Los varones sí se organizan cuando odian: así se construye el hostigamiento hacia mujeres que definen como "vientres"

En el marco de un nuevo aniversario de la movilización de Ni Una Menos, el femicidio de Agostina Vega en Córdoba volvió a confrontar a la sociedad argentina con una realidad que persiste a pesar de una década de visibilización, movilización, reformas legislativas y políticas. La adolescente de 14 años fue asesinada el último fin de semana y el principal sospechoso es Claudio Barrelier, un hombre de 33 años cercano a su círculo familiar, que ya registraba antecedentes penales y una denuncia por abuso y privación ilegítima de la libertad de su ex pareja. La víctima estuvo desaparecida durante una semana antes de que su cuerpo fuera hallado desmembrado en un descampado de Ampliación Ferreyra. Lo llamativo es que, si bien la denuncia formal por desaparición se había realizado el domingo 24 a la mañana, el primer allanamiento ordenado por el fiscal Raúl Garzón a la casa del entonces sospechoso fue el miércoles 28, cuatro días después. 

La noticia volvió a activar la secuencia que siempre se repite ante este tipo de hechos: conmoción social y reacciones fragmentadas, indignación por un lado, revictimización y justificación del crimen por el otro; luego, el reclamo de justicia y explosión territorial; más adelante, pases de factura, denuncias por mal desempeño, e instrumentalización política del crimen; y hacia los márgenes, las preguntas que quedan pendientes, sin responder, acerca de por qué las denuncias previas, las alertas, las sospechas y las políticas vigentes no alcanzaron, nunca alcanzan, para evitar otro desenlace fatal. 

La organización digital del resentimiento

Una de las transformaciones más significativas y visibles de los últimos años es la consolidación de comunidades digitales que convierten la hostilidad hacia las mujeres en una identidad compartida y un espacio de pertenencia para varones, sobre todo jóvenes. Las investigaciones sobre la denominada Manósfera advierten la existencia y el crecimiento de redes globales integradas por grupos incel, comunidades masculinistas, influencers antifeministas, streamings libertarios y espacios de radicalización digital que comparten una misma narrativa: la idea de que los avances feministas produjeron una pérdida de estatus masculino y que muchos de los problemas contemporáneos tienen su origen en una supuesta autonomía excesiva y avance de las mujeres.

La característica más relevante de estos espacios, además del contenido misógino y violento de sus discursos, es su capacidad para producir pertenencia, comunidad, identidad y causa política. Las plataformas digitales y redes sociales permiten que individuos geográficamente dispersos puedan construir espacios de reconocimiento mutuo donde el resentimiento y la ira encuentran una validación constante, a la par que las frustraciones personales, vinculadas a la precarización, la soledad o las dificultades para construir vínculos afectivos, son reinterpretadas como parte de un conflicto de género. Las mujeres son presentadas como responsables de la crisis de las relaciones afectivas, de la soledad masculina, de la caída de la natalidad y de un proceso de decadencia social provocado por las transformaciones culturales y políticas de las últimas décadas. Lo que para los movimientos feministas representa una ampliación de derechos, para estos sectores aparece como una amenaza a sus privilegios.

En Argentina, la expansión de estas narrativas coincidió con el triunfo de Javier Mieli y la ampliación del discurso libertario a través de figuras capaces de traducir los repertorios globales de la reacción antifeminista al escenario local. Autores como Agustín Laje y Nicolás Márquez construyeron buena parte de su proyección pública y nicho de negocios alrededor de la crítica a los feminismos, las políticas de género y las agendas vinculadas a la diversidad sexual. El objetivo de este tipo de interlocutores es instalar en el sentido común que existe una ingeniería ideológica, anclada en las demandas de igualdad, destinada a alterar el orden social, destruir la familia o restringir libertades individuales. Para ello suelen simplificar procesos sociales complejos, ofrecen explicaciones sencillas e identifican un enemigo concreto y fácilmente reconocible: el feminismo. Fenómenos tan diversos como la crisis vincular, el malestar masculino o la caída de la natalidad terminan reinterpretados como consecuencias del empoderamiento femenino.

La antropóloga Rita Segato definió como “pedagogías de la crueldad” a aquellos procesos sociales que erosionan la capacidad de reconocer humanidad en los otros y vuelven tolerables distintas formas de violencia. Lejos de constituir una dinámica abstracta, la expansión de discursos misóginos en el territorio digital puede leerse como una expresión contemporánea de ese fenómeno. La reiteración permanente de mensajes que ridiculizan, cosifican o degradan a las mujeres no sólo produce daño individual sino que además contribuye a construir un clima cultural donde determinadas agresiones aparecen progresivamente normalizadas y socialmente aceptadas.

