Una histórica multinacional agroexportadora suspendió por completo las operaciones en una de sus fábricas y decidió dejar en la calle a 30 trabajadores en medio de la crisis económica que produjeron Javier Milei y su gobierno.
Cargill cerró su planta de acopio ubicada en la localidad bonaerense de Arribeños, partido de General Arenales, en medio de un conflicto que mantiene desde hace meses con transportistas independientes de la zona.
La medida dejó sin actividad a unas 30 familias que trabajaban de manera habitual para el establecimiento y también comenzó a repercutir sobre comercios y prestadores de servicios vinculados a la actividad agroindustrial. El conflicto se arrastra desde hace alrededor de diez meses y, en las últimas tres semanas, los camioneros intensificaron sus reclamos con un acampe pacífico en los accesos al predio.
Según denunciaron los transportistas, el origen de la disputa está relacionado con la intervención de un intermediario vinculado a la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a quien acusan de operar como proveedor de cargas sin cumplir una función logística efectiva.
“Ese personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real. Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo”, afirmó el vocero de los transportistas, Cristian Cardoso.
De acuerdo con los trabajadores, la tensión aumentó cuando rechazaron una propuesta para continuar prestando servicios que contemplaba el pago de una comisión del 3% por fuera de los canales formales. Tras esa negativa, aseguran que dejaron de recibir asignaciones de viajes hacia la planta, donde históricamente desarrollaban sus tareas.
Efecto dominó en Arribeños y la postura de Cargill
La decisión de Cargill de interrumpir las operaciones generó preocupación en Arribeños, ya que el movimiento de camiones también sostiene la actividad de talleres mecánicos, estaciones de servicio, comercios y otros proveedores que dependen del funcionamiento del acopio.
Cardoso cuestionó la postura adoptada por la empresa y sostuvo que la multinacional utiliza el criterio de libre contratación de transporte para justificar la paralización del establecimiento. A su entender, la medida perjudica no solo a los fleteros, sino también a toda la economía regional.
Pese al conflicto, los transportistas aseguraron que buscan una salida negociada y solicitaron la conformación de una mesa de diálogo para discutir condiciones de trabajo. En ese sentido, plantearon la necesidad de avanzar en una negociación "orgánica, pacífica y transparente" que permita normalizar la actividad.
Asimismo, el representante de los camioneros intentó llevar tranquilidad a los productores agropecuarios de la región al señalar que las medidas de protesta continuarán desarrollándose sin impedir el ingreso de quienes necesiten realizar trámites o tareas administrativas en las instalaciones de la empresa.
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