Luego de que organismos de derechos humanos denunciaran un presunto caso de violencia institucional contra internas del Penal N° 51 de Magdalena, diez agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre ellos, las máximas autoridades, fueron desafectados de sus cargos preventivamente mientras se investiga lo ocurrido. Según la presentación judicial, un grupo de efectivos aplicaron torturas, tormentos físicos y abusaron sexualmente de mujeres detenidas en esa unidad penitenciaria.
La decisión de suspender a los agentes recayó sobre la jefa de Asistencia y Tratamiento del penal de mujeres, Daiana Belén Balmaceda, funcionaria cuya área depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, mientras que también intervino la cúpula directiva del lugar, que prestó conformidad u omitió denunciar los hechos.
La medida alcanzó a los integrantes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), quienes ejecutaron el violento procedimiento que derivó en la presentación judicial de los organismos de derechos humanos.
Torturas, abusos y encubrimiento en el Penal de Magdalena
Los episodios que originaron la causa habrían ocurrido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente, en coincidencia con las movilizaciones por el “Ni Una Menos”. Según la denuncia, impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI 11 de La Plata, el personal penitenciario irrumpió en uno de los pabellones tras una pelea menor entre dos internas, usaron gas pimienta en espacios cerrados y bloquearon las salidas.
Las detenidas habrían sido obligadas a desnudarse frente a los efectivos masculinos y, ante la resistencia de las internas, los agentes habrían implementado severas prácticas de tortura física. El escrito judicial detalla que se les sumergió la cabeza en piletones con agua para cortarles la respiración, sufrieron golpizas reiteradas y al menos dos de las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales con acceso carnal en el sector de la escuela del penal.
La presentación de la CPM advirtió sobre maniobras posteriores de “encubrimiento”, que incluirían el traslado de tres de las denunciantes a otras dependencias y la destrucción de sus efectos personales. La auditoría de Asuntos Internos del ministerio mantiene abiertos los sumarios correspondientes mientras el fiscal Álvaro Garganta avanza con las pericias médicas que ratificarían la gravedad de los hechos.
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