La Cámara de Diputados intentará este miércoles aprobar un proyecto conocido como Ley Garrahan, que la propia Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó con un costo fiscal ínfimo, de 0,01% del PIB pero que puso en alerta a los mercados por la señal de debilidad política que transmite el presidente Javier Milei, cuyos vetos ya no cuentan con un bloqueo automático y pueden ser revertidos por el Congreso.
La OPC estimó que el costo fiscal de la ley de Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, puesta como tema central para el tratamiento en la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles, llega a 65.573 millones de pesos en lo que resta del año y en un cálculo anualizado alcanza a 133.433 millones de pesos.
La cifra, en términos del PBI, se vuelve insignificante para lo que resta de este año, el equivalente a 0,007% o incluso cuando se lo hace en términos anualizados, que llegaría a 0,019%. Tampoco es representativo si se lo compara con la pérdida de recaudación que se comprometió a asumir el Gobierno con la rebaja de retenciones, de 0,1% del PBI. El mayor impacto de la Ley Garrahan está en la lectura que hace el mercado del desafío político de los gobernadores y la oposición al presidente Javier Milei.
En un informe que envió este martes a sus clientes, el banco de inversión CMF advirtió que la sesión de Diputados convocada por la oposición tiene como objetivo discutir varios proyectos, entre los que se encuentran la Ley de financiamiento universitario -vetada por el Gobierno en octubre del 2024 -, la Ley de Emergencia para Bahía Blanca y para el Garrahan, y el rechazo a varios decretos delegados.
Evaluó que la sesión “ocurrirá días después de que el presidente Milei vetara las leyes de aumento de jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, firme con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal incluso a costa de enfrentar resistencias en el Congreso”.
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“Aunque el Gobierno refuerza su compromiso con las cuentas públicas, la creciente conflictividad política antes de las elecciones legislativas introduce un factor de incertidumbre en la curva soberana hard-dollar”, concluyó, en lo que se convierte en la principal preocupación del mercado.
El Gobierno enfrenta el proceso electoral sin lograr todavía superar la crisis monetaria y cambiaria que se generó por la mala praxis del equipo económico, que eliminó las Letras Fiscales de Liquidez (LeFi) en su afán de capturar para el Tesoro todos los pesos de la liquidez de la economía y desató una suba exponencial de tasas y una aceleración de la dolarización, con un fuerte impacto inflacionario.
Con una recesión que se profundiza, la estabilidad de precios era el argumento central de la campaña electoral, pero ahora aparece jaqueada con una inflación que según las consultoras puede volver arriba de 3% en agosto, el último mes antes de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.
La percepción del mercado es que la debilidad política que muestra la gestión de Milei se potencia con el desafío del Congreso y los gobernadores y, de obtener un mal resultado electoral en las provinciales bonaerenses, llegará a los comicios nacionales de octubre con un contexto de mayor incertidumbre financiera.
El ajuste al Garrahan en cifras
El proyecto de Ley Garrahan, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dispone la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años como marco legal para la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos.
El dictamen de mayoría posee doce artículos, coincidiendo en sus objetivos, asignación presupuestaria y prioridades de asignación y ejecución, en el carácter de la ley y entrada en vigor de ésta con el proyecto de ley, mientras que se diferencia al reducir de dos a un año la declaración de emergencia.
Equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones. Anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones.
A junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes. La Oficina de Presupuesto del Congreso advierte que no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias.
Sobre un PBI nominal que la OPC estima en 833.365.374 millones de pesos, el costo fiscal de este año alcanza a 0,007% y a lo largo de un periodo fiscal a 0,019%. La reducción de retención tiene un costo fiscal de 0,1% del PBI, entre u$s500 millones y u$s700 millones, según estimaciones del economista Fernando Marull, mientras Hernán Letcher del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), lo ubicó "entre el 0,19 a 0,22%" del Producto.
Esta pérdida de recaudación no fue cuestionada por los mercados, lo que explica que no es una cuestión fiscal sino política la preocupación por lo que apruebe el Congreso.
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