Blanqueo: riesgos de sanciones y entrar a lista de países considerados terroristas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó días atrás que el Gobierno prepara un paquete de medidas “para fomentar el uso de los dólares del colchón”, una especie de blanqueo 'de facto' de los billetes verdes que se mantienen fuera del sistema. El presidente Javier Milei agregó que no habrá preguntas sobre su licitud. El laissez faire llevado al extremo de la ilegalidad podría generar un impacto negativo en la economía argentina si el país es considerado, por su falta de observancia, un facilitador del financiamiento al terrorismo. La medida, con claro tinte electoralista, no habilita en la práctica nada nuevo en materia de transacciones económicas y sólo abre la puerta a eventuales sanciones de organismos internacionales. Las miradas están puestas en cómo pueda responder el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que, luego de varias reformas legales, eliminó al país de su lista gris, y cuáles serán las respuestas de los países con los que Argentina tiene acuerdos de intercambio de información financiera. 

“Al narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad y el de Defensa. No usa la economía para combatir el otro delito. La idea es que nadie pregunte de dónde usted sacó los dólares. Las cuestiones de la economía se arreglan en la economía, y las de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal”, respondió esta semana Milei, quien volvió a hacer gala de desconocimiento en un tema que tiene aristas económicas, jurísdicas y sociales.

El riesgo de este blanqueo trucho se produce cuando una amenaza aprovecha con éxito una vulnerabilidad para generar una consecuencia. “Una amenaza, en general, es una persona, grupo o actividad con el potencial de causar daño al Estado, la sociedad o la economía. En el contexto del lavado de dinero, se refiere a individuos, grupos o entidades delictivas y sus facilitadores que buscan ocultar el origen ilícito de los fondos mediante actividades de lavado de dinero pasadas, presentes y futuras (y no a los delitos determinantes en sí). La evaluación de la amenaza suele ser un punto de partida esencial para comprender el riesgo de lavado de dinero”, alerta en su último informe el GAFI, que determina una serie de recomendaciones que este blanqueo trucho no cumple en absoluto.

No ayuda y te hunde

“La iniciativa compromete al menos tres ámbitos de análisis: el tributario, el de prevención de lavado de activos y la ley penal cambiaria. Y cada una de estas tres tiene una ley detrás, con lo cual cualquier modificación debería pasar por el Congreso”, señala Verónica Grondona, asesora senior sobre tributación internacional para la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (Icrict, por sus siglas en inglés). El Gobierno promociona la medida como una forma de facilitar el uso de los “dólares del colchón”, algo que ya sucede y que no requiere de mayor desregulación. “Hoy los dólares se pueden usar como uno quiera. Lo que hay son umbrales sobre los cuales se hace una investigación”, explica en diálogo con el El Destape la ex directora de la AFIP.

Esos umbrales, que se van actualizando cotidianamente –y son actualmente bastante laxos—, conllevan que si una persona aparece con un volumen elevado de dólares de la nada para comprar, por ejemplo, una casa, rijan algunos de los tres resortes de control, bajo la figura de “presunción del incremento patrimonial no justificado”. Esta figura está dentro de la ley de procedimiento tributario y tiene consecuencias dentro del penal tributario.

El problema actual es una AFIP (ahora ARCA) desmantelada por el mileísmo y su motosierra sólo tiene capacidad de cruzar información de volúmenes importantes, mientras que el resto vuela bajo el radar del control oficial. En caso de encontrar una incremento indebido del patrimonio, va a haber determinadas consecuencias tributarias. “Lo primero que intenta el organismo es que tributes por eso que descubrió que es un aumento indebido del patrimonio. En realidad eso ya ni siquiera es una sanción per se, sino que es hacerse cumplir las de la ley”, explica Grondona.

Un dato no menor es el impacto en la recaudación y el financiamiento del Estado. "Las declaraciones juradas patrimoniales se calculan las bases imponibles. Si se deja de pedir información que es pasible de intercambio puede ser un problema serio, porque también dejarán otros países de pasarnosla a nosotroes. Sería el acta de defunción de la fiscalidad internacional. Un  pais que no controla el.pago de impuestos, se autodeclara la sentencia de muerte", detalla a El Destape la especialista en criminalidad económica María Eugenia Marano, integrante de ETFE Justicia Fiscal.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos reconoció que la medida aún no fue lanzada porque falta andamiaje legal que lo sustente. En este caso, si se enfoca en eliminar la obligación de informar operaciones sospechosas con dólares solamente, quedaría una discriminación absurda respecto de los abusos que puedan darse en pesos. Con lo cual, también deberían derogar esa figura de aumento de patrimonio en pesos “para no preguntar nada”. O sea, nadie preguntaría nada sin importar la moneda. “La Ley Penal Cambiaria ya es ciega y no se aplica cuando vos te vas a comprar una casa y fuiste al mercado negro a comprar los dólares. Entonces no se entiende muy bien también lo que están diciendo sin mayor profundización”, agrega la especialista.

Algunos análisis arriesgan que la medida se circunscribaría a elevar los umbrales sobre los cuales se encienden luces de alerta, los cuales se pueden hacer por resolución sin pasar por el Congreso y evitando posibles sanciones. En principio, como todo lo que hacen, el tema aparece en un contexto de elecciones, donde quieren ganarse el favor quizás de un montón de sujetos incumplidores de la observancia obligada ante la Ley de Prevención y Lavado de Activos. Desde algunos organismos involucrados reconocen que "no es tanto lo que se va a modificar" sino que se avanzaría en una "simplificación que no movería tanto la aguja al momento de contar con información y tener que analizarla". De todos modos, lo más preocupnte es el mensaje que se da a la sociedad. 

Para los bancos podía implicar menores costos de control y evitar “desaveniencias” con sus clientes, en caso de ya no tener que informar conductas dudosas con sus patrimonios. “Los vendedores de las concesionarias, bancos, entidades financieras en genral, inmobiliarias, entre otras. Todos esos detestan ese aspecto que tienen que hacer cumplir, que para ellos no es parte de su negocio y lo tienen que llevar adelante”, explica la asesora de Icrict.

A los organismos internacionales no les importa tanto de la parte de prevención y lavado de activos sino la prevención del terrorismo. “Entonces, si hay un intercambio de información con otro país ese punto es clave, porque Argentina, al ser miembro del GAFI, está obligado a responder. Si uno no cumple esta normativa, queda dentro del listado de países terroristas, que es la lista gris”, advierte Grondona.

Las consecuencias de una apertura del sistema financiero a fondos informales pueden ir entonces desde la erosión de la confianza pública hasta sanciones internacionales que limiten la inserción del país en los mercados globales (la principal fuente de financiamiento del programa endeudador de Caputo).