Durante la presentación del “Plan Argentina Grande Otra Vez”, el presidente Javier Milei planteó una reforma laboral que, según él, busca “dar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”. En su discurso, afirmó que se pondrá fin a la llamada “industria del juicio”, acusando a los juicios laborales de obstaculizar la creación de empleo formal.
Así, Milei sostuvo que las reformas serán beneficiosas para más de medio millón de pymes, grandes empresas y trabajadores, e insistió en que un marco jurídico claro, simple y predecible favorecerá la inversión y el empleo. ¿Pero qué cambios propone la reforma laboral?
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Qué propone la reforma laboral
Los principales puntos de la reforma laboral anunciada son:
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Modernización de los convenios colectivos: permitir negociaciones más flexibles entre empresas y sindicatos adaptadas a las realidades sectoriales.
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Banco de horas laborales: que el trabajador y el empleador puedan compensar jornadas variables (por estacionalidad, picos productivos, etc.).
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Eliminación de la “industria del juicio laboral”: limitar la discrecionalidad judicial, eliminar altas tasas de interés en sentencias laborales y reducir litigiosidad.
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Digitalización de los procesos registrales: simplificar trámites de registro, contratos y formalización de los empleos.
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Libertad en la determinación de la moneda del contrato: permitir que las partes pacten salarios o contratos en la moneda que acuerden (por ejemplo dólares) sin los límites actuales.
Además de estos cinco ejes, otros elementos que surgen del análisis del anuncio:
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La reforma implicaría revisar el régimen indemnizatorio (aunque no están definidos todos los detalles).
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Introduciría nuevas modalidades de contratación y períodos de prueba más amplios o flexibles, lo que afectaría a los empleados.
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Un aspecto controversial: reducir el costo laboral (como argumento para “reactivar” el empleo).
Impacto previsto de la reforma laboral: ¿Quién gana y quién pierde?
Para las empresas
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Podrían recibir mayor flexibilidad para contratar, ajustar horarios y pactar condiciones laborales adaptadas al funcionamiento productivo.
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Menos litigiosidad y costos judiciales, si logra limitarse la “industria del juicio”.
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Reducción de la carga burocrática, si la digitalización avanza como prometido.
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Mayor previsibilidad jurídica puede alentar inversión, al menos eso es el objetivo declarado.
Para los trabajadores
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Los más protegidos o con mejor inserción laboral podrían negociar mejores condiciones en convenios modernizados.
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Sin embargo, los trabajadores de sectores vulnerables o precarios —informales, jóvenes, monotributistas, trabajadores de economías regionales— corren el riesgo de quedar más expuestos a condiciones más débiles, con contratos más flexibles y menos protección frente a despidos o abusos.
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Existe el riesgo de que la reforma acentúe desigualdades: los grupos con mayor poder de negociación pueden beneficiarse, mientras que los más débiles podrían ver empeorar sus condiciones laborales.
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Los sectores más precarizados (que ya hoy sufren informalidad, falta de cobertura social, bajos salarios) serían los primeros en sentir los efectos adversos.
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Si la reforma debilita la capacidad colectiva (sindicatos) de defensa, aumenta la vulnerabilidad individual de cada trabajador frente al empleador.
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El proyecto busca debilitar la fuerza de las organizaciones sindicales, al promover acuerdos más directos entre empresa y trabajador (menos mediación colectiva).
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Al potenciar el individualismo laboral, se reduce la capacidad de negociación colectiva, lo que puede erosionar derechos que se sostienen por normas generales.
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Esa estrategia también puede fragmentar la clase trabajadora, favoreciendo rupturas entre diferentes bloques de trabajadores.