Las desventuras transitorias de Don Chatarrín

Uno de los principales empresarios “nacionales”, Paolo Rocca, quien conduce la multinacional Techint, tributaria del paraíso fiscal de Luxemburgo, perdió una licitación clave de provisión de tubos para un importante gasoducto en una de las áreas críticas de la futura economía argentina. Pero lo que llamó la atención no fue que, por ahora, perdiera quien siempre ganaba, sino el notable destrato presidencial con el novel perdedor, quien fue acusado de “Don Chatarrín de los tubitos caros”. Un montón.

Semejante agravio a un señor tan rico y sofisticado, al que producto de tanto mundo todavía se le complica la buena pronunciación del español, conductor eterno de los grandes industriales locales a través de su sello UIA, aportante generoso de consultoras y think tanks, promotor de todos los proyectos neoliberales y conservadores locales de la historia reciente, desde el macrismo endeudador al mismísimo mileísmo ultra endeudador, puede ser leído como una anomalía, en tanto habría sido más esperable que semejante arremetida llegue primero desde las fuerzas progresistas que desde la ultraderecha extremista gobernante.

Para el caso vale recordar algunas máximas ordenadoras de los marcos conceptuales de “izquierda”, como la que dice que el Estado es un aparato de dominación de una clase social. Bien mirado, cuesta encontrar en la historia local algún gran capital que no se haya formado, que no se haya originalmente acumulado, de manera directa o indirecta, por la vía de la intervención del poder estatal. Algunos datos conocidísimos lo grafican. Los grandes apellidos terratenientes o “patricios”, por ejemplo, son inseparables de la apropiación poscolonial de las tierras “fiscales”, luego perfeccionada con la “conquista del desierto”, que tuvo la gran virtud de asegurar el territorio y las fronteras para la consolidación del Estado nacional, pero que inmediatamente se repartió entre amigos y colaboradores.

¿Cómo fue la acumulación originaria de firmas como Fate y Aluar, es decir de grandes capitalistas industriales como la familia Madanes Quintanilla? ¿Habría sido posible sin la relación entre José Ver Gelbard, el cuéntenik que prosperó, y Perón? Otro gran mecanismo de transferencia fueron las privatizaciones del peronismo noventista, hoy reivindicado por el mileísmo. El verdadero punto de inflexión que le permitió a la “multinacional de la T” controlar el mercado local del acero, integrarse verticalmente y convertirse en jugador regional, fue la privatización de Somisa en 1992. Somisa, junto a Fabricaciones Militares y sus Altos Hornos Zapla, fue una de las firmas estatales estratégicas que desarrollaron la siderurgia local. Las crónicas de la época hablaron de una adquisición de Techint a precio vil, de entre un décimo y un tercio del valor real de mercado de Somisa, seguramente habladurías de los envidiosos de los visionarios.

Al parecer no hay gran capital sin Estado, lo que legitima la fraseología “izquierdista” sobre el aparato de dominación de una clase social. Pero ello no significa, de manera alguna, que exista un agradecimiento eterno del capital, de la clase, a su fuente benefactora. De nuevo, el Estado no es una entidad, es un aparato. Luego, los grandes empresarios prefieren verse a sí mismo a través del relato épico que los sitúa como visionarios, constructores de empresas, inversores arriesgados, “destructores creativos”, conductores de la producción, “dadores” de trabajo y pagadores de los impuestos que sostienen a las clases subalternas y políticos con tendencia al ocio. No se descarta que los épicos existan, pero claramente no son la norma y, generalmente, no son los herederos de imperios, como don Paolo.

La segunda anomalía, por llamarla de alguna manera, es que quienes históricamente más defendieron las políticas de promoción industrial siempre fueron, paradójicamente, los más odiados por los grandes industriales: los economistas del ambiguo campo nacional y popular, colectivo que integra el peronismo, otro sustantivo a la espera de desambiguación. Existe una genealogía que explica el fenómeno. A diferencia de la izquierda, el peronismo nunca fue clasista. El “combatiendo al capital” de la marchita siempre fue apenas una anécdota mal leída por sus adversarios más primitivos. Por el contrario, en tiempos de consolidación del industrialismo fordista, los Estados de bienestar nacionales y la guerra fría, el peronismo siempre abogó por la armonía entre las clases.

De esta macrovisión de raíz social cristiana surgió la idea del “capital nacional”, en contraposición al “extranjero”, y el presunto compromiso de este capital, de esta mítica “burguesía nacional”, con un modelo ganar–ganar con los trabajadores, idea cuya expresión de máxima fue el también mítico y no muy teórico “50 y 50” en la distribución funcional del ingreso. 50 para el trabajo, los salarios, y 50 para el capital, las ganancias, con prescindencia del resto de los números.

