Caso Grillo: Lo que se sabe y lo que oculta el gobierno

La causa por el disparo que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en la cabeza durante la represión que desató el gobierno el 12 de marzo pasado en una de las marchas de los jubilados avanza con claroscuros en los tribunales federales de Comodoro Py. Según las últimas constancias del expediente, está prácticamente comprobado que el gendarme Héctor Guerrero fue quien ejecutó de forma ilegal el disparo que casi le cuesta la vida a Pablo. También está corroborado que hizo más de una ejecución de la misma forma. No obstante, el uniformado aún no fue citado a prestar declaración indagatoria. A su vez, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) retacea información a la Justicia y la Policía Federal envía audios del operativo recortados lo que entorpece la pesquisa.

Lo que se sabe del caso

Los documentos y registros audiovisuales que nutren la causa a cargo de la jueza María Serivni y el fiscal Eduardo Taiano no dejan lugar a dudas de que el cabo Héctor Guerrero, integrante de la Unidad Móvil 6 de la GNA, fue quien le disparo al fotorreportero Pablo Grillo, que estaba cubriendo la manifestación de protesta y el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. Mientras hacía su trabajo, Pablo recibió un impacto de munición de gas lacrimógeno en la parte frontal de su cabeza, que lo dejó tendido en el suelo al instante. El fotógrafo fue atendido de inmediato y derivado a un hospital, donde estuvo internado en terapia intensiva.

Además del trabajo de reconstrucción a través de imágenes que realizó el Mapa de la Policía- una red de cuidado ciudadano para contrarrestar la violencia policial en la Ciudad de Buenos Aires-, quedó confirmado el rol de Guerrero a partir de la nómina de gendarmes que portaban pistola lanzagases. En la lista que la fuerza envió a la Justicia solo se incluyó a dos personas, un hombre y una mujer, ambas de apellido Guerrero. Los videos sobre el momento en que le disparan a Grillo muestran que quien gatilla fue un hombre por lo que no quedan dudas sobre la identidad del autor del disparo.

“Ya está claro y a esta altura fuera de discusión que el disparo irregular y hecho de manera bajo criterios prohibidos lo hizo el gendarme Héctor Guerrero”, explicó a El Destape la abogada Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a la familia Grillo en la causa junto a la letrada Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. “Esto se terminó de afianzar después de la reconstrucción que pudo hacer el Mapa con información provista también por Gendarmería a la causa, esto es concretamente la nómina de efectivos que estuvieron afectados al operativo, de la cual se desprende básicamente que solo dos personas tenían asignada pistola de lanzagas, las dos de apellido Guerrero, que son Daniela Guerrero y Héctor Jesús Guerrero. Este último fue quien le disparó a Pablo. Esto surge de la simple visualización de todas las fotos y videos que reconstruyen el momento en el que Pablo cae tendido en el suelo porque está claro que el gendarme que efectuó ese disparo era un hombre. Por lo que quedó zanjada la discusión de la autoría”, agregó Lloret.

También está claro que Guerrero disparó de forma ilegal. Lo acreditan los propios informes de la Gendarmería. Es que el accionar del efectivo violó normas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales, que prohíben disparar proyectiles en línea recta hacia personas, especialmente a la cabeza o el rostro. Por tal razón, los abogados querellantes (Lloret y Cesaroni) solicitaron que se convoque al uniformado a declarar como imputado. Lo acusan de tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la denuncia se solicitó que se investigue si también tienen responsabilidad penal por lo violento y desmesurado del operativo los superiores de Guerrero, es de decir, desde la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich al director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; el jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira; y el jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en las inmediaciones del Congreso contra manifestantes. El antecedente del caso Mathov, por la represión de 2001, debiera ser una alerta para los funcionarios apuntados. Según pudo saber este medio, la querella está analizando la falta de supervisión de Guerrero de parte del personal superior.

Otra de las constancias que surge de los videos aportados a la causa es que durante la represión en las inmediaciones del Congreso del 12 de marzo, Guerrero disparó más de una vez de forma ilegal. Es decir, apuntó y gatilló como lo prohíben las normas nacionales e internacionales. Una de esas secuencias se conoció el pasado 21 de mayo. En la grabación, a la que accedió este medio, se ve a Guerrero disparar de forma horizontal, es decir, ilegal, contra los manifestantes. Luego es saludado por un compañero por su accionar. Según indicaron desde la querella, ese disparo no fue el que hirió a Grillo pero fue inmediatamente anterior o posterior. Se está buscando determinar el momento exacto de esa ejecución. Lo que evidencia es que fue una praxis repetida de este cabo de la GNA.

