Tras el recorte en las prestaciones para personas con discapacidad y en medio del escándalo por los desvíos de fondos en ANDIS, el Gobierno actualizó este miércoles el nomenclador con un incremento total de entre el 29,7% y el 35,4% que se aplicará en tres tramos: octubre, noviembre y diciembre.
El aumento de nomenclador fue resuelto después de la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. El incremento será formalizado a través de la publicación del Boletín Oficial de este jueves.
La semana pasada, el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que había suspendido, aunque se prevé que el ajuste presupuestario del año próximo implicará un tope al ingreso de nuevos beneficiarios el sistema.
El aumento, en el marco de las reveses judiciales que recibió el oficialismo en las últimas semanas, también forma parte del "compromiso del Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención a las personas con discapacidad en todo el país", señalaron fuentes oficiales.
Con esta actualización conocida este miércoles, el aumento de las prestaciones estará por encima de la inflación proyectada para todo el 2025, lo que refleja una decisión concreta de mejorar los ingresos del sector y brindar previsibilidad a los prestadores.
Justicia y Política
Desde el gobierno de Javier Milei defienden el ajuste sosteniendo que en 2023 las partidas del nomenclador se incrementaron por debajo de la inflación, aunque el verdadero recorte se dio en el transcurso del último año y medio. Ahora el Ejecutivo asegura que "continúa avanzando en la mejora integral del sistema de atención a la discapacidad, priorizando una gestión eficiente de los recursos y el cumplimiento de los compromisos asumidos con los beneficiarios y los prestadores".
El aumento busca, según las fuentes oficiales, "fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios para personas con discapacidad en todo el país, el gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador de prestaciones, con incrementos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%, aplicables en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025".
El nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles que perciben las instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los beneficiados se incluyen prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros esenciales.
El último aumento había sido del 0,5% en diciembre de 2024. El retraso provocó corte de algunos servicios, el cierre de centros de atención y la demora en el pago de prestaciones. Estas dilaciones y el veto a la Ley de Discapacidad por parte del presidente Javier Milei derivaron en que organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad, junto a otras agrupaciones, marcharon frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir un incremento en el nomenclador y que el gobierno de Javier Milei “cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dé una respuesta a la crisis terminal que atraviesa el sector”.
La ley impone un aumento del 70% en vez del 35% concedido por las autoridades nacionales. Fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo interventor es Alejandro Vilches, sostuvieron que la actualización actual “no sólo recompone valores, sino que restablece criterios de equidad y transparencia en la asignación de los fondos”, con el objetivo de garantizar que “la plata vaya donde corresponde”.
En un principio la medida fue apelada por el interventor de ANDIS, pero la justicia federal catamarqueña mantuvo la decisión que ordena “restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente”. La decisión del gobierno de La Libertad Avanza fue publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre y se hizo efectiva a través de la resolución de la ANDIS 13901/2025.
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