Dólares del colchón: alertan que la nueva amnistía fiscal generará mayor pérdida de recaudación

El gobierno de Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas económicas que bajo la consigna “tus dólares, tu decisión” desarman controles fiscales en materia de consumos, adquisiciones y extracciones al elevar los umbrales a partir de los cuales el Estado fiscaliza, buscando que quienes tienen activos no declarados los “saquen del colchón” sin ser investigados. Si bien el paquete de anuncios fue presentado como una “lucha contra la informalidad” que, al entender del ministro de Economía Luis Caputo, sería resultado del “exceso de impuestos y regulaciones”, especialistas consultados por El Destape advierten que se trata de una amnistía fiscal encubierta que debilitará la recaudación y la equidad del sistema tributario.

Así, mientras el oficialismo destacó que se podrán usar activos no declarados “sin tener que demostrar de dónde los sacaron”, en la práctica se habilita una mayor desregulación del sistema financiero que terminaría premiando al evasor y desincentivando el cumplimiento fiscal mientras el Estado resigna por completo la posibilidad de recaudar por la tenencia previa de estos activos, fuera del circuito formal. Ello ocurre en una coyuntura donde el gobierno de Javier Milei enfrenta serias dificultades para acumular reservas, tanto para cumplir con la meta que exige el nuevo acuerdo de deuda con el FMI como de cara a poder acceder al mercado de crédito internacional.

“Se consolidan pasos hacia un régimen de excepcionalidad financiera permanente, que transforma a la Argentina en un paraíso fiscal de facto y abre las puertas a fenómenos más oscuros de criminalidad transnacional”, plantearon analistas a este medio y agregaron que el problema radica también en las consecuencias fututas para la cultura tributaria nacional.

El impacto de la amnistía en la recaudación

Entre las medidas contenidas en el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" (Decreto 353/2025) se destaca la derogación de los regímenes de información por los que se notificaba a ARCA (ex AFIP) determinadas operaciones (compra de vehículos usados, venta de propiedades, expensas) con el objetivo de que se puedan realizar con dinero que está fuera del circuito financiero, a la vez que se amplían considerablemente los montos para el reporte de transacciones bancarias sospechosas (en operaciones financieras se eleva el tope a 100 millones de pesos – USD 100.000-). En complemento, se prohíbe a los bancos solicitar declaraciones juradas de impuestos y se habilitará un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que, en la misma línea, se focalizará únicamente en ingresos y deducciones registradas, sin indagar el origen de los fondos utilizados en consumos ni en el incremento patrimonial. 

En este escenario, no es menor poner la lupa en cómo impactará la eliminación de penalidades sobre ese dinero no declarado en la recaudación, debido a la resignación de recursos por parte del Estado. “La decisión del gobierno de permitir el uso libre de hasta 100.000 dólares en efectivo no declarados, sin exigir bancarización ni aplicar penalidades ni tributos retroactivos, constituye una amnistía fiscal encubierta que debilita severamente la equidad del sistema tributario. Aunque los impuestos vinculados a las operaciones de compraventa (como el IVA, el impuesto de sellos o Ganancias en el caso de inmuebles) siguen vigentes, el Estado resigna por completo la posibilidad de recaudar por la tenencia previa de estos activos fuera del circuito formal, consolidando un patrón de premio a la evasión”, analizó en diálogo con este medio la economista Ana Rameri, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Un aspecto no menor tiene que ver con el impacto que medidas semejantes pueden tener en el corto, mediano y largo plazo, lo que se vincula a su vez con el programa económico en marcha y los objetivos coyunturales en juego. “Las medidas con una óptica de beneficiar el incumplimiento, pueden tener un beneficio de corto plazo, pero después el gran problema son los perjuicios en el mediano y largo plazo. Estos anuncios si bien no son tal, van en la misma línea de los blanqueos que en algunos casos lograron que se formalicen los activos (bienes, dinero, inversiones) pero el problema es que el efecto a futuro es muy malo para la cultura tributaria. Es decir, lo que se hace en definitiva es dar un mensaje que termina premiando al evasor y desincentivando el cumplimiento, con lo cual el sistema se hace más dependiente de este tipo de 'perdones'”, planteó el especialista Alejandro Gaggero, del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

