El tiempo laboral en disputa: el “banco de horas” que propone Milei y las alternativas

El gobierno de Javier Milei prepara una nueva ofensiva sobre la legislación laboral. El borrador de reforma que circula en despachos oficiales incluiría un capítulo clave: la extensión de la jornada mediante el sistema de “banco de horas”. De esa manera, se permitiría estirar los turnos hasta 12 horas y reorganizar tareas con cambios frecuentes e imprevisibles. Sin embargo, mientras la gestión libertaria propone más desregulación, una investigación reciente mostró que existen caminos alternativos: mayor autonomía laboral sin pérdida de derechos.

La iniciativa del oficialismo reabre un conflicto histórico: quién decide cuánto, cuándo y cómo se trabaja. Pero lejos de promover nuevas formas de conciliación entre empleo y vida personal -una demanda creciente en un mercado cada vez más fragmentado- la propuesta se inscribe en una estrategia económica que busca, sobre todo, abaratar costos laborales. La experiencia reciente ya dejó señales: la desregulación introducida con la Ley Bases no generó más empleo, sí una mayor desprotección y la “legalización” de condiciones precarias que debilitan derechos presentes y comprometen la sustentabilidad futura del sistema de seguridad social.

En este escenario, una investigación reciente de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) a la que accedió este medio, advirtió que existe margen para discutir otra agenda. El estudio detectó que más del 40% de los puestos con horarios fijos tienen condiciones reales para avanzar hacia esquemas de “soberanía del tiempo”, una alternativa que propone la propia OIT y permitiría reorganizar tareas sin precarizar ni desregular.

El control de la jornada laboral en escena

El Gobierno de Javier Milei avanza en un nuevo capítulo de su reforma laboral: la extensión del sistema de “banco de horas”. La propuesta, que habilitaría jornadas de hasta 12 horas y una reorganización permanente de los turnos, plantea una modificación profunda en la vida cotidiana de las y los trabajadores. En la práctica, supone mayor imprevisibilidad, obligación de trabajar en días de descanso y una transferencia directa del riesgo empresario hacia el salario, cada vez más atado al desempeño de los negocios.

La discusión no es nueva. En los inicios del capitalismo industrial, las jornadas desmedidas derivaron en luchas obreras y en acuerdos que fijaron límites claros al tiempo de trabajo. Hoy, la jornada de ocho horas sigue cumpliendo ese rol frente a nuevas modalidades de flexibilización que, como los bancos de horas, desdibujan las fronteras entre trabajo y vida personal.

Paradójicamente, mientras el oficialismo busca profundizar esta modalidad, las transformaciones económicas y sociales de los últimos años empujan en sentido contrario: cada vez más trabajadores demandan más control sobre sus horarios para poder estudiar, descansar, cuidar o incluso sumar ingresos ante salarios insuficientes. Sin embargo, en el contexto actual, acceder a cierta autonomía implica renunciar a derechos laborales. En la Argentina de hoy, la única forma de decidir cuándo trabajar es convertirse en monotributista.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió este derecho como “soberanía sobre el tiempo”: la posibilidad de organizar la jornada sin perder protección social. ¿Es viable incorporar esa perspectiva al debate argentino? Un documento de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), al que accedió El Destape, propone justamente ese giro: discutir cómo ampliar el control del tiempo de trabajo por parte de las y los trabajadores.

“Hoy hay una aspiración genuina por redefinir las fronteras entre el trabajo y la vida personal. Poder decidir cuándo trabajar, equilibrar responsabilidades, combinar cuidado, formación, ocio y descanso” señaló Matías Maito, integrante del equipo y director del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD). Asimismo, advirtió que “el problema es que el precio para alcanzarlo es la exclusión de los derechos laborales”. Sin embargo, aseguró que “esa incompatibilidad puede ser superada”.

Alternativas para otra agenda

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS), solo el 23% de los asalariados formales del sector privado tenía, en 2018, algún grado de autonomía horaria mientras que el 77% restante cumplía jornadas fijas sin margen de decisión. Partiendo de esta base, la investigación "Dueños del reloj. Aportes para una ampliación de la soberanía del tiempo de trabajo en Argentina", de Maito, Ignacio Garay y Lila Schachtel mostró que aproximadamente la mitad de esos empleos con horarios rígidos podría reconfigurarse hacia esquemas que otorguen mayor soberanía temporal.

Para avanzar en esa dirección, el equipo desarrolló un “indicador de viabilidad de soberanía del tiempo” que analizó el nivel de autonomía en tareas cotidianas como pausas, ritmo o cantidad de actividades. El resultado: un 11% de los empleos formales presenta alta viabilidad para incorporar acuerdos de control del tiempo por parte de los trabajadores, un 27% viabilidad media, y un 39% baja. Es decir, hay margen real para debatir alternativas que no pasen por la desprotección.

Al poner la lupa por tipo de actividades destacaron que el potencial es mayor en Servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler, donde dos tercios de los puestos con horarios fijos tienen viabilidad alta o media. También en varias tareas vinculadas al sector primario. En cambio, Construcción, Hoteles y restaurantes e Industria presentan bajos niveles de autonomía y requerirían acuerdos más complejos. Además, la viabilidad crece con la calificación: entre profesionales con horario fijo, el 85% podría avanzar hacia esquemas de mayor soberanía temporal.

En esa línea, el documento destacó: “Es posible afirmar que en nuestro país existe un margen significativo para ampliar los niveles de soberanía a trabajadores que hoy no están alcanzados por ellos y permitirles, de esta manera, ganar márgenes de autonomía para organizar sus tiempos”. 

Lo que está pasando en el mundo 

A nivel global, la tendencia -a contramano de nuestro país- perece ser hacia más derechos. Reino Unido, Australia, Países Bajos, España y Finlandia consagraron en las últimas dos décadas el derecho a solicitar horarios flexibles, especialmente para trabajadores con responsabilidades de cuidado. En la región, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay dieron pasos similares con permisos de reorganización de jornada o leyes de teletrabajo con mecanismos de conciliación.

En cambio, el contexto argentino apunta en sentido inverso. El nuevo acuerdo con el FMI exige “profundizar reformas estructurales”, con reducción de la negociación colectiva e individualización del contrato laboral, entre sus ejes centrales. En ese marco, el debate sobre la jornada no es técnico, es político. Se juega entre dos modelos de organización del trabajo: uno que busca expandir la jornada y flexibilizar sin protección, y otro, cada vez más estudiado y aplicado en el mundo, que propone redistribuir el tiempo sin precarizar.