La aspiración política inicial de Milei era, a esta altura, poder mostrar al electorado una economía vigorosa, una tasa de inflación cercana al 0%, estabilidad monetaria y cambiaria, aumento del empleo y recuperación leve de los ingresos de la población. Y sin denuncias de corrupción generalizada en diferentes espacios del gobierno.
Los más recientes indicadores económicos muestran que Milei no lo pudo conseguir y este fracaso es de propia responsabilidad: retroceden las ventas mayoristas y minoristas, baja la actividad luego de meses de estancamiento, la inflación está subiendo, el índice de Confianza del Consumidor Di Tella se derrumbó 13,6% en agosto, y la tasa de interés real triplica la inflación esperada con encajes bancarios en niveles elevadísimos. A todo esto se suman las varias derrotas del oficialismo en el Congreso y el estallido de diferentes hechos de corrupción que involucran al círculo más cercano del Presidente.
En los antecedentes cercanos de la política local no se encuentra un gobierno que se presente a elecciones en medio de una recesión autoinfligida, es decir, sin que medie un shock externo de magnitud.
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En general, los oficialismos intentan llegar a las urnas con medidas expansivas que reactiven el consumo, mejoren el poder adquisitivo de los salarios y otorguen cierta sensación de bienestar, aunque sea transitoria. Por errores políticos propios, fundamentalismo ideológico, notable impericia en la gestión, despiadadas internas por espacios de poder y negocios, y también por el estallido de escandalosos hechos de corrupción, Milei enfrenta cruciales elecciones de medio término en una situación diametralmente opuesta a la tradicional en un año electoral.
¿Qué pasó con De la Rúa, Alfonsín, Menem y Macri?
Fernando de la Rúa, en 2001, se presentó a elecciones con una recesión que se arrastraba de tres años consecutivos y el ajuste respondía a la combinación de la convertibilidad y las presiones del FMI. El oficialismo se presentó a las legislativas de octubre de ese año con un desempleo de dos dígitos, los ingresos deteriorados y un consumo en caída. El resultado fue una derrota categórica. Sin embargo, no se trató de una estrategia planificada, sino de la imposibilidad de encontrar un rumbo alternativo dentro del corset de la convertibilidad.
Otro episodio ilustrativo fue el de Raúl Alfonsín en 1989. La hiperinflación precipitó las elecciones presidenciales y obligó a entregar el mando antes de tiempo. En este caso, el shock no fue deliberado: la combinación de fragilidad externa, presión devaluatoria y desborde inflacionario terminó arrasando con el poder adquisitivo de los trabajadores.
Durante los gobiernos de Carlos Menem, la estrategia fue la inversa a la de Milei: a pesar de los costos sociales de las privatizaciones y la apertura comercial, el oficialismo apostaba a que la estabilidad de la convertibilidad y el crédito barato (“voto cuota”) generara sensación de prosperidad en cada ciclo electoral. Así ocurrió en 1995, en plena crisis del Tequila, donde aun con recesión y desempleo crecientes, la estabilidad del dólar y la inflación baja le permitieron a Menem conseguir la reelección.
Más cerca, en 2017, el gobierno de Mauricio Macri ensayó una estrategia clásica: apuntalar la economía de cara a las elecciones legislativas mediante paritarias que mejoraron los salarios reales, créditos al consumo y cierta expansión de la obra pública. Esa política de estímulo de la demanda doméstica contribuyó a un clima de bienestar relativo que se tradujo en un triunfo electoral en las legislativas de medio término.
La particularidad de la estrategia de Milei es que por primera vez un gobierno adopta como estrategia propia una política económica recesiva, con salarios deprimidos, tasas reales elevadas y consumo en caída, para mostrar disciplina fiscal y estabilidad cambiaria ante el mercado y el FMI, incluso a costa de llegar a las elecciones en un escenario social deteriorado.
El ancla salarial en tiempos electorales.
En esta insólita estrategia política, el plan económico de Milei se propuso enfriar la economía para quebrar la inercia de precios en el mismo año de las elecciones. La herramienta central no fue un congelamiento clásico, sino un ancla múltiple: tipo de cambio, gasto público y, sobre todo, salarios.
El resultado fue una fuerte caída del ingreso disponible de los hogares, que operó como freno de la demanda doméstica. La lógica del ancla salarial fue explícita: contener las paritarias y actualizar el salario mínimo por debajo de la inflación.
El mercado de trabajo reaccionó al ajuste con un mayor deterioro. En el primer trimestre de 2025, la tasa de empleo cayó a 44,4% y la desocupación subió a 7,9% (desde 6,4% del cuarto trimestre de 2024). La tasa de actividad también retrocedió: hay menos personas buscando trabajo por el costo de la movilidad y, en especial, porque los salarios ofrecidos son exiguos.
En paralelo, la política sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil operó como otra válvula de contención. Luego de meses con ajustes por debajo de la inflación, el gobierno fijó una pauta en cinco tramos: 302.600 pesos en abril, 308.200 en mayo, 313.400 en junio, 317.800 en julio y 322.200 pesos en agosto de 2025. La progresión ayudó a acotar la puja nominal, pero dejó a los salarios más bajos corriendo de atrás respecto de la inflación.
La apuesta oficial es conseguir votos sólo con la baja de la inflación.
El saldo de esta política recesiva es el siguiente: el ancla salarial logró contribuir al freno de la inflación, pero a costa del consumo popular, el empleo y el bienestar general. La demanda doméstica quedó así castigada: los comercios siguen reportando ventas débiles y la industria opera lejos del pleno uso de su capacidad instalada.