Este video debiera comprometer a Guerrero, sobre todo, porque en otros pasajes de las grabaciones se lo ve disparando como lo habilitan las normas. A esto se suma que en su legajo personal hay dos certificados de aprobación de cursos sobre el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En el examen sobre este Código, el cabo de la GNA responde: que no puede justificar el uso de la fuerza en una orden de un superior; que un arma de fuego solo puede usarse cuando haya riesgo para la vida; y que los funcionarios deben cumplir las leyes.

El clima de “enfrentamiento bélico”, de violencia para con los manifestantes, en que Guerrero gatilla y hiere muy gravemente a Grillo es otro de los elementos que queda muy claro en las pruebas que tiene la causa. En las filmaciones que se agregaron al expediente el 16 de mayo y la GNA demoró en entregar se escucha que los uniformados les gritan “Hijos de puta” a quienes protestaban. “No los perdonen”, es una de las arengas que también se pueden escuchar en las filmaciones.

Tal como dan cuenta el CELS y Cesaroni, en las filmaciones que envió la GNA a la Justicia se observa:

• Una escalada en el uso de fuerza, incluyendo el carro hidrante y disparos de bala de goma, cuyo uso se combina como reacción automática y desproporcionada sin identificar agresores concretos.
• Un uso desproporcionado de los gases, a tal punto que el propio gendarme que filma tose, se asquea, se queja, porque no puede respirar. Los policías y gendarmes que lo rodean, disparan sin parar sus escopetas en dirección a manifestantes y de manera horizontal.
• Después de producido el disparo que puso en riesgo la vida de Pablo Grillo, se escucha al gendarme que filma decir “estamos excelente, más que bien”.

La sombra de la ministra Bullrich asoma en la defensa del principal acusado que tiene la pesquisa. Como publicó El Destape, en los primeros días de abril Guerrero se presentó en la causa y designó como a uno de sus abogados a Martín Sarubbi, un letrado que intervino en casos de gatillo fácil en defensa de policías junto a su colega Fernando Soto, actual director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación y mano derecha de Bullrich. Por ejemplo, la dupla Sarubbi-Soto estuvo a cargo de la defensa de los policías condenados a perpetua por asesinar al joven Lucas González. Sarubbi y Soto realizaron muchas defensas de agentes acusados de gatillo fácil de manera conjunta y se fotografiaron juntos con sus clientes. Uno de los casos paradigmáticos que tiene Soto es el de Luis Chocobar, acusado de matar por la espalda al joven Juan Pablo Kukoc, el 8 de diciembre 2017, luego de un robo. En un tuit del 20 de julio de 2021, Sarubbi destacó: “Recibimos a Luis Chocobar en nuestro estudio junto con el Dr. Fernando Soto”.

Lo que oculta el gobierno

El pedido de las cámaras y registros fílmicos y fotográficos que hace la propia fuerza durante un operativo es una medida de prueba habitual para reconstruir este tipo de hechos. ¿Por qué? Porque en todo operativo las fuerzas tienen la obligación de realizar una grabación del procedimiento que lleva adelante. Se realiza por control interno y para aportar a la Justicia si acontece un hecho como el de Grillo. El punto es que ese registro se borra pasado 60 días.

“En función de eso insistimos en que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería aporte las filmaciones. Como no daban respuesta al pedido y se acercaba la fecha de los dos meses, en una nueva presentación requerimos lo que sería una orden de presentación, que es una orden un poco más dura. Ya no es un pedido sino que es más una orden para que presenten el material. También se solicitó la preservación de esas filmaciones. Básicamente para que cuando se cumplieran los 60 días no se borraran automáticamente. Ahí sí contestaron y cuando contestan envían en primer lugar unas filmaciones que son un par de videos grabados por una camarita GoPro del casco de uno de los gendarmes, de la que surgen básicamente las imágenes que le dimos difusión, donde se ve a Guerrero haciendo un disparo. Tenemos que establecer si es anterior o es posterior al disparo de Pablo, por eso también ahora hicimos un pedido de prueba en estos días para que aporten la metadata, es decir, los datos precisos del horario de filmación de cada uno de esos videos que aportaron en su momento”, señaló Lloret a El Destape.

Por tal motivo, las filmaciones aportadas por la GNA pueden ser esclarecedoras para el devenir de la pesquisa. A modo de ejemplo: luego de que Guerrero disparase su arma lanzagases en ángulo horizontal y en dirección a Grillo, otro gendarme con una cámara Go Pro incorporada a su casco le tocó el hombro en señal de aprobación. ¿Qué filmó esa cámara? No se sabe. Las imágenes que pudo haber registrado no fueron presentadas por la Gendarmería en tribunales. Al ser consultada por la Justicia, la fuerza de seguridad respondió, de forma muy escueta, que no estaba activada. La contestación de la GNA al juzgado da cuenta de que el Jefe del Destacamento Móvil 6 informó que el gendarme Jorge Luis Reyes, integrante de la Sección Empleo Inmediato, portaba una cámara de filmación Go Pro durante la represión del 12 de marzo “la cual no fue activada por lo que no cuenta con registros fílmicos de dicho operativo”.

