La pelea del poder: Clarín, Techint, Galperin y Bulgheroni

La conducción política del poder económico está integrada por los grupos Clarín y Techint, con sede de operaciones en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). O así fue, por lo menos, durante los últimos veinte años. No ha sido desplazada, pero sí existen movimientos al interior del establishment que la ponen en cuestionamiento. 

Estos movimientos tienen origen en el actual proceso de doble transformación política y económica que se está produciendo y que el gobierno de Javier Milei aceleró. 

Por un lado, la fragmentación y debilidad de las organizaciones políticas facilitaron la irrupción, con posterior consolidación, de un outsider como líder de la ultraderecha. Este liderazgo combina comportamientos desquiciados con la construcción de una alianza hegemónica con otros protagonistas del poder económico. 

Por otro lado, se transformó la dinámica económica con la expansión del comercio electrónico y del mundo fintech, mientras se consolida una economía de enclave exportador de materias primas (energía, minería, agro). Ese combo coloca en el centro de las decisiones a empresarios que, además, militan políticamente el proyecto de Milei.

Las peleas son por negocios; no por ideología

Esta reconfiguración se puede observar cuando se identifica en este proceso a los actores que tienen más relevancia pública. Héctor Magnetto de Clarín y Paolo Rocca de Techint son la vieja guardia del poder económico, y Alejandro y Carlos Bulgheroni de Pan American Energy (PAE) y Marcos Galperin de Mercado Libre vienen a disputar el papel central de la voz política dominante del mundo empresarial. Las tensiones son por negocios; no por ideología ni por identificación política. 

Del mismo modo que en las tres experiencias conservadoras anteriores (la dictadura militar, el menemismo y el macrismo), cada una con sus particularidades, el gobierno de Milei es un territorio privilegiado para el despliegue de apropiación de rentas y activos por parte de los grupos económicos, en especial los locales. La captura de activos públicos y de mercados rentables forman parte de estas disputas intercapitalistas. La definición de la orientación de la política económica resulta una pieza clave del andamiaje de expansión de unos u otros. En este sentido, dos variables son clave: por un lado, el nivel del tipo de cambio con la administración del comercio exterior, por el otro, el grado de apertura económica. 

Dos batallas estelares

En menos de un año se encadenaron dos choques que muestran el reordenamiento: uno en telecomunicaciones/fintech y otro en energía/caños.

El primer episodio rutilante de esta disputa fue cuando Clarín, vía Telecom, se quedó con Telefónica, en una operación en la que el grupo Werthein (DirectTV) cercano al mileísmo y el mexicano Carlos Slim (Claro) estaban interesados en comprar la compañía en manos españolas. Esta movida, imprevista y no deseada por el Gobierno, derivó en que Milei fijara un tuit furioso, en su cuenta de la red X, contra el grupo Clarín. En las últimas semanas se abrió otro frente de batalla: Telecom (Clarín) vendió el 50% de Personal Pay, su billetera digital, al Banco Macro por 75 millones de dólares, para avanzar sobre el negocio fintech. Allí el protagonista principal es Galperin con Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre. Milei identifica como enemigo político al Banco Macro de la familia Brito. Con esta operación, nació una sociedad Magnetto-Brito para un negocio específico, que tiene enfrente a un fanático mileísta.

El otro episodio estalló en estos días por la adjudicación de la provisión de los caños para un gasoducto al conglomerado de India Welspun, que provocó un cisma en la cúpula del poder económico porque este tipo de negocios siempre ha tenido al grupo Techint como ganador exclusivo. Varios de los pesos pesados del mundo empresarial no tienen simpatía por Paolo Rocca, puesto que vende sus productos en el mercado local a un precio superior al promedio internacional. Los Bulgheroni tuvieron la posibilidad de desafiarlo y ganar esta partida. Es evidente que Techint perdió por soberbia o por una muy mala gestión de esta licitación privada. 

Por qué Rocca es “Don Chatarrín”

Los caños van a venir de India con acero chino; pero si Techint se quedaba con el contrato, los caños iban a venir de Brasil con acero brasileño. Aquí es donde el conflicto adquiere otra dimensión por encima de la disputa entre dos grandes conglomerados locales. La cuestión central no pasa por definirse a favor de uno u otro, con Milei interviniendo a favor de Bulgheroni. El Presidente lo hizo también desde su cuenta en la red X con un tuit donde bautizó a Rocca “Don Chatarrín”.

En un país bimonetario, cada decisión de abastecimiento externo define demanda de divisas y densidad de encadenamientos locales.

