La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo clave para el derecho ambiental. El máximo tribunal del país ordenó implementar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo producido en el Parque Nacional Calilegua, por el daño que causó la actividad petrolera. La condena abarca al Estado Nacional, a la provincia de Jujuy y a dos empresas petroleras a restablecer las condiciones del parque a su estado anterior. La causa fue impulsada por vecinos del área protegida.
Tanto la provincia de Jujuy como las sociedades "Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado" y "Jujuy Hidrocarburos Sociedad Anónima Unipersonal" deberán implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo y de la actividad petrolera del yacimiento Caimancito.
En el fallo realizado, el tribunal se explaya sobre como se deben llevar a cabo estas medidas y pone un plazo para realizarlas: "con la totalidad de los requisitos técnicos y legales establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y por la Administración de Parques Nacionales, en un plazo que tendrá como fecha límite para su conclusión el 31 de diciembre del año 2030".
A su vez, la sentencia condena al Estado Nacional a responder de forma solidaria, lo cual complementaria la efectiva implementación y ejecución del plan. La corte determinó que "La Administración de Parques Nacionales deberá supervisar la implementación y ejecución".
Por su parte, la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace aseguró que el parque concentra la mitad de las aves del país y animales en peligro de extinción, como el yaguareté.
Con respecto a la decisión de la Corte aseguró que "se trata de un fallo histórico que por fin resolverá algo que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo junto a guardaparques, vecinos, comunidades indígenas y organizaciones sociales".
MÁS INFO
Por el momento, habrá que esperar para ver cuanto del daño causado al parque será susceptible de recomposición.
El accionar de los vecinos del Parque Nacional Calilegua
El reclamo de los vecinos por el daño ambiental que se estaba llevando a cabo en el Parque Nacional Calilegua data del año 2014.
La acción de amparo que se llevó a cabo fue clave para llegar al fallo de la Corte Suprema, en el mismo se denunciaba la explotación petrolera en el parque y la omisión del control ambiental correspondiente.
La decisión del máximo tribunal fue unánime y la misma declaró ilegal la actividad hidrocarburífera en el área protegida.