El presidente Javier Milei y su equipo insisten en celebrar la desaceleración de la inflación en Argentina, presentando al menos un logro en su triste gobierno. Pero para las mayorías, si bien la inflación desacelera, no se siente porque los salarios siguen creciendo por debajo de los precios. La historia nos dice que detrás de la motosierra y la destrucción del Estado, los programas de apreciación cambiaria y carry trade financiero terminan siendo un mecanismo de transferencia de ingresos de los sectores más postergados a los más ricos. Veamos algunos números de inflación desagregada, salarios, y la consecuencia sobre el endeudamiento de las familias y el acceso a la vivienda.
Si bien el último dato de inflación arroja un 1,6%, los servicios esenciales, el transporte, los alquileres y los medicamentos (entre otros) continúan con aumentos muy por encima de ese número. Según el INDEC, desde diciembre de 2023 a hoy, la inflación acumulada general fue del 300% mientras que la vivienda, agua, electricidad, gas y otros llega casi al 500%, y los regulados (transporte y naftas), llega al 400%, tomando como base 100 noviembre de 2023.
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No nos asustaríamos tanto de estos números si los salarios, jubilaciones e ingresos en general acompañaran dichas subas. Pero, paradójicamente el gobierno liberal que vino a terminar con el Estado ha impuesto un "techo a las paritarias", siendo esta una clara intromisión en las negociaciones colectivas entre trabajadores y empleadores. Esta política salarial restrictiva, lejos de fomentar la inversión y el crecimiento genuino del consumo, condena a los asalariados a una constante pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. En el segundo gráfico vemos la evolución de los salarios desde diciembre 2023. Solo el sector privado registrado había conseguir sortear el cepo al salario durante algunos meses del 2024, pero este año empezó a perder contra la inflación, frente a la orden de las paritarias al 1% mensual indicada por Caputo. La peor parte de la motosierra se la llevan los trabajadores y trabajadoras del sector público.
A la falta de recuperación salarial se suma la caída del empleo registrado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y abril de 2025 se perdieron 104.603 puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado, lo que representa una caída del 1,6%. Las trabajadoras de casas particulares fueron especialmente afectadas, con una reducción del 5% en su nivel de empleo. Parte de estos puestos fueron reemplazados por formas de autoempleo o monotributo, siendo el trabajo a través de aplicaciones una de las principales salidas para quienes quedaron fuera del mercado formal. Esta dinámica refleja una destrucción del empleo registrado, una pérdida de poder adquisitivo en las clases medias y una cadena de impactos que se retroalimenta: al reducirse el ingreso disponible, se dejan de contratar servicios como el trabajo doméstico, lo que a su vez profundiza la precarización laboral.
Esta situación pone de manifiesto la visión del gobierno de Milei sobre el rol de los trabajadores. Al limitar los salarios y no fomentar la creación de empleo de calidad, se está relegando a los trabajadores a una posición secundaria en la sociedad. Que el rol del trabajo sea desvalorizado, sólo puede traer consecuencias catastróficas. Mientras tanto, la riqueza se concentra en pocas manos, el consumo se contrae, y el motor productivo, cada vez más oxidado.
La primera consecuencia de esta erosión salarial es un creciente endeudamiento de los hogares argentinos y una seria dificultad para sostener la vivienda, poder pagar los alquileres. Según el informe de mayo de 2025 del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el 91% de los hogares argentinos tiene deudas, de las cuales el 73% se arrastran desde 2024. El 48% de los hogares se encuentra en mora regular y el 28% en instancia judicial, lo que implica que el 76% de las deudas están impagas. En cuanto a la distribución de los tipos de deuda: el 30,5% corresponde a tarjetas de crédito, el 10,5% a servicios privados, el 8,8% a compras fiadas en comercios, el 8,4% a préstamos de familiares y amigos, y el 7,2% a deudas bancarias. Además, del total de la deuda con tarjetas de crédito, el 58% se destina a la compra de alimentos. Este espiral de deuda no solo genera un estrés financiero inmenso, sino que hipoteca el futuro de las familias. Y por supuesto, enriquece a los prestamistas mediante tasas cada vez más usureras. Es un ciclo perverso que, lejos de las promesas de libertad, encadena a las familias a una constante lucha por la supervivencia. Quizás este sea el "crecimiento sin dinero" al que se refería el presidente: crecer en deudas.
La segunda son las dificultades para acceder a una vivienda. Según el último informe de inquilinos agrupados el 25% de los encuestados indicó que tuvo que mudarse en los últimos 3 meses por no poder afrontar el precio del alquiler. De este universo, el 94% tiene condiciones contractuales por fuera de la ley de alquileres. Bajo ley de alquileres sólo el 6% respondió haber tenido que mudarse por no poder hacer frente al pago del alquiler (sólo el 10% hoy está bajo las condiciones de la ley de alquileres). En diciembre de 2024, el 42,8% de los ingresos de los hogares inquilinos encuestados se destina a pagar el alquiler más las expensas (sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos). El 63,7% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente. Cuando se indaga por los destinos de la deuda, los mismos están protagonizados por el pago de tarjetas de crédito (65%) y el pago de alimentos (45,1%). Los datos a diciembre evidencian valores promedio para alquilar un 20% mayores a los relevados en septiembre.
En definitiva, la baja de la inflación en Argentina se presenta como un gran logro que, sin embargo, para la mayoría de los argentinos, les cuesta, sangre, sudor y lágrimas. Mientras nos muestran cifras aparentemente alentadoras, la economía de los hogares se desangra. Esta "estabilidad" que se construye sobre la base del empobrecimiento de la población y el endeudamiento de los hogares, resulta insostenible en el corto plazo. Sin una recuperación real del poder adquisitivo, sin empleos de calidad remunerados justamente y sin una política que priorice el bienestar de los trabajadores, la baja en la inflación no garantiza una mejor calidad de vida para todos los argentinos. Más temprano que tarde el principal activo del gobierno se diluirá frente a la mayor desigualdad.
¿Alcanza con una inflación a la baja si el alquiler se vuelve impagable? ¿si las facturas de servicios aumentan todos los meses por encima del salario? ¿si los medicamentos y la salud en general se vuelven un lujo inalcanzable? ¿si las jubilaciones caen desde valores mínimos? Bajar la inflación pisando los ingresos de las familias no tiene nada de novedoso. Lo que tenemos que proponer aquellos que creemos en la justicia social es un proceso de desinflación donde los costos los paguen los que más tienen no los más débiles.
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