Mientras docentes universitarios de todo el país se preparan para realizar un nuevo paro de 48 horas para este miércoles 11 y jueves 12 de junio, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, aseguró que hay profesores que renuncian por la falta de condiciones para sostener la tarea. Además, remarcó que el problema de fondo es la falta de una ley de presupuesto nacional, lo que hace "que las obligaciones del Gobierno estén atadas a los valores del 2023”.
La motosierra libertaria provocó un desguace en el sistema educativo: las universidades cerraron el 2024 con un recorte del presupuesto del 30% y los salarios reales de los docentes con una caída del 23% respecto a diciembre de 2023. Los datos fueron publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Esta situación se agravó luego de la decisión del presidente Javier Milei de prorrogar el presupuesto del 2023. El recorte presupuestario a la educación fue denunciado durante todo el 2024 por la comunidad, que logró movilizar amplias porciones de la sociedad. En abril y octubre, se realizaron dos marchas federales universitarias en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional. Las movilizaciones se profundizaron luego de que el jefe de Estado vetara la Ley de Financiamiento Universitaria, tras la aprobación en el Congreso en septiembre pasado.
El recorte salarial a los trabajadores docentes y no docentes se evidencia en una marcada pérdida del poder adquisitivo de sus sueldos debido a los irrisorios aumentos salariales, la falta de una negociación paritaria efectiva y un ajuste general del presupuesto universitario. El paro docente convocado por los gremios nucleados en CONADU reclama la urgente reapertura de paritarias: desde octubre de 2024, los aumentos salariales son dispuestos de manera unilateral por el Ejecutivo y, según los gremios, están muy por debajo de la inflación acumulada, que alcanzó el 204,8% desde diciembre de 2023 hasta abril de 2025, frente a un aumento del 90,4% en los salarios universitarios.
En ese contexto, Mammarella afirmó que la situación en Santa Fe "es crítica" y aseguró: “Lo más grave tiene que ver con las condiciones, porque uno puede estar un año o dos sin mantenimiento, pero cuando uno empieza a perder masa crítica de sus docentes, sus empleados, que llevaron 20, 25 años formarlos... eso no se recupera fácilmente”.
La preocupación no es solo por el presente, sino por el futuro de la educación superior, la ciencia y la tecnología en el país. “Cuando uno pierde esa masa crítica y además no hay ningún incentivo para que nadie arranque la carrera, el maltrato o destrato permanente en redes, el bajo nivel salarial... en cinco, seis, siete años vamos a encontrar una universidad nacional prácticamente devastada”, advirtió el rector en declaraciones para el programa Algo que Decir, de AIRE.
Proyecto de Ley Financiamiento Universitario: cuáles son los principales puntos de la iniciativa
Ahora, un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario plantea el "incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031" fue presentado por miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a la Comisión de Educación del Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
El texto de la iniciativa indica que "la educación universitaria pública en Argentina ha sido, históricamente, un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural del país". En este sentido, el presente proyecto de ley está motivado "en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática".
Asimismo, sostiene que la Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que al Congreso le corresponde "sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales". A su vez, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 "define a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado".
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De esta manera, propone aumentar la inversión en la educación universitaria pública, sin afectar las cuentas del Estado. "Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", indica el texto de la iniciativa.
Respecto de las becas a estudiantes, establece una ampliación anual y progresiva del monto destinado al financiamiento de becas universitarias. En tanto, el proyecto busca garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestarias: “Asistencia financiera para el funcionamiento universitario”, "Asistencia financiera a hospitales universitarios”, “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades” y "Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria”, entre otros.
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