Cannabis medicinal: el gobierno avanzó contra el Reprocann y las organizaciones civiles

El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial los nuevos cambios en el Reprocann. Las organizaciones civiles denuncian que se trata de "una criminalización" de la pobreza y de los consumidores, bajo la excusa de la supuesta reorganización.

23 de mayo, 2025 | 16.15

El gobierno de Javier Milei anunció esta mañana que habrá nuevos cambios en la inscripción al Reprocann. Las organizaciones civiles cuestionaron la medida, afirmando que ésta privatiza a las ONG's dedicadas al cultivo, convirtiéndolas en "clínicas privadas" disponibles sólo "para quienes puedan pagar la consulta". Sin embargo, era una decisión esperada dado que el año pasado ya habían avanzado sobre los consumidores, cuando fijaron la necesidad de que los interesados presentaran alguna diplomatura que certifique su conocimiento para el uso del cannabis medicinal.

Las organizaciones advierten que la nueva norma no beneficia en absoluto a los más de 100.000 interesados que hace más de un año esperan el alta: tendrán que empezar su trámite desde cero, aseguraron fuentes oficiales, respetando estrictamente los renovados requisitos.

De acuerdo a lo que publicó el Boletín Oficial, solamente obtendrán el permiso para realizar auto cultivo los usuarios que acrediten indicación médica para el uso de cannabis medicinal terapéutico y/o paliativo del dolor y sus derivados. Y podrán ser representados por un familiar “en primer o segundo grado de consanguinidad", o mismo un "tutor, curador, o representante legal con acreditación de tal carácter”, aseguraron.

Organizaciones civiles y comunitarias ligadas al cultivo y consumo del cannabis medicinal expresaron su repudio en redes sociales. Desde Mamá Cultiva, una de las principales organizaciones que militan el consumo autorregulado, publicaron un comunicado en el que aseguran que la nueva medida "profundiza una lógica biomédica", la cual no respeta "la autodeterminación de los pacientes" sino que "excluye a quienes no pueden pagar una consulta médica".

Valeria Such, presidenta de Mamá Cultiva: "Es una criminalización de la pobreza"

Es en este último punto es donde la resolución provocó un debate interno en las organizaciones civiles, las cuales denunciaron una privatización de las ONG's y una marginalización de los pacientes. "Si un médico tiene que hacer informes alguien le tiene que pagar", le explicó a Fernando Soriano en una entrevista con Infobae Valeria Such, presidenta y referente de Mamá Cultiva. Sobre eso, indicó que la posibilidad de tener un titular de salud "termina quedando en el privilegio de poder pagar una consulta", lo cual "no es una política sanitaria" sino "una política de ajuste", porque es "criminalizar la pobreza y precarizar el derecho a la salud”.

Argumentó además que “nosotras no recetamos, acompañamos". "La gente viene derivada de hospitales o profesionales que indican Cannabis y nosotras acompañamos", sostuvo. 

Valeria Such, presidenta de Mamá Cultiva.

“Seguir llevándonos al plano académico lo único que hace es complejizar y dificulta como siempre el acceso al usuario que es el que va a padecer las consecuencias principalmente”, comentó Such y cerró diciendo que “ninguna normativa debiera publicarse sin el consenso del Consejo Consultivo Honorario, que es quien representa a la comunidad”.

El detalle de las exigencias de la nueva normativa

La nueva normativa divide en tres categorías a los anotados en el Reprocann. En primer lugar están los usuarios/pacientes, que son todas las personas físicas que cuentan con indicación médica para el uso de cannabis medicinal terapéutico y/o paliativo del dolor y sus derivados. En segunda posición están los cultivadores, que son todas aquellas personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos para cultivar cannabis para uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor y sus derivados. Finalmente están las personas jurídicas permitidas que formen parte de proyectos de investigación y desarrollo.

Sólo podrán obtener el permiso de autocultivo las personas que acrediten una indicación médica para el uso de cannabis medicinal terapéutico y/o paliativo del dolor. Esta autorización también podrá ser solicitada por un familiar directo, que puede ser en primer o segundo grado de consanguinidad, o mismo por una persona que actúe como tutor, curador o representante legal, siempre que acredite debidamente ese vínculo.

La nueva norma fija también que los interesados tendrán que presentar un informe cromatográfico por lote y un informe semestral en forma de declaración jurada, el cual deberá detallar la cantidad de plantas en total y en floración, además de la variedad genética registrada utilizada. Y presentar "la indicación médica para uso de cannabis medicinal y sus derivados en favor del usuario", por parte de un profesional médico que "cumpla con los requisitos dispuestos para estos".