En una economía con alto componente del mercado doméstico, como la argentina, los sueldos son ingresos clave. De su dinámica dependen el nivel de actividad interna, la rotación de inventarios, la tasa de utilización de la capacidad instalada en las industrias, el gasto en servicios y, por lo tanto, el incentivo de la inversión privada.
La política de Milei lo prueba en su faceta recesiva: comprimir remuneraciones ayuda a contener los aumentos de precios en el corto plazo, pero también castiga el tejido productivo y el empleo. Por ahora, el balance del ancla salarial es una desaceleración inflacionaria conseguida con estancamiento y fragilidad laboral.
Estancamiento económico con destrucción de empleos.
Milei decidió castigar el ingreso de los trabajadores sin importar que el 2025 es un año electoral. En julio, el promedio de paritarias registró una caída del poder adquisitivo de 0,7%, consolidando la contracción de marzo frente a inicios de este año (-2,0%), según C-P consultora, de Federico Pastrana y Pablo Moldovan.
El último reporte de C-P indica que, mientras en octubre y noviembre del año pasado la mayoría de los acuerdos contenía aumentos por encima de la inflación, en el primer trimestre de 2025 el empeoramiento es claro y generalizado.
El informe indica también que el empleo registrado continúa mostrando un panorama muy pesimista. Los datos de junio muestran que el empleo total dejó de caer a costa de un mayor congelamiento de la economía: menos personas dejaron sus empleos, pero las empresas contratan menos personal. El nivel de contrataciones en junio estuvo en niveles similares al de las crisis de 2009 y de 2018-2019.
Pastrana y Moldovan explican que, aún con una base de comparación muy baja (mayo 2024), se registró una contracción del empleo en los datos interanuales de 2,6%. La variación de apenas 0,3% en los asalariados privados muestra las dificultades del modelo para generar empleo registrado, es decir, su tendencia es de estancamiento.
Convocar a votar en un escenario de recesión económica.
El informe sobre situación del mercado de trabajo de Cifra-CTA, elaborado por Mariana L. González y Nicolás Bonofiglio, realiza un detallado estudio sobre la evolución de la actividad. Ofrecen una aclaración metodológica para realizar una evaluación consistente. Dicen que los indicadores con estacionalidad se comparan entre los primeros trimestres de 2025 y 2023, en lugar de 2024. “Esta decisión responde a la situación excepcional vivida a comienzos de ese año, marcada por una fuerte caída en la actividad económica y un monumental deterioro de los ingresos reales”, aclaran.
De este modo, observan que el tiempo transcurrido del gobierno de Milei estuvo marcado por una fuerte caída de la actividad económica, seguida de una recuperación de rebote y posterior estancamiento.
En el primer trimestre de 2025, el PIB se ubicó 1,2% por encima del mismo período de 2023, superando apenas el nivel alcanzado en el primer trimestre de 2018, es decir, siete años atrás. “Este mayor nivel se logró gracias a una significativa expansión de las exportaciones (Agro luego de la sequía y Energía por Vaca Muerta). Si se excluyeran estas ventas externas, el PIB estaría 4,1% por debajo del primer trimestre de 2023”, explican.
La recuperación económica fue heterogénea. En particular, contrasta el desempeño promedio general con dos sectores clave para el dinamismo económico: la construcción y la industria. En el caso de la construcción, se encuentra casi 20% por debajo del nivel de noviembre de 2023, muy afectada por el recorte en la obra pública, sin señales de repunte.
Pulverizar el salario real de los trabajadores
El reporte de Cifra-CTA indica que, desde la asunción de Milei, hubo una destrucción neta de puestos en relación de dependencia: entre noviembre de 2023 y mayo del año actual, el número de asalariados registrados –incluyendo públicos y privados– se redujo en 184.500. La caída del empleo asalariado registrado del sector privado afecta prácticamente a la totalidad de los rubros económicos, destacándose por su magnitud la pérdida en los sectores de construcción e industria.
Los problemas del mercado laboral no se limitan al aumento de la desocupación (del 6,9% al 7,9%). También se observa un incremento de la subocupación, de los ocupados demandantes de empleo, del pluriempleo, y un fuerte aumento del desempleo juvenil. Además, el poder adquisitivo de los salarios no ha logrado recuperar el nivel previo al profundo deterioro sufrido tras la devaluación de inicios de 2024 y su traslado a precios. En el pasado mes de junio, el salario real registrado se ubicaba 5,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
Ante las críticas que se han hecho sobre el IPC-Indec por su falta de actualización y por no reflejar los nuevos precios relativos, Cifra-CTA realizó un ejercicio con un “IPC reponderado”. Con este índice, la pérdida de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y junio de 2025 alcanza un 9,1%. En una comparación de mediano plazo, el salario registrado privado resulta 23,3% inferior al de noviembre de 2015, mientras que el salario del sector público es 37,9% más bajo que en ese mismo mes.
Este crítico panorama económico y laboral revela una anomalía en la tradición política: en lugar de amortiguar el costo social de la recesión, Milei lo profundiza como ancla antiinflacionaria. La apuesta es riesgosa no sólo en términos políticos, por el desgaste que implica llegar a las urnas con salarios deprimidos y consumo en retroceso, sino también en términos económicos, porque un mercado interno debilitado condiciona cualquier posibilidad de recuperación sostenida más allá del resultado electoral.
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