La expansión y legitimación de estos mensajes no puede analizarse por fuera del contexto político y la denominada batalla cultural del gobierno, que convirtió al feminismo y a las políticas de género en uno de sus principales focos de ataque. Lo que durante la década pasada fue presentado como una ampliación de derechos y el inicio de un proceso de democratización, comenzó a ser reinterpretado por sectores de las nuevas derechas como una amenaza cultural a los valores occidentales vinculada a la llamada “ideología woke”. La reacción contra los avances feministas ya no se limita a los márgenes de internet, sino que disputa abiertamente el sentido común, la agenda pública y las políticas estatales, traccionada por las más altas jerarquías del poder.

En este sentido, la expresa voluntad de Javier Milei de eliminar la figura de femicidio como agravante específico dentro del Código Penal, los cuestionamientos a las políticas públicas de género, el desfinanciamiento de espacios específicos en la materia y las iniciativas centradas en deslegitimar la voz de las mujeres , como el proyecto de Carolina Losada para aumentar las penas por falsas denuncias, son parte del mismo dispositivo.

Más allá de las diferencias entre estas propuestas, todas comparten un mismo efecto político: desplazar la atención de las desigualdades estructurales y las condiciones sistémicas de reproducción hacia una presunta victimización masculina. El debate que introducen excede ampliamente el plano jurídico, penal o técnico. Lo que buscan es deslegitimar la voz de las mujeres, cuestionar la existencia misma del femicidio como categoría, y disputar el modo en que la sociedad interpreta la violencia de género.

La batalla por los cuerpos de las mujeres

En los últimos meses, la preocupación por la caída de la natalidad se instaló en la agenda  y se convirtió en una de las expresiones más visibles de estas tensiones.  Los datos muestran efectivamente un descenso sostenido de la fecundidad tanto en Argentina como en el resto de América Latina y en el mundo. Sin embargo, como pasa con buena parte de los debates públicos, desde estos sectores se ponen en marcha estrategias comunicacionales y políticas que terminan depositando la responsabilidad exclusivamente en las mujeres y en los feminismos, evitando hablar de las condiciones materiales, ambientales, sociales o culturales que atraviesan las decisiones vinculares y reproductivas: la precarización laboral, el endeudamiento, la crisis de los cuidados, la falta de acceso a la vivienda o la persistente desigualdad en la distribución del trabajo doméstico, entre otros factores.

La jugada preparada para embarrar la cancha es la misma de siempre: impulsar discursos que vuelven a definir a las mujeres principalmente por su capacidad reproductiva, al tiempo que se desprestigia y niega el valor económico y social de las tareas que históricamente han sostenido. La reciente declaración del ex legislador Ramiro Marra, quien afirmó en su cuenta de X que todavía no había sido padre porque seguía buscando “el mejor vientre”, condensó en pocas palabras esa mirada. Más allá de su intención provocadora, la expresión reduce a las mujeres a un envase sujeto a una evaluación netamente biologicista, desplazando cualquier referencia a los vínculos, los cuidados, lo humano, la reciprocidad o la construcción compartida de un proyecto familiar.

La paradoja es total y evidente: se responsabiliza a las mujeres por no tener hijos, al mismo tiempo que se deterioran las condiciones materiales necesarias para sostener la maternidad y la crianza; se reclama natalidad mientras se profundiza la precarización de la vida; se exalta la maternidad mientras se desacreditan las demandas vinculadas a los cuidados; y se insiste en la importancia de las mujeres como madres potenciales mientras se cuestiona su condición de sujetos autónomos capaces de decidir sobre sus propios proyectos de vida.

Como advierte la filósofa e historiadora Silvia Federici, el control sobre la reproducción constituye uno de los terrenos históricos donde se organizan las relaciones de poder entre géneros. Desde esa perspectiva, los debates sobre natalidad nunca refieren exclusivamente a meras cuestiones demográficas, sino que expresan disputas acerca de quién decide, bajo qué condiciones y con qué grado de autonomía sobre los procesos de reproducción social.

