El gendarme Héctor Guerrero, quien hirió a Pablo Grillo el pasado 12 de marzo en una manifestación, se presentó en Comodoro Py minutos antes de las 10 de la mañana, para declarr en la causa que investiga los hechos que derivaron en la internación y estado de alta gravedad del fotógrafo.
En el tercer piso del edificio judicial, ubicado en Retiro, el oficial fue indagado por el juez Ariel Lijo, quien subroga la causa perteneciente a María Romilda Servini, desde comienzos de este mes y hasta el final de esta semana.
En su breve declaración, el cabo dijo ser inocente, haber disparado como indican los manuales, que ese día no tenía buena visibilidad y que fue atacado por manifestantes.
Por su parte, en vista de estas declaraciones, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en conjunto con LADH (Liga Argentina por los Derechos Humanos), aseguraron que los dichos realizados por Héctor Guerrero son falsos, por las pericias judiciales.
"De la propia descripción que hace el Juzgado está claro que al momento de sufrir el impacto, Pablo estaba de cuclillas, tomando fotos y sin representar ningún tipo de peligro ni amenaza para terceros”, expresa el CELS en un comunicado oficial.
De acuerdo a las pericias, es falso que el oficial haya disparado de acuerdo a reglamento ya que "el Juzgado le imputó hoy haber efectuado un disparo en ángulo horizontal y en dirección a Pablo 'a sabiendas de que con su accionar, podía poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él'".
El centro de estudios señala que el protocolo contra disturbios determina que los disparos deben realizarse con un ángulo de inclinación ascendente de 45° o con una inclinación descendente de 30° y 45°. Por lo que suponen irrazonable que se haya apegado al protocolo.
Por último, manifestaron que las fotos y videos tomados ese día demuestran que el cordón de gendarmes tenía visibilidad de los manifestantes que tenían enfrente, entre los cuales estaba Pablo.
Mientras esto ocurría, puertas afuera del recinto judicial, familiares, amigos y colegas fotógrafos, nucleados en la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina llevaron a cabo una clase pública y una muestra fotográfica titulada “Libertad de expresión y derecho a la protesta”.
Una de los participantes del evento fue Fabián Grillo, padre de Pablo, quien habló de la evolución del estado de salud de su hijo, la cual calificó como "favorable". A su vez, informó que, tras varios meses de permanecer internado, el reportero gráfico esta recuperando su autonomía en aspectos básicos de su cuidado. “Ayer incluso hasta discutió conmigo y eso es bueno”, señaló.
Al hablar de las cuestiones legales del caso, Fabian aclaró que en un principio la causa se caratuló como "Averiguación de delito" y que luego fue modificada junto con el agravamiento del cuadro clínico de su hijo durante la internación a "Homicidio en grado de tentativa". El padre del camarógrafo también destacó la presencia de colegas y jubilados en la clase pública, en la cual incluso se exhibió la última foto que Pablo tomó antes de ser impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno, el cual derivó en su internación y posterior estado crítico al borde de la muerte.
El accionar de la policía durante la marcha del 12 de marzo
En la misma línea de lo acontecido con Pablo Grillo, este martes, en un expediente conexo dentro de la causa que investiga el accionar de las fuerzas durante la represión de la marcha del 12 marzo, ofreció su declaración Sebastián Martínez, oficial de la Prefectura Naval Argentina y principal acusado por las lesiones graves que sufrió Jonathan Navarro, un manifestante que perdió la visión del ojo izquierdo tras recibir un disparo de un arma no letal.
En su declaración, el oficial aseguró ser inocente, ya que considera que cumplió con sus deberes: “En primera instancia quería declarar que soy inocente. Que cumplí con todos los reglamentos vigentes. Que cumplí con mi deber en el resguardo de los objetivos federales, como así también en resguardo de los propios manifestantes y el personal a mi cargo”, dijo el prefecto ante el juez Lijo.
La indagatoria fue breve y Martínez decidió no responder preguntas. A su vez, se reservó la posibilidad de ampliar su declaración por escrito más adelante.
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