A la vez que en la Argentina avanza un proyecto punitivista para que los chicos y las chicas sean penalmente responsables desde los 14 años, hay una pregunta central y, a la vez, ausente: ¿qué hacer con los adolescentes no punibles? Para Gustavo Daniel Moreno, especialista en derecho de familia e infancias de larga trayectoria, esta es una cuestión clave a la hora de rediscutir un nuevo régimen penal juvenil.
Asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Moreno aseguró que hace años se busca derogar la ley 22.278, sancionada por la dictadura, pero que el debate termina reducido a la baja de la edad de punibilidad, sin llegar a respuestas concretas, ni políticas públicas. Además, explicó que “se le vende a la gente” que esto va a mejorar la seguridad ciudadana, cuando “la cantidad de delitos que cometen los adolescentes es mínima”.
“Lo único que hace la conducta cometida es mostrar la foto de una película anterior y la vulneración de los derechos preexistentes de un chico”, describió el también secretario general de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF).
Partiendo de la idea de que ningún chico nace delincuente, desde su experiencia, ¿cuáles son los factores más profundos, estructurales, del delito adolescente?
Cuando ingresamos a las familias de estos chicos, en la mayoría de los casos no tenemos esa imagen de papá y mamá continente, con hermanos continentes, eso no existe. Muchas veces, la familia también está involucrada en actitudes delictivas, está trazada por la baja calificación laboral y escolar de los adultos, y atravesada por muchas situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, es una situación multicausal, que sí o sí se relaciona con la vulneración de los derechos preexistentes de un chico. Lo único que hace la conducta cometida es mostrar la foto de una película anterior. Hay que pasar el film para atrás y vamos a encontrar qué llevó a ese chico a cometer el ilícito.
¿Cuáles son las dificultades y vulneraciones que relatan las familias?
Más que lo que cuenta la familia, es lo que refiere su historia. Familias siempre en situación de mucha vulnerabilidad socioeconómica y vincular, muy diferentes a lo que conocemos desde el estereotipo. Son vínculos violentos, de situaciones de abusos, de falta del sustento mínimo, en barrios con realidades muy complicadas. Estas situaciones se ven en la mayoría de los chicos, no digo todos, porque justamente en la Ciudad Autónoma está aumentando un delito juvenil ligado a cuestiones informáticas y digitales, y cambia claramente el sector. Es algo bastante embrionario, pero que se empieza a ver.
Desde la estadística, ¿qué características poseen estos adolescentes?
Las cifras son malas porque son provinciales y no tienen los mismos criterios de medición. A veces, se tienen en cuenta las denuncias y otras, los debidos procesos. Hay pocas estadísticas sobre franjas etarias y a qué sectores sociales pertenecen estos adolescentes, pero en lo que estamos completamente de acuerdo la mayoría de los magistrados y las magistradas de todo el país es que la mayoría de los chicos que ingresan al sistema penal juvenil por la comisión de alguna conducta que la ley califica como un ilícito penal son principalmente varones de sectores pauperizados. Esto se ve con claridad porque la mayor cantidad de delitos que cometen estos jóvenes, punibles y no punibles, son delitos contra la propiedad. No estoy diciendo que la pobreza implica que un niño vaya a ser delincuente. No. Lo que digo es que ahí hay un dato objetivo.
Mencionaba a los menores punibles y no punibles, ¿qué dice al respecto la legislación actual?
Hoy en Argentina ningún chico que no haya cumplido 16 años es punible. Y tampoco lo es el que está en la franja de 16 a 17 respecto de delitos con pena privativa de la libertad que no exceda dos años. Es decir, todos lo de 15 para abajo, incluidos los de 15, no pueden ser perseguidos penalmente; y los que tienen 16 y 17, solo en algunos casos. Esto lo establece una ley de la época de la dictadura, la 22.278, que hace años queremos derogar. Pero siempre nos quedamos trabados en el tema de la baja de edad y con esto no podemos tener mejores leyes de responsabilidad penal juvenil. Sí tenemos leyes procesales de responsabilidad penal juvenil, algunas muy buenas, otras no tanto. Esto es lo que el presidente Milei quiere modificar, como también muchos de los 14 proyectos que están en Diputados, que promueven bajar la edad, algunos a 15, otros a 14, el del Presidente a 13. El dictamen de mayoría que cuestionamos está aprobado por la comisiones de Familia, Legislación General, Justicia, y Presupuesto y Hacienda, y baja la edad a 14 años para todos los delitos.