Así, mientras el liberalismo tradicional siempre se conformó con la idea de la argentina agroexportadora, un modelo ya agotado a comienzos del siglo XX por la imposibilidad de seguir expandiendo la frontera agrícola y por el cambio de las condiciones internacionales a partir de la primera posguerra —idea que reprodujo el macrismo con su “supermercado del mundo” y que los libertarios pretenden ampliar para incluir, además del agro, al resto de los recursos naturales, como los mineros y los energéticos—, las experiencias nacional populares, empezando por el peronismo, siempre apostaron a la agregación de valor y la diversificación de la estructura productiva.

Aunque no siempre con la suficiente claridad conceptual y teórica sobre cómo lograrlo, la apuesta fue por la diversificación y la argentina industrial. La alianza con los industriales debió haber sido natural. Pero el error de fondo fue creer que la burguesía nacional existía. A pesar de las evidencias en contra, fue una idea persistente en el peronismo que incluso la internacionaliza imaginando otras presuntas burguesías nacionales igual de míticas, como por ejemplo la pujante “burguesía paulista”, la que sí tendría “conciencia nacional”.

Llegado este punto es posible ensayar la primera conclusión preliminar, que se aplica tanto a las políticas industriales como a la macroeconomía de la inflación. Los actores sociales, es decir las clases sociales, los empresarios, los trabajadores, no son ni buenos ni malos, son solo actores que, como tales, tienen lógicas de comportamiento. La lógica económica del empresario es maximizar ganancias. El que maximiza mal es arrasado por la competencia. No es malo por querer ganar más. Ganar lo máximo posible, tener por ejemplo el régimen de beneficios de Tierra del Fuego y cotizar en una licitación sobreprecios exorbitantes es parte de su lógica. Si consiguen beneficios extraordinarios lo que está fallando es el sistema de reglas.

La lógica del trabajador también es maximizar su ingreso, cuando mejor lo haga mejores serán sus condiciones de vida. No es mejor o peor por ser trabajador. Su maximización es trabajar lo menos posible para ganar lo máximo posible. De nuevo, si puede abusar de alguna condición es porque fallan las reglas. El trabajador solidario al estilo sindical Sitram-Sitrac también es una creación mítica de un momento histórico.

El insumo del hacedor de política, entonces, es conocer y predecir la lógica de comportamiento de los actores sociales y generar y conducir un sistema de reglas para que ello funcione con prescindencia de la buena o mala voluntad de los actores.

Por extensión, no es la imaginaria burguesía nacional la que, con conciencia, debería tener un proyecto de país que también beneficie e integre a los trabajadores. Es la clase política la que debería tener ese proyecto y en consecuencia conducir y subordinar al conjunto de los actores sociales.

El problema, la gran distorsión del capitalismo tardío al estilo occidental, aparece cuando el poder del capital subordina a la clase política y el proyecto colectivo vuelve a retroceder hacia un proyecto de clase. Es lo que sucede en las plutocracias como la estadounidense. Y es lo que impulsaron activa y multidimensionalmente en Argentina personajes como el ahora llamado “Don Chatarrín”. Trabajar por el desarme del Estado con el solo objetivo de pagar menos impuestos y destruir cualquier regulación puede tener externalidades negativas impensadas.

Con una clase política eficiente y no subordinada, es decir con proyecto de país, tendrían que haber sucedido dos cosas. La primera es que la licitación por los tubos tendría que haber sido ganada por una empresa radicada en el territorio, decir “nacional” es incompleto, porque gobernar es crear trabajo, proteger la producción nacional y defender sus sectores estratégicos, como la siderurgia. En segundo lugar, un sobreprecio de 40 puntos debería ser directamente impensable. Las políticas industriales tienen costos. No es un relato neoliberal decir que el costo lo pagan todos los consumidores y la eficiencia sistémica, por eso los costos deben cuidarse, las transferencias deben ser acotadas y los sobreprecios transitorios deben tener contraprestaciones. Nada que no se sepa desde siempre y que no esté escrito en la literatura sobre políticas industriales. Y nada que no se incumpla sistemáticamente cuando la clase política se subordina al capital. Es entonces cuando las políticas industriales se vuelven el régimen de Tierra del Fuego, la indumentaria se torna la más cara del mundo, los autos tienen tecnología Mercosur y el afecto social por las políticas industriales desaparece.