Tras el caso $Libra, las investigaciones sobre el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico, el Gobierno fue acusado de haber protagonizado un nuevo escándalo institucional a 10 días de las elecciones si no ofrece una respuesta contundente. En este caso, cayó una denuncia penal contra el director ejecutivo de la Anses, Fernando Bearzi, y otros funcionarios del organismo por el supuesto montaje de un entramado de corrupción y maniobras incompatibles con la función pública.
El texto presentado afirma que varios de los funcionarios habrían direccionado contrataciones y licitaciones hacia empresas cercanas para luego obtener beneficios económicos personales mediante sobreprecios o retornos. Las maniobras habrían sido coordinadas desde la Secretaría General, encabezada por Paula Amor, junto a un grupo cercano de colaboradores que incluyen a Santiago Adrián Campo, Christian Mikkelsen Loth, Javier López y su chofer y persona de confianza, Gastón Palacios. De comprobarse los hechos, se podrían categorizar en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248), asociación ilícita (artículo 210), cohecho y corrupción (artículos 256 y 258) del Código Penal, entre otros.
La denuncia ingresó a la fiscalía de Guillermo Marijuan y fue enviada al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2. Además de Bearzi, Amor, Mikkelsen Loth, López, Palacios y Campo, también fueron acusados Diego Palma Beltrán, Luis María Abba, Hernán Rubén Camino, Cecilia Paula Rosconi, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia y Gerardo Corti. Todos ellos ostentan cargos jerárquicos dentro de la Anses.
Qué dice la denuncia contra los funcionarios de la Anses
Según la denuncia, Amor habría impulsado contrataciones irregulares con empresas tecnológicas. Entre ellas, figura América Virtual S.A., que le habría facturado al organismo montos que se multiplican groseramente si se compara con lo que se facturaba cuando estaba en funciones el anterior. De acuerdo a la presentación, para comprobar esto solo hay que contar con la facturación de los últimos 12 meses, comparar y ver las diferencias abismales que hay en los montos pagados por la Anses. El costo para la contratación de esta compañía para otras cuestiones sería de nueve millones de dólares.
Otro de los contratos apuntados es el de la empresa SAP, que incluye licencias, consultoría y soporte por un total de 19 millones de dólares, con un adelanto de 960 mil dólares. Otra de las maniobras fraudulentas incluye al sistema Mainframe de IBM, contratado por 44.600.000 dólares, con un primer pago de 7.756.000 dólares y el resto en cuotas. Por un lado se abonaría la licencia a IBM y por separado el servicio por el uso de un servidor a un partner, que adquiere el servidor al efecto de alquilarlo. El proveedor señalado es la empresa GyL.
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El escrito remarcó que Amor buscaría quedarse también con la Dirección de Sentencias Judiciales, que es de donde salen todos los pagos millonarios de los retroactivos a favor de los jubilados. La operatoria para quedarse con esa Dirección la llevaría a cabo conjuntamente con Palacios, quien resultaría ser su amante; con Santiago Campo, que es el director de Programación y Control de la Gestión Operativa; y con Mikkelsen Loth, director de Trámites Complejos.
A uno de ellos, presume la presentación, lo quiere poner de director de Sentencias para quedarse con esa caja millonaria y también mostar negocios espurios ahí. Todo en connivencia con Javier López, quien es el director general de Control, persona indispensable para eludir, justamente, la verificación de irregularidades en el pago de sentencias previsionales, y los demás negocios que tendrían entre ellos.
No conforme, la denuncia señaló que Amor intentó hace poco nombrar como director a su exmarido Julio De Ferrari para tener gente de confianza en sus ilícitos, pero ante el "escándalo que se armó cuando se supo que quería seguir acomodando gente con fines dudosos", no pudo llevarlo a cabo.
Campo, Mikkelsen Loth, López y Palacios es considerado como el núcleo operativo de las maniobras que habrían permitido direccionar licitaciones y evadir los controles internos. “Todo se hace en connivencia con quienes deberían auditar las irregularidades, lo que agrava el cuadro de situación”, afirmó el escrito presentado ante la fiscalía. Fuentes oficiales consultadas por este medio dijeron que toman esta denuncia como una "operación kirchnerista de campaña".
De avanzar la investigación del expediente, el Gobierno podría cruzarse con un nuevo cisne negro judicial que complique aún más la mirada social sobre la nula transparencia que refleja la gestión libertaria. Para peor, el ámbito en el cual se habrían ejecutado maniobras corruptas es el organismo a cargo de pagar jubilaciones que no superan el rango de los 400 mil pesos para el haber mínimo.
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