La gravedad de este tipo de discursos misóginos y con fuerte carga sexista radica en la forma en que contribuyen a deshumanizar a las mujeres. Tanto cuando se las reduce a objetos sexuales como cuando se las define por su capacidad reproductiva, se las despoja de aquello que las convierte en sujetos plenos y autónomos: sus deseos, proyectos, decisiones, contradicciones, pensamientos y autonomía. La cosificación puede adoptar formas distintas, pero comparte una misma lógica. Lo que cambia es el uso asignado al cuerpo femenino, que puede ser objeto de consumo, de deseo o instrumento reproductivo, pero en el fondo lo que persiste es la idea de que ese cuerpo existe para satisfacer necesidades ajenas, sobre todo masculinas.

Hay una conexión entre un discurso que habla de “vientres” y la violencia que termina apropiándose de la vida de una mujer. Los femicidios representan la expresión más extrema de una cultura que, previamente, aprendió a mirar a las mujeres no como personas completas sino como cuerpos disponibles, intercambiables, consumibles, subordinados a los deseos y expectativas de otros, y por ende descartables.

Las violencias que anuncian el crimen

En Argentina, en paralelo a la información que brinda la Corte Suprema de Justicia de la Nación, existen diferentes organizaciones especializadas que registran los femicidios. Los últimos informes elaborados, por ejemplo, por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y La Casa del Encuentro muestran que los casos no han decrecido, como salió a celebrar el gobierno nacional, sino que las cifras se mantienen estables, mientras sí se observa un crecimiento de los intentos de femicidio y la violencia en las relaciones interpersonales.

Uno de los datos más elocuentes de estos informes es que una parte significativa de las víctimas ya había realizado denuncias previas o había advertido situaciones de violencia. Según cifras del último informe del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven el 19% de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor; el 72% de los agresores eran parejas o ex parejas; el 44% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima; y el 23% en la compartida con el agresor. Lo que nos dicen estos números es que los femicidios no aparecen como hechos imprevisibles sino como el desenlace de procesos de violencia que, en muchos casos, ya habían dado algunas señales.

El caso de Agostina obliga precisamente a mirar esa trama previa ya que Barrelier, el principal acusado, contaba con antecedentes vinculados a hechos de violencia:  en mayo de 2025 había sido fue detenido acusado por privación ilegítima de la libertad calificada, luego de secuestrar a su ex pareja, hecho por el que estuvo 20 días en prisión y fue liberado bajo fianza y medidas restrictivas. La interpelación entonces no puede agotarse en la responsabilidad penal individual, sino en las condiciones sociales, culturales, jurídicas, políticas e institucionales que permitieron que esas señales y antecedentes sean subestimadas o incluso fomentadas.

Lo que sí cambió, a 11 años del Ni Una Menos

La cercanía temporal con el 3J, hito que convirtió la violencia machista en un problema público imposible de ignorar, obliga a reformular el análisis en tanto excede largamente las especificidades del caso. Once años después de aquella primera multitudinaria movilización, los femicidios continúan ocurriendo, las estadísticas siguen registrando mujeres violentadas por razones de género, las familias viven cada vez más expuestas a la desprotección estatal, y las organizaciones advierten la reproducción de fallas estructurales, sostenidas por acción u omisión estatal, que permiten que muchas violencias escalen hasta convertirse en crímenes evitables.

Sin embargo, lo que vuelve particularmente inquietante este aniversario es el hecho de que ya no podemos decir que no sabíamos, que no entendemos, que falta información. En 2015 el grito colectivo fue una reacción espontánea que derivó en una sensación de descubrimiento, el inicio de un proceso de transformación social con potencia política. El asesinato de Chiara Páez y la irrupción de Ni Una Menos obligaron a amplios sectores de la sociedad y las instituciones a mirar de frente una violencia que durante años había sido naturalizada, minimizada o encapsulada al ámbito privado. En ese entonces la gesta incluía identificar qué era un femicidio, analizar por qué no se trataba de hechos aislados, comprender cómo funcionan las violencias machistas y justificar por qué es necesaria una respuesta estatal específica.

En 2026 el panorama es otro luego de una década de investigaciones, estadísticas, producción académica, periodismo especializado, capacitación institucional, debates públicos, leyes de formación y movilización social. Hoy mas que nunca podemos identificar cómo operan las violencias de género, cuáles son los factores de riesgo, que significan las amenazas, el control, el hostigamiento, los abusos y las agresiones previas que suelen formar parte de un conjunto de prácticas que puede terminar en un asesinato. Y, a pesar de todo, seguimos llegando tarde.

A todo lo anterior se suma un agravante: el negacionismo político del oficialismo, la radicalización de los discursos antifeministas, y la implementación de medidas de ajuste que impactan directamente en los pocos programas de prevención de la violencia que quedan en pie.