“Hay otros problemas con otra serie de filmaciones que ya provienen de un gendarme que tiene asignado una cámara filmadora de mano. Y ahí también hicimos un pedido de prueba adicional pidiendo que entreguen partes que no están. Son videos como muy breves y que tienen tramos que arrancan desde las 17 horas, pero que faltan pedazos en el medio. Los pedazos, por ejemplo, a los 10 minutos previos al hecho de Pablo no están aportados. Y todo lo que es posterior tampoco. Entonces eso nos parece que es relevante para poder terminar de entender, para poder establecer movimientos incluso otros disparos y otras conductas del propio Guerrero”, indicó Lloret.

Los faltantes se repitieron en modulaciones que entregó la Policía Federal.

Por tal razón, el CELS y Cesaroni hicieron una presentación ante Servini el último miércoles. Le explicaron a la jueza que tras analizar los videos que aportó la Gendarmería y las modulaciones de la Policía Federal “queda en evidencia que existen en ellos inconsistencias, vacíos temporales y fragmentación”. En el caso de los videos, “se advierten tramos faltantes en momentos clave del operativo, así como la omisión de escenas de interés probatorio”.

“Por su parte, el único archivo de audio con modulaciones radiales entregado por la Policía Federal Argentina presenta una duración sustancialmente menor al rango horario consignado en su título, sin explicación sobre el criterio de recorte ni acompañamiento de transcripción o indicación precisa de los horarios cubiertos”, se señala en el escrito. “Estas irregularidades comprometen la completitud y confiabilidad del material probatorio, razón por la cual solicitamos que se libre oficio a fin de requerir las aclaraciones y documentación complementaria necesaria para conocer la totalidad de esta evidencia”, añadieron.

Ante este cuadro, los querellantes le pidieron a la jueza que le requiera a la GNA que informe:

• Si existió una orden expresa de no utilizar la cámara o si se trató de una omisión individual del gendarme. En caso de haber existido una orden expresa de no utilizarla, solicitaron que se informe quién dio esa orden.
• Si existe una obligación de uso por parte de todos los oficiales a quienes le haya sido adjudicada una cámara de filmación.
• Si fue una omisión individual, requirieron saber si se dispuso algún tipo de actuación disciplinaria.
• Si la cámara se encontraba en condiciones técnicas de funcionamiento.

Un interrogante central que la GNA debe responder es para qué envía a un gendarme con una cámara sofisticada y cara si no está utilizable.

Respecto a las modulaciones cortadas de la Policía Federal, los querellantes quieren saber y así se lo hizo saber a la Justicia:

• Si el archivo enviado corresponde a la totalidad de las grabaciones de las modulaciones radiales realizadas por la Policía Federal durante el operativo depresivo del 12 de marzo de este año.
• En caso negativo, que la fuerza indique si existen otros tramos no remitidos y que se expliquen los motivos por los cuales no fueron incorporados en su respuesta a la Justicia.

Otro dato relevante es que la GNA demoró en enviar a la justicia el legajo de Guerrero. ¿Por qué tanta demora? Al día de la fecha, la fuerza que responde a Bullrrch, por ejemplo, no informó si abrió un sumario para investigar a Guerrero por su accionar. ¿Se abrió una investigación interna por cómo actuó? ¿Guerrero sigue actuando en los operativos represivos, que se repiten todos los miércoles, en cada marcha de jubilados? El interrogante gana fuerza si se recuerda que la actual ministra de Seguridad llegó a decir durante el macrismo, cuando ejercía el mismo cargo, que no tiraría a ningún gendarme por la ventana.

Cómo sigue la causa

Por todo el material recabado en el expediente es de esperar que en breve el cabo Guerrero sea citado a prestar declaración indagatoria. Con ese norte, el lunes empieza un trabajo del Cuerpo Médico Forense y peritos de parte sobre el estado de salud de Pablo. Se va a analizar su historia clínica y partes médicos desde el momento en que entró al Hospital Ramos Mejía. Uno de los puntos a estudiar es cómo afectó el accionar de Guerrero a la vida de Grillo.

También resta la entrega de un análisis de todo el material fílmico que está realizando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Con todos esos elementos en sus manos, la jueza Servini deberá resolver la situación de Guerrero. A más de dos meses del disparo, están dadas las condiciones para que lo cite como imputado. Las pruebas en su contra son abrumadoras. ¿De avanzar en esa línea, la magistrada incluirá a superiores del cabo de la GNA? Pronto se conocerá la respuesta.