La reforma laboral que el Gobierno impulsará en el Congreso impactará con cambios directos en el empleo de los trabajadores formales que firmen sus contratos una vez que haya sido sancionada. Se trata, según lo que anticiparon diversos funcionarios, de modificaciones que abarcarán tanto a las paritarias como al pago de los sueldos y a la forma de otorgar las indemnizaciones, así como a la jornada laboral. Ya hubo antecedentes de reformas regresivas en otros países del mundo.
El presidente Javier Milei ya anticipó que la intención del oficialismo es enviar el proyecto al Congreso de la Nación luego del 10 de diciembre, cuando se renueve la composición actual con más diputados y senadores de La Libertad Avanza, por lo que ya confirmó que convocará a sesiones extraordinarias a partir de esa fecha.
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Cómo fue la reforma laboral en España
En 2010, España atravesaba de lleno las consecuencias de la crisis financiera global iniciada en 2008. Ante el deterioro económico, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero primero y Mariano Rajoy después impulsaron una reforma laboral que generó fuerte resistencia social. La medida derivó en una huelga general y terminó siendo uno de los factores que alimentó el surgimiento del movimiento 15-M, conocido popularmente como “los indignados”. Aquella reforma se centró en dos aspectos principales: facilitar los despidos y modificar el esquema de negociación colectiva, especialmente lo referido a la “ultraactividad”.
De acuerdo con datos de la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas citados por la BBC en junio de 2010, entre 2009 y 2010 unas 200 mil empresas habían cerrado en España como consecuencia de la crisis. Ese escenario fue el que sirvió de marco para promover los cambios laborales. Para justificar la iniciativa, el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, argumentó que “no debe confundirse la mayor flexibilidad que ofrece la reforma para que las empresas sean más competitivas en un contexto globalizado, con un perjuicio a los derechos de los trabajadores o un avance hacia la precarización”.
Corbacho insistió en que la reforma permitiría “corregir problemas estructurales del mercado laboral de más de dos décadas”, dinamizar el empleo, reducir la temporalidad y frenar la destrucción de puestos de trabajo. Sin embargo, la reacción del sector empresarial fue tibia: consideraron que los cambios eran insuficientes. Gerardo Díaz Ferrán, entonces presidente de la patronal CEOE, calificó la iniciativa como “un paso adelante”, pero sostuvo que no respondía plenamente a las necesidades de la economía española. En el Congreso, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la coalición catalana Convergència i Unió (CiU) optaron por abstenerse.
Los pilares centrales de la reforma —la flexibilización de los despidos y la modificación de las reglas de negociación colectiva— se mantuvieron durante una década. Incluso fueron profundizados con una revisión adicional que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
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Ejes de la reforma laboral del España, en 2010 - 2012:
- Las empresas podían despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización por año trabajado. Lo podían cuando tuvieran pérdidas y, también, si preveían tenerlas, o ante una continuada caída de ingresos. Los sindicatos se opusieron y organizaron una huelga que tuvo poco éxito, reseñó el portal La Información.
- Daba a los jueces de lo laboral la herramienta necesaria para interpretarla en favor de la empresa. Hasta entonces, los empresarios acordaban con los sindicatos pagar 45 días de indemnización por año trabajado y 42 mensualidades de máximo, para no dilatar los despidos, pues los procesos se podían atascar en los juzgados eternamente, y durante ese tiempo los empresarios seguían pagando los salarios.
Cómo fue la reforma laboral en Brasil
El Gobierno evalúa cambios en las leyes laborales en espejo con lo que significó la leonina reforma que impulsó el gobierno de Michel Temer en Brasil. Entre los cambios principales que se dieron en aquel país, permitía los "acuerdos" entre trabajadores individuales y empresarios por sobre los acuerdos colectivos, debilitando la capacidad de negociación, además de "permitir" que las embarazadas hagan trabajos insalubres y se extienda la jornada laboral hasta 12 horas.
También terminaba con la llamada "contribución sindical obligatoria", más conocida como "impuesto sindical", que descuenta a los empleados un día de trabajo anual para destinarlo al gremio en que están afiliados, y flexibiliza el control del lugar de trabajo insalubre para las mujeres embarazadas y lactantes.
En otros apartados, la normativa regulaba el trabajo desde casa y ofrecía hasta la posibilidad de negociar el horario de almuerzo.
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