¿Qué pasa hoy con un chico menor de 16 años que comete un tipo de delito?
Cada provincia tiene su ley procesal de responsabilidad penal juvenil. Pero los delitos graves de no punibles son muy pocos y no se dan en todo el país, aunque son los que salen en los medios de comunicación. Básicamente, la mayor cantidad está en la provincia de Buenos Aires. Ese chico queda a disposición del juez penal juvenil. Algunas leyes provinciales han planteado sanciones socioeducativas, es decir, el ingreso a determinados programas. Pero no todas tienen estas políticas públicas y muchas confunden o mezclan a niños y niñas no punibles con punibles, y en las situaciones de delitos más graves, el niño que queda encerrado. En Buenos Aires hay entre 40 y 50 chicos por debajo de la edad privados de su libertad con medidas de seguridad. Mucha gente cree que los chicos quedan "sueltos" o libres en los delitos graves. En la provincia no es así. Pero estas medidas son muy cuestionables porque los chicos quedan sin plazo detenidos hasta la mayoría de edad, sin ningún tipo de garantía procesal.
¿Cómo es la situación en otras provincias?
Cada una toma sus medidas. Obviamente, Buenos Aires toma esta medida porque la gravedad de la situación es mayor. En Catamarca, la cantidad de niños y niñas no punibles es muy inferior en delitos, sobre todo, graves. A veces, la cuestión es más compleja en provincias donde no existe la medida de privación de la libertad. Muchas veces, los jueces no saben qué hacer, pero la dictan igual. Hace dos meses ha habido un caso en Santiago del Estero donde, si bien la ley dice que a los chicos hay que ponerlos a disposición del organismo de protección integral, el juez penal, aun siendo no punible, dispuso la medida cautelar. En los delitos menos graves, la intervención, en general, la tienen los organismos administrativos de protección integral. Entonces la situación de los chicos no punibles es distinta en todo el país y responde a la legislación provincial.
¿Qué capacidad de acción tienen los organismos de protección?
Dependen de los poderes ejecutivos provinciales o municipales y, en todo el país, tienen un grave desfinanciamiento. Hoy, son la boca de entrada de cualquier situación con las infancias, no suele ser la justicia de familia ni la penal juvenil, y son quienes deben ejecutar la política pública, controlar los programas, hacer que los chicos ingresen. Y esto no existe. Es como una gran deuda de la democracia. Desde 2005 los organismos no están funcionando, básicamente, por la falta de financiamiento.
Una pregunta central es cómo prevenir la reiterancia y asegurar la inserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal sin privarlos de la libertad. ¿Qué respuesta hay?
Primero, hay que hacer una fuerte autocrítica, porque hace 20 años venimos diciendo "no a la baja". Hay grupos que se llaman No a la baja; hemos firmado desde la AJUNAF hace unos días, junto a un montón de defensorías del niño, un comunicado, y todos estamos de acuerdo en eso. Pero hay que hacer un mea culpa de que nunca pudimos obligar a los estados nacional, provinciales y municipales a que elaboren políticas para los menores de 16 años. Acá hemos fallado. Nadie sabe qué hacer con los no punibles. Porque esta pregunta va a aparecer incluso si sale la ley que lleva adelante el Congreso. Cuando haya un delito grave cometido por un chico de 13, ahí van a decir “¿ven?, había que bajarlo a 13, como decía Milei”, y así se podría seguir. Entonces, el problema es qué hacemos con los no punibles.
¿Cuáles son los escenarios que se plantean?
Nadie va a decir que está bien que un chico se cuelgue de una anciana de 80 años, la tire al piso y le rompa la cadera para robarle el celular. La gente está reclamando que el Estado haga algo con estos chicos. Y acá empieza a haber un tema de ideologismo. Yo creo que hay que generar programas de no punibles que sean obligatorios para determinados delitos. Porque decirle al niño o a la niña “¿te querés incorporar a un programa? Tenés que trabajar la voluntad” me parece muy interesante desde lo ideológico, pero la verdad es que hay chicos que no tienen familia, no tienen un adulto responsable, o tienen adultos comprometidos con el delito, que no los van a dejar ingresar a ningún programa voluntario. Entonces, hay que buscar programas obligatorios, controlados por una autoridad judicial, que debe ser claramente un juez de familia, para sacar al chico no punible del sistema penal, y que lo controle, que lo siga. Algunos dicen que esto es control social y que es volver al juez paternalista. Bueno, no sé si es paternalista o no, de lo que estoy seguro es que el Estado debe hacer un seguimiento en territorio de estos chicos, saber qué derechos han sido violados en su película para atrás. Hay que trabajar sobre eso porque es un momento de coyuntura muy grave.
