El último domingo en Argentina se celebró, como cada octubre, el Día de la Madre. Sin embargo la jornada de 2025 tuvo un componente especial que la vuelve una celebración sociocultural pero también política: fue el primer festejo desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció al cuidado como un derecho humano autónomo. El fallo, histórico y paradigmático , transformó en principio jurídico lo que durante siglos fue interpretado y exigido a las mujeres e identidades feminizadas en clave de mandato cultural. De esta manera cuidar y ser cuidado, acciones tan invisibilizadas como fundamentales para el desarrollo de una vida social plena, ya no son deberes privados ni virtudes femeninas, sino derechos universales que los Estados deben garantizar.
El trabajo invisible que sostiene la vida
Uno de los mayores logros de la lucha de los feminismos fue justamente desenmascarar el origen social de la distribución sexual del trabajo y la atribución exclusiva, y excluyente, de las tareas de crianza y cuidado a los roles femeninos. A pesar del esfuerzo por romper con los mandatos rígidos y las conquistas en materia de derechos, esa división entre trabajo productivo y reproductivo, y el paradigma hegemónico binario del mundo, siguen vigentes y son las mujeres quienes mayormente se ocupan de las tareas domésticas, propias y ajenas, la crianza de los hijos e hijas, y el cuidado de personas mayores o con discapacidad, sin recibir ninguna compensación económica.
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En la Argentina, según datos presentados por la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2021 del INDEC, existe una diferencia en cuestión de género que se mantiene a lo largo de la vida: los varones dedican más horas al trabajo en el mercado laboral que las mujeres, y las mujeres superan con creces a los varones en el trabajo no remunerado de crianza y cuidado. Las cifras del estudio son contundentes: el 91,6 % de las mujeres realiza trabajo doméstico o de cuidado no remunerado, frente al 73,9 % de los varones. La investigación muestra como la participación de las mujeres en las diversas formas de trabajo no remunerado es siempre mayor que la de los varones: trabajo doméstico (90,0% frente a 69,1%); cuidado a miembros del hogar (31,4% frente a 20,3%); de apoyo a otros hogares, a la comunidad y voluntario (9,3% frente a 6,1%). La brecha de género se profundiza si se analiza la carga horaria dedicada a las tareas de cuidado: mientras que los varones destinan 3:30 horas por día, las mujeres casi duplican dicho tiempo con 6:07 horas en promedio.
El injusto modo de distribución de las tareas dificulta en muchos casos la autonomía de las mujeres, afecta su trayectoria laboral o profesional, y por ende su calidad de vida. Al mismo tiempo la dependencia económica condiciona decisiones, y obliga a las mujeres a tener que soportar todo tipo de violencias. Esa desigualdad, estructural y persistente, es aún más grave en los hogares monomarentales y los sectores de menores recursos que protagonizan dobles y triples jornadas de trabajo. Esta situación explica por qué la agenda del cuidado se convirtió en uno de los ejes centrales de los feminismos y una de las mayores demandas en materia de políticas públicas con perspectiva de género.
Desde hace décadas, economistas feministas y movimientos de mujeres vienen señalando que el cuidado es trabajo, que tiene valor económico, y que su silenciamiento reproduce más desigualdad de ingresos, precarización, y pobreza. En este sentido en 2020, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, a cargo entonces de Mercedes D’Alessandro, realizó el informe “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto”, que demostró que las tareas domésticas y de cuidado son la actividad que más aporta a la economía, representando un 16% del PBI, seguido por la industria y el comercio .
De la demanda feminista al reconocimiento jurídico
En enero de 2023, en el marco de un plan de jerarquización de las tareas de cuidado y en respuesta a recomendaciones de Unicef y Naciones Unidas, el Estado argentino presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión Consultiva con el objetivo de lograr que el tribunal reconociera el “contenido y alcance del derecho al cuidado”, entendiendo que toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidada y al autocuidado en condiciones de igualdad y dignidad. El trámite fue encabezado por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, junto con Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos. El proceso obtuvo casi 130 escritos de respaldo y acompañamiento de varios países, organismos internacionales, comunidades, personas a título individual, y decenas de organizaciones de la sociedad civil y feministas de toda la región. Se trataba de una discusión inédita: por primera vez, el sistema interamericano iba a pronunciarse sobre el cuidado como categoría jurídica y no solo ética o social.
