Dos años después del crimen de Fernando Báez Sosa los señalados como asesinos recibieron su condena, después de poco más de 30 días de juicio en el que se presentaron más de 80 testigos. Las sentencias aún no quedaron firmes, dado que están en revisión ante la Suprema Corte Bonaerense, que todavía no dictó resolución definitiva. En ese marco, se renovó el interés por una estrategia a la que apelaron los abogados de los rugbiers condenados, quienes llegaron a plantear tres meses después de la resolución que Fernando murió en el hospital y no en la calle. Este dato implicó un cambio en su defensa, que sin embargo los jueces no escucharon.
El 23 de mayo de 2023, tres meses después de la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal de Dolores que condenó a perpetua a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi y Matías Benicelli, y a 15 años de cárcel a Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, la defensa de los condenados presentó como prueba un electrocardiograma que le practicaron a Fernando porque querían demostrar que él tenía signos vitales aún en el hospital, donde luego habría muerto. Hugo Tomei prentendía, con este documento, reavivar la discusión sobre el causal de la muerte y darle impulso a su planteo contra las condenas.
El electro, fechado el 18 de enero de 2020, el día del crimen, sostiene que el joven habría fallecido en el hospital, y no en la vereda frente al boliche Le Brique de Villa Gesell, como estableció el juicio oral de 2023. El informe contradice a varios testigos que declararon que Fernando "no tenía signos vitales" cuando fue asistido en la vía pública. De acuerdo a lo que explicó la defensa, los registros cardíacos demostrarían que llegó con vida al hospital. Sin embargo, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, relativizó la importancia de la prueba. En diálogo con El Destape, explicó que los signos detectados en el informe podrían deberse a medicación utilizada en maniobras de reanimación: "Para nosotros, Fernando falleció en el lugar", afirmó.
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Qué argumentaron los testigos y qué pasó con el electrocardiograma
La emergentólóga Carolina Giribaldi Larrosa, personal del hospital Illia que declaró en el juicio y que atendió a Báez Sosa desde que fue subido a la ambulancia, explicó que "no tenía movimiento respiratorio y no tenía pulso" cuando el personal del SAME lo atendió en la vereda. En el viaje al hospital, se le continuó practicando RCP y con oxígeno porque "no presentaba signos vitales".
Diego Duarte, el personal forense que fue quien hizo la autopsia, testificó que la muerte de Báez Sosa fue "instantánea" por "golpes multidireccionales en la cabeza". Al finalizar su declaración Fernando Burlando expresó que él "especula" con que a Báez Sosa "le pegaron incluso estando muerto".
El abogado defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, apuntó contra la fiscalía y acusó una ocultación de pruebas que, según él, modificaron la interpretación del fallo. Burlando, por su parte, sostuvo que la prueba estaba disponible y que fue la defensa la que decidió no incorporarla en su momento. Sin embargo, el electrocardiograma figura dentro de la historia clínica de Báez Sosa aunque no forma parte de las pruebas finales.
Los ocho condenados fueron considerados penalmente responsables del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", aunque no todos recibieron las mismas penas. Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi y Matías Benicelli fueron condenados a perpetua, en tanto que Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz fueron considerados partícipes secundarios.
La sentencia en primera instancia fue confirmada luego por Casación. Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García habían apelado para que se considere a todos los imputados como coautores y se unificaran las penas en perpetua. La defensa de los rugbiers, en cambio, había reiterado sus pedidos de nulidad y había señalado "incongruencias" entre la imputación original y la sentencia. La palabra final la tiene ahora la Suprema Corte Bonaerense.
Mientras tanto, los ocho condenados permanecen detenidos en la Alcaidía del penal de Melchor Romero, en La Plata, a la espera de la resolución del Tribunal de Casación Penal. Si bien la defensa insiste en instalar la idea de que Fernando murió en el hospital, los familiares del joven aseguran que se trató de un intento de confundir a la opinión pública. Para Burlando no quedan dudas: "Lo que buscan es desviar el foco de lo esencial: la brutal golpiza que terminó con la vida de Fernando".
