuvieron que “los despidos masivos dispuestos afectan de manera directa a 41 familias, al tejido social local y a la economía de la comunidad de San Antonio Oeste".
"Se incrementa la inseguridad económica y social de los hogares afectados, la estabilidad de servicios y comercios locales, debilita la cohesión social, al generar incertidumbre y miedo entre el resto del personal. Constituye un acto de impacto colectivo que evidencia mala fe empresarial, al sacrificar el bienestar social en beneficio de intereses unilaterales de la compañía”, sumaron.
La secretaría de Trabajo dispuso una audiencia entre las partes. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. "La negociación derivó en un acuerdo, tuvo el consenso de la gente por sus logros, pero, al otro día, 41 trabajadores recibieron el telegrama de despido", expresó el secretario general de Spiquyp Ariel Castillo.
También detalló que los representantes de la empresa "no dijeron nada en la audiencia" y sostuvo que los telegramas ya estaban hechos y no había intenciones de volver para atrás con la decisión.
Asimismo, aseguró que “los despidos fueron intempestivos y antisindicales” y que no hubo comunicación previa al sindicato "configurando un acto manifiestamente violatorio del orden público laboral".
La cartera de Trabajo volvió a intervenir disponiendo una “conciliación obligatoria” por 10 días hábiles y una nueva audiencia, con lo cual los trabajadores deberán volver a sus puestos hasta que se llegue a un acuerdo.
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