El proyecto en debate parte de una falsa premisa: una supuesta ola de delito adolescente. Y a eso se suma la opción por el castigo a las chicas y chicos. ¿Por qué cree que es así?
Porque la idea de castigo está muy vendida en nuestra sociedad. Además, la mayoría de los proyectos, por no decir todos, plantean que esto va a mejorar la seguridad ciudadana. Es algo que se le vende a la gente, cuando la mayoría de las estadísticas dicen que en la actualidad el delito de los no punibles no pasa del 4% en todo el país. Con lo cual, no sé de qué seguridad ciudadana están hablando. En el mapa del delito, la cantidad de delitos que cometen los adolescentes es mínima. Trabajemos sobre esto. Lo que pasa es que tampoco hemos hecho nada durante todos estos años. Cuando aparece un caso como el de Kim (Gómez), que es muy grave, parece que se activan todas las alarmas. Así como se activó en el caso Loan el tema del delito de la compraventa de niños y niñas de corta edad. Es decir, todo el proceso funciona por reacción.
¿Se podría pensar en una baja de edad de punibilidad para ciertos delitos graves?
Es una postura que no comparto, pero me parece muy pragmática y entendible. Desde lo teórico, todas las recomendaciones internacionales piden por favor a los países que no bajen la edad mínima de responsabilidad penal para ningún delito, como lo advirtió el Comité de Naciones Unidas. Ahora, sí es verdad que se podría bajar la edad para delitos que son muy graves, como homicidio y violaciones, o que tienen condena de prisión perpetua. La participación de los adolescentes en estos delitos es mínima, entonces no tendría un impacto grave en perjuicio de los chicos. Es una alternativa que algunos diputados y diputadas, con cierto pragmatismo, me consta que trataron en comisiones pero tampoco tuvo éxito.
¿Qué otros aspectos del dictamen que se obtuvo en mayo de 2025 son los más cuestionables?
Que la baja es para todos los delitos, trata por igual un hurto escolar que un delito gravísimo, y establece una máxima muy alta: 15 años. Además, hay cuestiones que no están claras, como el hecho de que los no punibles queden también dentro del sistema penal, con control judicial de un juez penal, que tiene siempre una mirada persecutoria. Tampoco está claro qué va a pasar con las leyes provinciales de responsabilidad penal. Esto es grave porque cada ley tiene su competencia. Algunos dicen que las competencias provinciales invadieron la jurisdicción nacional. Va a ser muy complicada la aplicación de esta ley. Otro tema es el financiamiento. Es un “como si”, porque el financiamiento lo tendrían que hacer las provincias, con lo cual, no se crea un fondo. El dinero va a salir de las provincias o de lo que les transfiera el gobierno dentro de lo que regularmente les transfiere. Esto va a implicar en algunas provincias poner un juez penal juvenil más, un defensor juvenil, un fiscal juvenil, establecer procedimientos, dictar nueva normativa, tener lugares de detención, tener personal de seguimiento con supervisión para los chicos. Poner esta ley en funcionamiento implica mucho dinero. Les he transmitido mi preocupación por esto a diputadas y diputados, porque son sus propias provincias las que van a tener que financiar esta ley.
¿Cuentan con equipos suficientes especializados en infancias y adolescencias?
Hay personas especializadas en muchas provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, hay muy buenos equipos. Ahora, el tema que muchas veces sucede en las provincias es quién elige al equipo. Estas personas van a acompañar la vida de los chicos y, para eso, hay que tener mucho oficio, experiencia y territorialidad, porque el acompañamiento no es llamar al chico desde tu oficina, sino ir a verlo a los barrios. Esto depende de que se destine personal idóneo y la mejor forma son los concursos. El concurso a veces no garantiza que lleguen los mejores, pero garantiza que no lleguen los peores. Eso sí lo puedo afirmar.
¿Qué modelos de intervención mostraron ser efectivos para ayudar a chicos a salir de la criminalidad?
