La Legislatura de la provincia de Buenos Aires debate un proyecto de ley que obligaría a las estaciones de servicio y a las empresas refinadoras a informar los aumentos en los precios de los combustibles con al menos 72 horas de anticipación. La iniciativa, presentada por la diputada Ayelén Rasquetti, del Frente Renovador, surge luego de los recientes incrementos en naftas y gasoil que tomaron por sorpresa a los usuarios tras la eliminación del sistema estatal de información de precios.
El texto, que ya obtuvo dictamen favorable en la comisión de Servicios Públicos, apunta a restablecer un mecanismo de comunicación previa de los ajustes, bajo el argumento de que la previsibilidad es un derecho del consumidor y una herramienta de transparencia en un mercado considerado estratégico. De aprobarse, las sanciones por incumplimiento incluirían multas que van desde el equivalente a 5.000 hasta 150.000 litros de nafta súper, y hasta la suspensión de la habilitación comercial en casos de reincidencia.
Desde junio, la normativa nacional ya no obliga a las estaciones a informar los movimientos de precios en tiempo real. La resolución 717, impulsada por el Ministerio de Economía en el marco del proceso de desregulación del sector público, eliminó el sistema creado en 2016 que exigía reportar los cambios en un plazo máximo de ocho horas. El argumento oficial fue que los avances tecnológicos y la competencia del mercado resultaban suficientes para garantizar la transparencia, sin necesidad de intervención estatal.
Sin embargo, tras esa modificación, los aumentos en los combustibles dejaron de comunicarse de forma centralizada, lo que generó confusión entre los consumidores y dificultades para conocer los valores de referencia. En septiembre, las naftas aumentaron más de 6%, luego de un alza similar en agosto, pese a que el precio internacional del crudo se mantuvo estable e incluso descendió. En cambio, la suba del dólar mayorista —de más del 16% en dos meses— fue el principal factor detrás de los ajustes.
El proyecto de Rasquetti generó críticas dentro del sector, que advierte que una obligación de anunciar los aumentos con antelación podría tener efectos adversos, como desabastecimiento o coordinación de precios entre competidores. Para los empresarios, la dinámica del mercado exige flexibilidad ante cambios en los costos y las condiciones macroeconómicas.
“Resulta preocupante que algunas compañías petroleras pretendan frenar esta iniciativa mediante presiones y lobby en la Cámara de Diputados y que se nieguen a brindar información básica sobre los aumentos de precios. Su resistencia a la transparencia muestra un claro intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios”, expresó la autora del proyecto. La legisladora que responde a Sergio Massa añadió: “Me pregunto qué otras cosas se ocultan detrás de estos aumentos que tanto miedo les da informar sobre ellos”. En esa línea, agregó: “No entiendo por qué les cuesta tanto informar los aumentos”.
En los fundamentos del proyecto, los diputados del Frente Renovador destacan que la provincia de Buenos Aires posee competencia para dictar normas en materia de policía administrativa, defensa de consumidores y transparencia en la comercialización de bienes estratégicos dentro de su territorio.
Cerrar sesión