Un jefe policial, identificado como Jorge Mario Rojas (49), fue condenado a seis años de prisión por abusar sexualmente de una subalterna en la comisaría de Vera y Pintado, una localidad del departamento San Justo de poco más de 1300 habitantes, correspondiente a la provincia de Santa Fe.
El comisario fue condenado por tres abusos que, lejos de ser hechos aislados, fueron el corolario de acosos sistemáticos a los que él sometía a la víctima, subrayó el fiscal Ezequiel Hernández, que estuvo a cargo de la investigación y representó a la acusación en el debate. De esa forma, ejercía poder y dominación en el contexto de la institución policial, "cuya tradición es verticalista y patriarcal", especificó.
En cuanto al origen de la investigación penal, Hernández señaló que la propia víctima se comunicó por teléfono con la Agencia de Control Policial (hoy Asuntos Internos) y denunció el accionar ilícito del comisario. Asimismo, indicó que Rojas llevó a cabo su accionar delictivo entre 2020 y 2022, y precisó que, por entonces, él era el Jefe de la Cuarta Zona de Inspección de la Unidad Regional XVI y la víctima trabajaba como empleada policial y estaba asignada a esa dependencia.
La sentencia fue resuelta por la jueza Celeste Minniti, en el marco de un juicio oral que finalizó este jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. En su veredicto, la magistrada requirió al Poder Ejecutivo que despliegue un plan integral de medidas eficaces y concretas para el abordaje de situaciones y denuncias de violencia de género por parte del personal policial, a fin de prevenir nuevos hechos de victimización y estigmatización de las mujeres que integran la fuerza de seguridad provincial.
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Tras conocer el veredicto, el fiscal destacó: “La magistrada valoró la prueba y los argumentos que presentamos a lo largo del juicio y consideró que la atribución delictiva que realizamos estaba acreditada”. Y agregó: “Solicitamos que se ordene la prisión preventiva hasta que el fallo adquiriera firmeza, pero la jueza no hizo lugar a nuestro pedido”.
En tal sentido, se dispusieron cautelares no privativas de la libertad, entre las que están la prohibición de tener y portar armas de fuego; la obligación de permanecer dentro del país –Rojas deberá entregar su pasaporte–, y restricciones de distancia con relación a la víctima y sus allegados. Además, al condenado se le impuso una inhibición general para asegurar el pago de las costas del proceso.
Violencia sexual en Santa Fe: la fiscalía desestimó la denuncia, pero llega a juicio por la querella
Entre 2017 y 2020, una mujer sufrió maltrato laboral, violencia y abuso sexual por parte de su superior directo, subjefe de la Unidad Canina de Bomberos Zapadores, que depende de la Policía de la provincia santafesina. Lo denunció ante sus superiores, pero sólo recibió revictimización. En 2020 acudió a la Justicia, pero el fiscal de Delitos Sexuales Diego Meinero también desestimó su denuncia. El juez Rodrigo Santana decidió que el caso llegue a juicio por la acción de la querella y la tarea del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) provincial.
El CAJ pide una pena de nueve años y dos meses de prisión para quien era subjefe de la Unidad Canina de Bomberos Zapadores entre 2017 y 2020, por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones, y vejaciones en concurso real.
Según reveló Página 12, los abusos fueron reiterados, y escalaron en violencia. El maltrato laboral fue lo primero: el jefe acusaba a la víctima de no saber tratar con los perros, y le mostraba cómo debía castigar a la que tenía asignada. “Me pegaba en la cabeza, como diciendo que no me entraban las cosas, me decía que era gorda y no podía estar en la Unidad Canina, hacía constantes alusiones a mis pechos, porque siempre he sido pechugona”, relata V., con sus ojos estallados.
Una de las violencias fue ponerle un collar eléctrico en la muñeca, aplicándole descargas eléctricas, para “mostrarle” cómo debía adiestrar a su perra. “Ella era mi compañera, pero él decía que era una herramienta de trabajo, y que yo debía castigarla”, afirmó la denunciante.
“Los perros para adiestrar se reciben con 45 días, pero a mí me llegó cuando tenía un año, y había vivido en el hogar familiar del superior. La perra me saltaba, por eso él decía que me iba a corregir y enseñar, y un día me puso el collar en la muñeca”, cuenta, tal como lo hizo en la denuncia judicial. Ahora, espera la oportunidad de contar lo vivido frente al tribunal, cuando comience el juicio.
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