Las mejores experiencias exitosas no son las del Poder Judicial, son las de organizaciones no gubernamentales que trabajan en territorio, organizaciones de red comunitaria que pertenecen muchas veces a los mismos territorios y son financiadas por el Estado. Un ejemplo claro son los Hogares de Cristo, que dependen del equipo de curas de villas. Son los que mejor funcionan en Argentina, obviamente financiados o subvencionados, muchas veces, por el Estado nacional, provincial, por la Ciudad Autónoma o los municipios. Tienen un sistema de acompañamiento par, que es que alguien que ha pasado por esta situación acompaña al adolescente. Lo acompañan al Muñiz si tiene HIV, a sacarse un turno; lo acompañan en situación de calle, algo que muchas veces el Estado no hace porque es muy burocrático. Es muy difícil decirle a un empleado andá a las 2 de la mañana a acompañar alguien al hospital o levantate a las 5 para sacar un turno. Hemos perdido esta cuestión de servidor público. Y esto muchas veces sí lo hacen las organizaciones comunitarias que trabajan de noche o en los pasillos de los barrios. Te diría que es una de las experiencias más exitosas. Algunos me van a poder decir que estos chicos tienen mucha recaída. Es verdad, pero siempre hay alguien que los acompaña. ¿Vuelven a cometer un ilícito? A veces sí. Pero es necesario un trabajo a la par. Y este es el mejor trabajo que yo veo. Una vez, me dijo un chico muy famoso en los medios al que fuimos a ver a Villa Caraza: "Ustedes siempre llegan tarde". Y es verdad, el Poder Judicial llega tarde, llega tarde a la vida de los chicos, llega tarde para reprimir y con una visión muy estigmatizante. Nosotros debemos trabajar en la prevención. Si desenrollamos la película para atrás, vamos a ver la cantidad de vulneraciones que cometió el Estado y que han cometido los adultos con estos chicos. Y es ahí donde deberíamos trabajar en una política más a futuro. Y eso es algo que no se soluciona con una ley de responsabilidad penal juvenil.
¿Cómo se podría intervenir de forma temprana para no llegar tarde?
Detectar estas situaciones de violencia en la escuela es fundamental. Todavía la escolarización en Argentina es masiva y la primera detección de situaciones de vulneraciones de derechos de los chicos la tienen las y los docentes. Voy a usar un término muy viejo: la escuela termina siendo un poco de “policiamiento estatal”, en el buen sentido, de control estatal. La escuela es el lugar donde se dan las vacunas, donde los chicos comen, donde se genera una empatía o una relación entre el alumno y el docente, al que le puede contar las situaciones de abuso que vive en su casa. La escuela es la que detecta que un chico no tiene medios, ni tiene vivienda o vive en calle. Al Isauro Arancibia, un establecimiento que conozco, por ejemplo, van chicos y chicas en situación de calle. Y después que detectamos las vulneraciones, hay que ver qué hacemos, porque no es la escuela quien tiene que actuar. Hay cuestiones que hay que judicializarlas contra el Estado. Es decir, si un chico no tiene acceso a una vivienda, el Estado tendrá que procurarle una vivienda a su familia; y si no tiene garantizada una cuestión de salud, hay que garantizar. Son estándares mínimos de derechos humanos. Pareciera que los únicos derechos humanos son cuando se cuestiona la libertad, por eso hoy todos los medios están con el tema de la baja de la edad y el sistema de responsabilidad penal juvenil. Quizás, no tiene la misma intensidad periodística el hambre, salvo cuando se muere alguien; la salud, la educación, la falta de vacantes de nivel inicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un montón de situaciones que vivimos, que son el comienzo de la historia de estos chicos.
Y ahí aparece el tema del acceso a la justicia, del que la mayoría de estas niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados no dispone.
Es absolutamente verdad. Lo primero que conoce un chico del sistema judicial o del sistema represivo es a la policía, y al defensor nunca lo conoce. Y al primer defensor que conocen es al defensor penal. Al defensor no penal, que puede ser de alguna forma quien le dé acceso a la justicia, no lo conoce. Es un déficit de la justicia. Nosotros trabajamos en oficinas, la descentralización es mínima, y cuando se descentralizan oficinas, nunca están a cargo de un magistrado, sino de un funcionario que no toma decisiones. Sería buenísimo poner una defensoría de menores dentro de las villas. Hubo proyectos de estos en algún momento, para detectar situaciones de vulneración, para exigirle al Estado o articular con el Estado. Decirle, acá tenemos muchos chicos que van a comedores, que necesitan esto para resolver determinada situación. Cuando pongamos más Estado en los asentamientos y villas, seguramente vamos a estar mejor, y cuando tengamos mayor exigibilidad de los derechos económicos y sociales por parte de los defensores, vamos a estar mejor. Litigar sobre vivienda, salud, alimentación es una obligación que marca el Código Civil y Comercial. Hoy es una obligación que muchos defensores no cumplen.
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