En esa línea, el investigador recordó que trabajos de orden nacional e internacional ya lo señalaron: “Las políticas de amnistía fiscal han sido estudiadas, de hecho, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha trabajado el caso y, en general, coinciden en que tiene que ser una medida muy excepcional y debe estar acompañada de una serie de reformas como la mejora en las capacidades de fiscalización del Estado, de lo contrario se empeora las posibilidades de recaudar en el futuro”. Un factor no menor tiene que ver también con que “también suele ser nocivo en términos equidad del sistema, porque los impuestos que se ‘perdonan’, son los más progresivos como Bienes Personales o Ganancias”, sumó.

En este panorama, una pregunta clave tiene que ver con cuál es el objetivo real de este tipo de medidas. Para los especialistas responde, por un lado, a la necesidad de acumular reservas, en el marco de la nueva deuda con el FMI que establece que, para mediados de año, deben llegar a volumen en torno a los US$5.000 millones, sumado a las dificultades evidentes de acceso a los mercados internacionales, y por otro, a la búsqueda de avanzar en una dolarización de la economía.

“En lo coyuntural, esta medida responde a la desesperación por conseguir dólares en un contexto donde la política económica oficial ha demostrado ser incapaz de acumular reservas internacionales; y en lo estructural, se inscribe en la estrategia del gobierno -que no abandonó- de avanzar hacia una dolarización endógena, desmonetizando el peso y naturalizando la circulación del dólar como medio de pago para un conjunto importante de mercados de nuestra economía”, señaló la investigadora del IPyPP y advirtió que “en este doble movimiento, se consolidan pasos hacia un régimen de excepcionalidad financiera permanente, que transforma a la Argentina en un paraíso fiscal de facto y abre las puertas a fenómenos más oscuros de criminalidad transnacional. En definitiva, se habilita una arquitectura financiera que acerca peligrosamente al país a la lógica del narcoestado”.

En sintonía Gaggero señaló que “se relaciona con la necesidad de que vuelvan a ingresar dólares al sistema, porque justamente el esquema macroeconómico tiene un problema en ese punto, y puede que se quiera repetir lo que sucedió con el blanqueo del año pasado que permitió que ingresaran dólares al sistema financiero local, y en un contexto de relativa escasez, eso le dio aire a la política económica”. No obstante, el especialista en política fiscal volvió a remarcar que “el efecto positivo termina diluyéndose en el largo plazo”, y citó como ejemplo lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, del cual el ministro Caputo y otros actuales funcionarios libertarios, fueron también parte del gabinete de gestión. “Por entonces hubo una entrada de divisas en los activos que se blanquearon que fue muy importante, de hecho, el Estado pudo recaudar en el corto plazo porque ese blanqueo implicaba pagar multas, pero luego eso sirvió de poco para resolver el problema en el tiempo”.

Crisis de actividad, menor recaudación 

Tras una mejora en la actividad en el cierre del 2024 y el primer bimestre de este año, el dato de marzo indicó una caída mensual (-1,8%), según informó el INDEC. La última baja había sido en abril del año pasado (-1,2%) cuando el indicador tocó su piso. Por su lado, si bien en términos interanuales arrojó una suba (+5,6%), hay que tener en cuenta que compara contra un nivel particularmente bajo, debido al impacto de la devaluación y recesión a comienzos del año pasado. 

Por su parte, datos privados anticiparon que la tendencia contractiva siguió en abril. De acuerdo con un informe de la consultora Equilibra, el nivel de actividad económica registró en ese mes su segunda caída consecutiva (-0,8%, mensual desestacionalizado). 

Al respecto, consultada sobre el impacto pueden tener los recientes anuncios en el dinamismo de la economía, Rameri dijo a este portal que “si bien el Gobierno sostiene que estas medidas podrían dinamizar el consumo, no se presentaron estimaciones sobre su impacto fiscal, y difícilmente los gastos derivados —concentrados en sectores de altos ingresos y bienes de lujo— logren compensar la pérdida estructural de recursos. A esto se suma la eliminación de regímenes de información clave (tarjetas, escribanos, expensas, autos), lo que limitará gravemente la capacidad de fiscalización del Estado”, cerró.