La Procuración del Tesoro informó que sumó una docena de apoyos internacionales en la causa en la que se definirá la validez del fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó que el pago de la sentencia de U$S 16.000 millones se cancele con acciones de la empresa petrolera YPF.
En un comunicado de prensa, la Procuración señaló que “el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado por tercera ocasión en un año su apoyo a la República Argentina a través de la presentación de un amicus curiae advirtiendo en sus argumentos que la postura de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario”. Este apoyo se suma a las presentaciones anteriores que el Departamento de Justicia realizó en noviembre de 2024 bajo la administración Biden y en julio de 2025 bajo la presidencia de Donald Trump, apoyando la defensa argentina.
La Procuración afirmó que “en el caso de Israel es la primera vez que ese gobierno se presenta como amicus curiae en una causa de esta naturaleza”. El listado completo de presentaciones en apoyo incluye a Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (envió una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association.
El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la Argentina a pagar U$S 16.000 millones más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF.
La Procuración sostuvo que “el gobierno nacional continuará ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país, procurando una solución justa y compatible con el marco jurídico vigente”.
El comunicado de Amcham
La Amcham presentó un escrito como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en el caso que ordena a la Argentina transferir a acreedores privados su participación mayoritaria en YPF.
Esta decisión de AmCham se basa en el "respaldo irrestricto a la República Argentina en particular por los efectos negativos del fallo", señaló el escrito, dado que:
• Obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional.
• Debilita el Estado de derecho y la previsibilidad, condiciones esenciales para las inversiones extranjeras. La sentencia puede desestabilizar la economía argentina.
• Genera un riesgo inédito para empresas argentinas y estadounidenses que operan en ambos países.
Los argumentos de Amcham
1. Defensa de la soberanía y el Estado de derecho
- El fallo obliga a la Argentina a violar su propia ley (Ley 26.741), que prohíbe transferir las acciones estatales de YPF sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.
- Exige que un país modifique o quebrante su legislación interna lo que atenta contra su soberanía y desconoce los principios de la cortesía internacional.
- Además, la medida expone a funcionarios argentinos a eventuales sanciones penales por cumplir con una orden judicial extranjera contraria a la ley local.
2. Riesgo para la estabilidad económica
- YPF es estratégica para la economía argentina: genera más del 1,5 % del PBI, produce seis de cada diez litros de combustible y es el principal exportador de petróleo del país.
- Un traspaso forzado del control accionario podría desencadenar incumplimientos contractuales (default), comprometer al sector energético y desestabilizar el proceso de recuperación económica nacional.
- La decisión, además, contradice los esfuerzos del propio gobierno de EE.UU., que recientemente expresó su apoyo a la estabilización macroeconómica de la Argentina.
3. Impacto negativo en el comercio bilateral
El fallo crea un precedente riesgoso al reinterpretar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), al permitir ejecutar activos de un Estado extranjero ubicados fuera de Estados Unidos. Esta interpretación genera incertidumbre jurídica para empresas argentinas con operaciones en EE.UU. y para compañías estadounidenses que invierten en Argentina, debilitando el marco de confianza mutua.
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