La incertidumbre por el futuro de los 124 trabajadores despedidos de la Petroquímica Río Tercero (PR3) sigue aumentando luego de que la empresa pidiera un concurso preventivo de crisis. El próximo miércoles habrá una nueva audiencia en el marco de la conciliación obligatoria dictada por 15 días por el Ministerio de Trabajo de Córdoba, pero los empleados señalan que ese plazo corre sin cambios en la decisión empresarial, y también advierten por un posible cierre de la planta.
El conflicto se profundizó el pasado 8 de julio, cuando se frenó toda la producción. Días después, la empresa notificó vía correo electrónico a los trabajadores, que incluía operarios de diversos sectores y personal jerárquico, que quedaban cesantes. Mediante un comunicado oficial, las autoridades empresariales habían justificado la decisión debido a la "situación económico-financiera de la compañía", y argumentaron que se debe encarar “una profunda transformación” para garantizar su continuidad.
Estos despidos se suman a otros 140 ceses ocurridos en octubre del año pasado, cuando la planta ya había reducido su personal. Tras el reclamo del Sindicato de Personal Químico y Petroquímico (SPIQYP), la cartera de Trabajo provincial intervino y trató de poner paños fríos para llegar a un acuerdo entre las partes. Sin embargo, la situación es muy tensa: mientras permanezca la conciliación, todos los empleados siguen cumpliendo su turno, en un clima desolador sin sus compañeros, temiendo ser los próximos que queden en la calle. Describen a esa situación como de “extrema angustia y presión psicológica”.
Según denunció el secretario gremial del SPIQYP, Lucas Felici, “la empresa busca romper el convenio colectivo de trabajo, flexibilizar condiciones y aprovecharse del clima político actual”. Además, señaló que el accionar de las autoridades responde a la posibilidad que tienen los empresarios de "comprar e importar el producto" a un menor costo, en lugar de producirlo localmente. En un contexto donde las medidas del presidente Javier Milei atentan contra la industria nacional, Felici aseguró que la "liberación de las importaciones de manera indiscriminada" les permite a las compañías alcanzar sus objetivos económicos.
El representante gremial confirmó que la fábrica "sigue con custodia policial". "Nosotros estamos ingresando atento a la conciliación obligatoria que sacó el Ministerio de Trabajo de Córdoba, pero no estamos realizando ningún tipo de tarea porque la fábrica ha dispuesto de no poner la planta en marcha, de tener toda la producción parada”, explicó.
Además, informó que las autoridades empresariales no pagaron las indemnizaciones a ningún empleado. "Tanto dentro de convenio como fuera de convenio ningún trabajador despedido ha cobrado su indemnización como así tampoco sabemos si vamos a cobrar salario a aquellos que no han sido despedidos”, aseguró Felici en declaraciones para Telefe Córdoba.
En caso de que avance el procedimiento legal al que recurrió la empresa, el delegado afirmó: “Nos abre dos frentes, porque tenemos una discusión en el Ministerio de Trabajo y otra en la justicia, si es que se le da apertura a este procedimiento”. De confirmarse definitivamente los despidos, el personal de la planta se habrá reducido en 250 empleados, contabilizando los despidos del año pasado, funcionando con un tercio de su capacidad.
Marcha en Río Tercero contra los despidos en la Petroquímica y las políticas de Milei
En la tarde del pasado jueves, se realizó una multitudinaria marcha en la ciudad, en defensa de las fuentes laborales. Con el respaldo de gremios industriales de la provincia de Córdoba, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), y organizaciones sociales, se movilizaron para denunciar la "masacre laboral" que afecta al sector como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional.
“No al industricidio, no al cierre de la fábrica”, resonaba la frase en la marcha por las principales calles céntricas de Río Tercero. En esa línea, los trabajadores de la Petroquímica aseguraron estar "más unidos que nunca, en pie de lucha, defendiendo cada puesto de trabajo".
La movilización fue respaldada por la CSIRA, que expresó su "total solidaridad" con los trabajadores recientemente despedidos. La Confederación manifestó su preocupación por la paralización de la planta desde principios de mes, la falta de pago de indemnizaciones, el desmantelamiento de la empresa y la solicitud de concurso de acreedores de la compañía.
A través de un comunicado, también reiteró "su apoyo a los trabajadores afectados, exigiendo su reincorporación inmediata y apoyando a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica de la República Argentina (F.E.S.T.I.Q.y.PRA) en su lucha".
Cerrar sesión