El tema de la chatarra es un eslabón importante de la cadena de valor de Techint porque es un insumo para producir la chapa de acero. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se prohibió la exportación de chatarra, medida que benefició a Rocca, con el objetivo de garantizar el suministro interno de material reciclable a bajo precio para la industria siderúrgica nacional. El argumento oficial era asegurar el abastecimiento de materia prima (chatarra ferrosa y no ferrosa) para los procesadores nacionales y proteger a la siderurgia local frente a la demanda internacional. Esta prohibición fue eliminada por Milei, a principios de 2025, volviendo a habilitar la libre exportación de residuos metálicos.

El gasoducto Néstor Kirchner fue realizado con caños provistos por Techint. En una de las presentaciones de la obra, CFK reclamó a Rocca que la chapa laminada para hacer los caños sea fabricada en Argentina y no en Brasil. El pedido no era solo sobre un proveedor: era sobre qué modelo industrial se premia cuando el Estado contrata. No era una objeción industrialista: era una advertencia sobre cómo una obra pública puede financiar encadenamientos locales o, por el contrario, validar la importación de insumos estratégicos.

Techint es de todos

La familia Rocca consolidó su liderazgo empresarial con la colaboración relevante de recursos públicos. Durante varias décadas obtuvo contratos de obras públicas, gasoductos, caminos que implicaron un desarrollo sostenido de su área de ingeniería y construcción. Recibió millonarios subsidios por regímenes de promoción industrial con exenciones impositivas, por el fomento de exportaciones industriales y por preferencias arancelarias que brindaron protección del importado. Se benefició de la licuación de pasivos financieros, a través de la regulación de la tasa de interés o del sistema de seguros de cambio para la deuda externa privada. Aprovechó la Ley de Compre Nacional que implicó que el Estado pagara sobreprecios amparados en esa norma. Contabilizó ganancias extraordinarias por su participación activa en privatizaciones, por ejemplo con su inversión en el consorcio de Telefónica que se quedó con la mitad de ENTel. 

La enajenación de activos estatales también afianzó el corazón de su grupo, la siderurgia, con su desembarco en empresas proveedoras de insumos básicos de esa actividad (producción y transporte de gas, petróleo y energía eléctrica) y con la compra a precio vil de Somisa. 

Con las privatizaciones, el grupo logró acceder a un notable grado de integración vertical en el rubro energético y siderúrgico. Además, consiguió una concentración y diversificación de sus negocios que resultó en un extraordinario crecimiento patrimonial. De ese proceso de consolidación empresarial, para la familia Rocca fue fundamental apropiarse de Somisa porque pasaron a dominar un sector estratégico de la economía.

Los estallidos sociales y económicos fueron por las disputas intercapitalistas

Las dos grandes crisis argentinas (la hiperinflación de 1989 y el fin de la convertibilidad de 2001) fueron el saldo de una intensa puja de varios años entre dos bandos del poder económico. Se sabe que, en el marco del sistema capitalista, las crisis son precipitadas por disputas al interior del capital; sólo las revoluciones son provocadas por la movilización y rebelión popular. 

Si bien hubo una fuerte resistencia social en ambas experiencias traumáticas, los respectivos estallidos -saqueos, en uno, y el corralito, en otro- fueron el corolario del agotamiento de una forma de distribución de los recursos públicos entre el capital.

En 1989, la disputa fue entre la banca acreedora, que quería cobrar los intereses de una deuda externa asfixiante de las finanzas públicas, y los grupos económicos locales, que querían seguir exprimiendo las cuentas fiscales, por caso con la promoción industrial. El agobio sobre el fisco desembocó en la hiperinflación, descontrol de precios que fue la tierra arrasada que dejó libre el camino para las profundas transformaciones regresivas de los noventa. En la primera mitad de esa década, las diferencias entre los bandos en pugna fueron zanjadas al reconfigurar el esquema de poder a partir de la constitución de la triple alianza del capital (banca acreedora, grupos locales y multinacionales de servicios públicos europeas) para asaltar los activos del Estado vía las privatizaciones. 

En 2001, la pelea fue por cuál iba a ser la salida de la convertibilidad: la dolarización, promovida por la banca local e internacional y las multinacionales (de las privatizadas y del resto de los sectores), o la devaluación, reclamada por grupos locales y complejos exportadores. 

En ambos casos se sabe quienes fueron los ganadores. Estos antecedentes son referencias para especular sobre cómo puede desarrollarse la actual disputa intercapitalista y, por lo tanto, cuándo y cuál puede ser el desenlace del experimento liberal-libertario. Son interrogantes que, si bien pueden generar ansiedad en círculos políticos, económicos y sociales, hoy no tienen respuestas.