Con la llegada de Javier Milei al gobierno en diciembre de 2023, esa política fue rápidamente atacada al igual que la mayoría de las políticas de género y los espacios de la administración pública dedicados a la temática. En línea con su concepción ultraliberal del Estado, al que considera un mero “estorbo” en la vida privada, y en línea con un discurso misógino y negacionista de la desigualdad de género, el presidente ordenó retirar la solicitud de Opinión Consultiva. El argumento oficial del pedido de retiro presentado en julio de 2024 fue que el nuevo gobierno “no compartía los términos del planteo” y consideraba que las tareas de cuidado pertenecen al ámbito familiar, no estatal. Sin embargo la Corte Interamericana rechazó la solicitud en septiembre de ese mismo año, sosteniendo que una vez iniciados los procedimientos consultivos, estos no pueden ser cancelados por decisión unilateral de un gobierno. Al mismo tiempo la Corte aclaró que, más allá de los cambios políticos en un país, la cuestión del cuidado tenía relevancia interamericana.
La propuesta fue debatida por las juezas y jueces de la Corte durante abril, mayo y junio de 2025, y finalmente, el 12 de junio de 2025, emitió la Opinión Consultiva OC-31/25, donde estableció que el cuidado es una necesidad básica, ineludible y universal, y que los Estados deben garantizarlo mediante políticas públicas, sistemas nacionales de cuidado y condiciones laborales dignas para quienes cuidan. Señaló que “el cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad. Asimismo, reconoció que el cuidado se configura como el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente. Igualmente, sostuvo que el cuidado es necesario para asegurar condiciones de atención mínimas para una existencia digna, especialmente respecto de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o limitación”.
Además, estableció que el derecho tiene tres dimensiones básicas: a ser cuidado, que implica que “todas las personas que tienen algún grado de dependencia tienen el derecho de recibir atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad. Estas atenciones deben garantizar el bienestar físico, espiritual, mental y cultural”; el derecho a cuidar, que consiste en “brindar cuidados en condiciones dignas, tanto de manera no remunerada como remunerada”, e implica que “las personas cuidadoras puedan ejercer su labor sin discriminación, y con pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su bienestar físico, mental, emocional, espiritual y cultural”; y por ultimo el derecho al autocuidado es decir “el derecho de quienes cuidan y de quienes son cuidadas de procurar su propio bienestar y atender sus necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales y culturales”.
La decisión significó un reconocimiento jurídico sin precedentes: el cuidado dejó de ser visto como una obligación moral o familiar y pasó a ser un derecho humano exigible. Se trata de un evento con múltiples impactos: en primer lugar, porque no surge solo de una política doméstica, sino de un órgano regional de derechos humanos, lo que establece un estándar internacional vinculante para todos los estados del sistema interamericano; además, pese al intento del presidente Milei de retirar la solicitud, el proceso no fue interrumpido, hecho que demuestra que la protección de los derechos humanos puede trascender los vaivenes políticos nacionales; y por últmo se evidencian las tensiones que existen entre la gestión del actual gobierno y los compromisos internacionales que el Estado argentino debe cumplir más allá de las visiones ideológicas.
Un Día de la Madre con otro sentido
Paradójicamente el país que había impulsado la consulta terminó convirtiéndose en el principal ejemplo de retroceso político en la región y desvalorización de las tareas de cuidado. Desde su asunción, el gobierno libertario disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, eliminó programas de apoyo a cuidadoras, frenó la creación del Sistema Nacional de Cuidados que había sido diseñado en 2022, recortó presupuestos destinados a primera infancia, adultos mayores, personas con discapacidad y políticas sociales, y eliminó la moratoria previsional, medida que impacta directamente en la vida del 90% de las mujeres que en edad de jubilarse no tiene los años necesarios para hacerlo ya que dedicaron gran parte de su vida al trabajo no remunerado o precarizado. En nombre de la “libertad”, reinstauró una lógica patriarcal: que cuidar vuelva a ser responsabilidad privada y, por ende, femenina.
En ese contexto, este primer Día de la Madre con el cuidado reconocido como derecho humano adquiere una dimensión política inédita a nivel nacional e internacional. El reconocimiento de la Corte es un logro pero también una base sobre la cual pararse en el camino por la democratización. Hoy, el desafío principal es reestablecer las políticas de género, incorporar la agenda de los cuidados a la conversación pública y luchar por el cumplimiento del derecho efectivo. Porque si cuidar sigue siendo un deber naturalizado de las mujeres y no un derecho garantizado todos y todas, no hay igualdad posible.
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