En el marco de su política de eliminar al Estado de toda función prioritaria y de mantener al mínimo la inversión en infraestructura, el Gobierno entregará a manos privadas 15 obras para mejorar el suministro de energía eléctrica y reducir los cortes de luz. "El ministro de Economía, Luis Caputo, va a firmar una resolución que establece obras prioritarias para mitigar cuellos de botella y fortalecer el sistema argentino de interconexión, conocido como SADI (Sistema Argentino de Interconexión), con una inversión de más de 6.600 millones de dólares para los próximos años que va a realizar el sector privado a través de diferentes concesiones de obras que se van a ir conociendo", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni.
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El plan incluye 15 obras proyectadas en todo el territorio nacional con la construcción y ampliación de estaciones transformadoras en 500 kilovatios, la incorporación de más de 5.600 kilómetros de líneas que equivalen a un 38% más que la red actual. "Estas inversiones apuntan a mejorar el servicio, reducir los cortes de luz y mitigar los cuellos de botella, ampliando la capacidad para generar más inversiones y oportunidades", prometió Adorni.
"El Gobierno nacional trabaja para normalizar un sistema devastado por los vicios de la vieja política, por eso apenas asumimos, declaramos en su momento, recordarán ustedes, la emergencia energética", aseguró el vocero. Luego de despotricar contra la inversión pública, que este Gobierno no ejecutó en absoluto, justificó la privatización.
El nuevos dueños
La novedad se hará efectiva en los próximos días a través de una resolución que portará la firma del titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo: el objetivo es "mitigar cuellos de botella y fortalecer el Sistema Argentina de Interconexión (SADI)".
El Gobierno busca responder a uno de los mayores reclamos de los gobernadores y el rubro de la construcción: la paralización de la obra pública.
Según el informe más reciente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el país pierde 25.000 millones de dólares anuales por esta paralización de la obra pública que, como contracara, resulta esencial para el equilibrio fiscal que sostienen Milei y Caputo como centro de su política económica.
El gas sigue entre privados
El Gobierno comenzó el proceso para extender por 20 años las licencias a las distribuidoras del servicio de gas natural por red que vencen en 2027. Este martes se realizó la audiencia pública que se requiere por normativa como paso previo para que el Poder Ejecutivo otorgue la extensión de las licencias del servicio regulado.
La prórroga de los contratos era un pedido del sector de distribución, que se sumaba a la aprobación de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) que ya se publicó a principios de mayo y le otorga cinco años de previsión en las tarifas al sector regulado (transporte y distribución).
La audiencia pública fue convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y se desarrolló de manera virtual. Fue específicamente para las distribuidoras Metrogas, Litoral Gas y Camuzzi Gas Pampeana, que previamente solicitaron la extensión de sus licencias. Las tres distribuidoras abastecen a 4,6 millones de usuarios, la mitad de todo el país.
Son compañías que surgieron de la privatización en 1992 de la empresa Gas del Estado. La Ley de Reforma del Estado (Ley 23.696) impulsada por el menemismo a comienzos de la década del 90 otorgó licencias del servicio regulado de distribución de gas por red por un plazo de 35 años, con la posibilidad de una extensión de 10 años más (hasta 2027).
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