En busca de justificar el brutal ajuste en las pensiones en discapacidad, el Gobierno volvió a la carga con el discurso basado en el supuesto descontrol de otorgamiento de partidas en los últimos 20 años, lo cual significaría una suba superior al 1.000%. Sin embargo, las estadísticas desmienten a los libertarios y muestran su desconocimiento sobre los sistemas de protección a nivel internacional.
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que en Argentina debería haber 97.000 personas con discapacidad, pero el kirchnerismo "ha hecho ese populismo que termina destrozando las cuentas públicas". Sus declaraciones no son casuales, sino que evidencian la intención de fundamentar el ajuste en una de las partidas públicas más sensibles a nivel social.
La línea histórica de las pensiones
Fuentes vinculadas a la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad en otros tiempos políticos aclararon que la cantidad de pensiones no es "exacerbada" y que se trata de una cifra "similar al promedio regional y mundial". Como los sistemas de protección social tienen distintas características y están amparados en legislaciones muy disímiles, resulta incorrecto establecer comparaciones demográficas sobre las pensiones asignadas en un país o en otro. Pero lo cierto es que Argentina no se corre de los estamentos generales.
En particular, Argentina aplica derecho progresivo y por eso incrementó la cantidad de personas que podían acceder a una pensión al actualizar los criterios que establecían el derecho al mismo. Cuando asumió Néstor Kirchner, había 75 mil pensiones por un tope que el Estado destinaba para personas con discapacidad. Eliminado ese techo, quedaba un océano de marginalidad por atender.
Entre 2015 y 2023, el incremento de pensiones fue del 15% y no de 3.000% como dice el Gobierno. En detalle, durante la gestión del Frente de Todos, hubo 350 mil altas y 160 mil dadas de baja por incumplimientos, renuncias y fallecimientos. El total de pensiones a 2019 era de 1.034.599 y a fines de 2023 concluyó en 1.191.617.
Argentina tiene mas reconocimiento de derechos que muchos otros. Aunque naciones como Chile, Uruguay, Perú y Colombia ostentan leyes incluso más progresivas, la aplicación de las mismas son mucho más lentas. Por ejemplo, Chile y Uruguay poseen un cupo laboral en el sector privado como en el público, mientras que el argentino solo rige al segundo.
Acusaciones falsas
"Analizada la totalidad de la documentación correspondiente al solicitante LOPEZ RAMON OMAR DU 26712293 se informa que la misma padece Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía, disminución de la agudeza visual e hipertensión esencial (primaria). El interesado no adjunta ningún examen complementario que justifique las mencionadas patologías, único examen complementario presentado corresponde a una radiografía que no pertenece a un ser humano", esa fue la resolución gubernamental oficial del caso de pedido de otorgamiento de pensión a una persona que había presentado la radiografía de un perro. Sin embargo, la militancia libertaria y funcionarios se encargaron de afirmar que le habían dado el visto bueno durante la gestión anterior.
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El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Fernando Galarraga afirmó a El Destape que los cuestionamientos del Gobierno "hablan de un desconocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad, los tratados internacionales que los garantizan y las observaciones que Naciones Unidas emitió entre 2012 y 2023, solicitando que se desburocratice el acceso a este derecho, se elimine la mirada médica de la gestión y se reconozca la compatibilidad de la pensión con ingresos formales", ya que la discapacidad "siempre ocasiona costos extras y elevados para cualquier familia, no sólo en Argentina, sino en todo el mundo".
Galarraga sostuvo que es "falso" que hayan entregado pensiones "sólo con intendentes amigos", porque "se realizaron operativos con gobiernos municipales de todos los signos políticos sin excepción". Además, desmintió que se haya modificado la normativa para beneficiar la entrega de pensiones como "favores políticos", porque todas las reformas normativas impulsadas se "originaron en el denominado fallo REDI, que ya le pedía al Estado nacional que modifique esta normativa", y apuntó que también siguieron las "orientaciones y recomendaciones que desde 2012 Naciones Unidas le hizo a nuestro país al respecto".
"Estas modificaciones apuntaron a ampliar derechos, acercar la gestión de este trámite a las personas que realmente lo necesitaban y modernizar su tramitación para asegurar rapidez y transparencia. Siempre entendimos a la pensión como el primer paso para apoyar a las personas con discapacidad y buscar su inclusión real en la sociedad", expresó.
Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el proceso de auditoría de las pensiones no contributivas que abrió el Gobierno se realizó en base a criterios de otorgamiento inconstitucionales, sino que el modo en el que se está desarrollando impide ejercer el derecho de defensa.
De acuerdo a los datos del Censo 2010 (aún no se encuentran publicados los resultados del Censo 2022 en relación con este tema), el 12,9% de la población total (40.117.096 de personas) tiene discapacidad, lo que equivalía en ese momento a 5.175.105 personas. "Si aplicáramos ese mismo porcentaje a la población total que surge del Censo 2022 (46.234.830 de personas), el número ascendería a 5.964.293", apuntó ACIJ. En este sentido, suponiendo que la proyección de la población con discapacidad mantuviera el porcentaje de 2010 (12,9%), hoy en Argentina solo el 20,3% del total de personas con discapacidad recibe una pensión no contributiva.
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